Menores de edad que vivieron explotación y abusos sexuales, permanecieron en la casa hogar La Tribu de Jesús, ubicada en Tijuana, bajo el conocimiento de DIF. El organismo documentó condiciones inadecuadas para que los niños se desarrollaran, pero permitió la operación del lugar durante tres años. En Baja California, 101 de 128 casas hogares operan sin licencia, pero solamente once han sido cerradas
Tuvieron que pasar tres años desde que el gobierno tuvo conocimiento de una casa hogar donde se cometieron abusos sexuales contra los menores, quienes vivían en condiciones de higiene inadecuadas, algunos sin ir a la escuela, alimentados con comida caduca, entre fauna nociva y sin personal capacitado, para que el lugar fuera cerrado.
Se trata de la casa hogar La Tribu de Jesús, en Tijuana, donde personal del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal colocó sellos de suspensión temporal, el 30 de junio y el 3 de julio de 2017, pero no presentaron cargos contra los responsables ni descartan la posibilidad de que el orfanato reciba su licencia de operación al término del año.
Imágenes obtenidas por ZETA del interior del inmueble, muestran lonas en lugar de paredes, basura acumulada en el patio y en los dormitorios, así como colchones sucios y amontonados, instalaciones eléctricas inadecuadas y una pésima higiene en todas las áreas.
En estas condiciones, hasta 40 menores de edad llegaron a vivir en el lugar, ubicado en la subdelegación La Gloria.
Edith Palomino, directora y encargada de La Tribu de Jesús, promueve el orfanato como una organización fundada desde el año 2000. De acuerdo a múltiples páginas de internet, la casa hogar ha tenido diferentes domicilios, en la colonia Urbi Villa del Prado, La Joya y El Tecolote, por mencionar algunos.
Sin embargo, DIF tuvo registro de La Tribu de Jesús hasta 2014, cuando realizó la primera visita y documentó cómo “el lugar se encontraba en muy malas condiciones, los menores de edad se encontraban en condiciones de higiene inadecuadas y se detectó que muchos de ellos no estaban yendo a la escuela”, en palabras de Consuelo Luna, procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia, dentro del Sistema DIF del Gobierno del Estado.
A Palomino se le buscó sin éxito en el domicilio del orfanatorio, en dos ocasiones, y a través de tres números telefónicos para conocer su versión sobre esos hechos.
Sin la protección del gobierno
A pesar de que DIF constató lo anterior, se permitió que la casa hogar continuara operando. Solamente emitieron observaciones al personal y se tomaron los datos generales de los niños y del personal, para registrar a la casa hogar en su base de datos.
En una segunda visita, en noviembre de 2015, después de que un voluntario fuera detenido por tomar imágenes pornográficas de menores, dentro de la casa hogar, personal de DIF constató que “se encontraban sin realizar ninguna adecuación al inmueble, no contaban con el permiso de uso de suelo ni con la carpeta de Protección Civil”, indicó Consuelo Luna en entrevista.
Quedó registro, por ejemplo, que no existían expedientes del personal para certificar si contaban con carta de no antecedentes penales, valoraciones psicológicas o de confiabilidad, para acreditar que contaban con el perfil adecuado para tener bajo su resguardo a menores de edad. Tampoco los expedientes de los menores se encontraban debidamente integrados.
Mientras que “las condiciones de higiene resultaron inadecuadas en todo el inmueble, se encontró alimento caduco, fauna nociva, desorden en todas las áreas de la casa, dormitorios, baños y falta de aseo”, expone la procuradora.
Sin embargo, se permitió que los menores continuaran viviendo en estas condiciones y Palomino siguió con el trámite ante DIF para obtener la licencia de operación.
Fotos: Cortesía.- Niños viviendo entre basura.
Se realizaron más visitas en marzo de 2016 y enero de 2017, con los mismos resultados: el lugar seguía en las mismas condiciones, sin ninguna modificación al inmueble, pero fue hasta el 30 de junio, cuando DIF procedió a la clausura temporal del lugar.
A diferencia de las ocasiones anteriores, en marzo de 2016 se determinó desalojar la casa hogar y se encontraron 25 menores de edad, quienes fueron reintegrados con sus familias, indicó la procuradora.
Hasta el 30 de junio de 2017, personal de DIF procedió a la clausura temporal de La Tribu de Jesús.
“Se les notificó la suspensión de operaciones del inmueble como casa hogar, dado las condiciones en que se encontraba y que no habían sido atendidas ninguna de las recomendaciones emitidas en las visitas anteriores”, indicó la funcionaria estatal.
En ese momento, se encontraban ocho menores en el lugar, siete de los cuales fueron reintegrados con sus familiares y un menor de edad fue reclamado por su abuelo, en la comandancia de la Policía Municipal, a donde fue trasladado el niño, después del operativo.
Sin embargo, tres días después, el lunes 3 de julio, DIF tuvo conocimiento de un segundo inmueble donde operaba La Tribu de Jesús. Ahí fueron encontrados seis menores, quienes fueron dejados bajo el cuidado de alguno de sus familiares.
Consuelo Luna justifica la tardanza de la paraestatal en clausurar el orfanato a que la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes fue publicada en 2015, por lo que DIF no tenía las facultades legales para hacerlo desde la primera visita, en 2014.
Sin embargo, la paraestatal sí podía proceder al aseguramiento de los menores que se encontraran en una casa hogar, en condiciones inadecuadas. De hecho, en febrero de 2014 se desalojó una casa hogar en Baja California por estos motivos.
De acuerdo con la funcionaria, si en una primera visita no se cumplen con todos los requisitos para operar, a la casa hogar se le da un plazo de seis meses “para que atiendan todas las recomendaciones formuladas y se realiza una segunda visita de supervisión o seguimiento”.
Niños sujetos a explotación y abusos sexuales
Cuando James Murphy estaba siendo interrogado por agentes estadounidenses acerca de las imágenes de pornografía infantil encontradas en su celular, el hombre se justificó “soy un oportunista, no un depredador sexual”.
La oportunidad de explotar sexualmente a un niño la encontró en el orfanato La Tribu de Jesús, a donde llegó como voluntario, el 19 de noviembre de 2015.
En su primer día en el lugar, de acuerdo con una acusación formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de California, el hombre de 63 años de edad mostró imágenes pornográficas almacenadas en su celular a un menor de once años, quien residía en la casa hogar.
Murphy aseguró en su declaración de culpabilidad que, tras mostrarle el material, el menor le pidió que le tomara fotografías pornográficas, lo cual hizo.
“Las tres fotografías muestran la exposición lasciva de los genitales del menor”, detalla el documento.
Según declaró el estadounidense, el menor regresó una hora después “y le preguntó si él (el menor) podía tomar una fotografía del pene de Murphy”, continúa el documento. Para ello, el estadounidense le dio su teléfono celular y se desnudó. La imagen fue mostrada como prueba en su contra ante tribunales.
Condiciones deprobables documentadas por DIF.
Todo esto ocurrió dentro de una casa móvil estacionada dentro del terreno del orfanatorio, donde Murphy durmió durante su estancia.
A pesar que la explotación sexual ocurrió en territorio mexicano, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no encontró imágenes pornográficas ni en el celular, ni en la computadora del estadounidense, por lo que lo turnó a autoridades estadounidenses, quienes lo requirieron al saber del caso.
Ya que Murphy es ciudadano estadounidense, la Fiscalía Federal de ese país tiene atribuciones para presentar cargos en su contra por haber cometido un delito prescrito en sus leyes, aunque éste haya ocurrido en el extranjero.
En abril de 2016, Murphy fue sentenciado a 15 años de prisión por la Corte Federal, en San Diego, por el delito de utilización de un menor de edad para producir imágenes sexualmente explícitas, es decir, pornografía infantil.
Alexandra Foster, la fiscal que llevó el caso y logró la condena de Murphy, explicó a ZETA que el hombre, quien se encontraba jubilado, ya estaba registrado como un delincuente sexual en California y se le había prohibido el acercamiento a menores de edad.
También destacó que son frecuentes los casos de estadounidenses que ven en México una oportunidad para abusar sexualmente de menores de edad en estado de vulnerabilidad, como fue este caso.
Si bien, Murphy respondió “me hubiera encantado”, cuando agentes le cuestionaron si mantuvo relaciones sexuales con el menor y aseguró que el mayor contacto físico que logró fue frotarle la cabeza, sin el testimonio del menor, no es posible determinar si ocurrió algún otro tipo de abuso sexual.
Al respecto, Consuelo Luna responsabilizó a la PGJE por la falta de acción penal contra el estadounidense, a pesar de que está dentro de sus funciones la protección de los menores.
“La agencia del Ministerio Público intervino porque se hizo referencia de que (el estadounidense) había tomado imágenes de algunos menores de la casa hogar. Sin embargo, derivado de las investigaciones que hizo el agente del Ministerio Público, esto no se pudo acreditar”, respondió.
Pero no es el único caso. Por lo menos, tres menores más han reportado abusos sexuales por parte de personal o adultos a quienes se les permite el ingreso. En uno de los casos, un menor de diez años confesó a su profesora y a la trabajadora social de su escuela, que había sido víctima de abuso sexual.
A pesar que la Procuraduría de la Defensa del Menor tuvo conocimiento de la denuncia, no tomó acción porque “no se pudo acreditar esta situación”. Mientras que el Sistema Estatal Educativo (SEE) refirió no tener registro del caso, pese a que ocurrió en uno de sus planteles.
Por su parte, la procuradora explicó que, cuando personal del DIF acudió para atender las denuncias, no encontraron a los menores de edad en el lugar “y no ha sido posible su ubicación para poder verificar si esta situación de alguna agresión sexual ocurrió en algún momento”.
Una ley prácticamente inútil
Para las casas hogar privadas que no cumplen con los requisitos de operación, se contemplan sanciones que van desde la amonestación por escrito, la clausura temporal y la revocación de licencia. En el caso de La Tribu de Jesús, ésta no cuenta con licencia, pero sí con registro.
— ¿No le parecen suficientes los hallazgos que se han hecho en esta casa hogar para determinar o sospechar que no son las personas adecuadas ni el lugar adecuado para que los niños crezcan ahí?, se le cuestionó a Consuelo Luna.
“Todavía se encuentra en trámite (la licencia). No hemos hecho ninguna evaluación al personal, dado que todas las observaciones que se han hecho han sido en cuanto a las condiciones del inmueble. Esto no implica que ellos puedan hacer las mejoras, contar con el programa de protección civil, con los permisos adecuados, tomar las capacitaciones que se han estado dando a todo el personal de casas hogar y, por último, pasar las evaluaciones de confiabilidad que realizamos nosotros también. Una vez que todo esto sea posible, estaremos en posibilidad de tomar una determinación, en cuanto a si procede otorgar la licencia de operación o no”.
Acerca de que los responsables de la casa hogar hayan incurrido en la posible comisión de algún delito, la funcionaria precisó “el hecho de operar la casa hogar sin permiso no constituye ningún delito, es una falta administrativa que contempla la ley y que procede a la clausura”.
Pésima higiene en todas las áreas.
No obstante, añadió, “si se advierte la comisión de algún delito en agravio de los menores de edad, como omisión de cuidados, lesiones o violencia psicológica o física, se procederá ante las autoridades correspondientes”.
Hasta el momento, DIF no ha informado que haya procedido a denunciar penalmente a los encargados de La Tribu de Jesús.
Sobre las medidas que DIF toma para evitar que delincuentes sexuales acudan a casas hogar en Baja California, -Tijuana es una de las principales ciudades en el mundo para el turismo sexual infantil-, la procuradora indicó que DIF ha tenido reuniones con casas hogar para informarles de páginas de internet donde pueden verificar los antecedentes penales de los voluntarios.
La Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes contempla que la Procuraduría para la Defensa del Menor exija cartas de no antecedentes penales para los voluntarios y emita una autorización para que puedan ingresar a hacer voluntariado en alguna de las instituciones privadas.
Sin embargo, para que entre en efecto, las instituciones deben contar con una licencia de operación y eso revela un problema adicional.
Ocho de cada 10 casas hogares sin licencia para operar
En Baja California, según registros de DIF, 2 mil 700 menores de edad se encuentran en casas hogar. De estos, mil 600 están bajo la tutela de DIF y mil 100 han sido ingresados a petición de un familiar.
En el caso de la Tribu de Jesús, los menores no se encontraban bajo tutela de DIF, sino que fueron llevados por familiares.
A pesar de que algunos padres sabían de las condiciones en que vivían los menores, dado a que acudían a verlos los fines de semana, DIF no determinó iniciar ningún proceso para remover la custodia de algún niño ahí encontrado.
De las 128 casas hogares, registrados ante DIF, solamente 27 cuentan con licencia de operación, lo que representa el 21 por ciento.
La Ley contempla el 31 de diciembre de 2017 como la fecha límite en que la paraestatal debe emitir estas licencias. A decir de la funcionaria estatal, “la gran mayoría de las casas hogar van a poder obtener su licencia de operación en este plazo”.
No obstante, añadió, “si para el 31 de diciembre, alguna casa hogar no cuenta con la licencia de operación, tendría que clausurarse y desalojar a los menores de edad que se encuentran ahí”.
Desde que inició la actual administración estatal, en noviembre de 2013, once casas hogar han sido desalojadas en el estado.
“Hasta el momento, no tenemos conocimiento de que exista alguna casa hogar que esté operando sin registro. Se han detectado algunas este año, se han hecho visitas y entregas de los menores de edad y se encuentran en proceso de regulación sin brindar alojamiento y se han incorporado al padrón con nosotros”, indicó.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha integrado nueve expedientes de queja relacionados con casas hogar en Baja California, desde 2014. Uno de ellos es, precisamente, La Tribu de Jesús.
En estos casos, la principal autoridad señalada como responsable por posibles acciones u omisiones que constituyen violaciones a derechos humanos, es DIF Estatal, ya que a ésta le corresponde la supervisión de casas hogar.
De acuerdo con el organismo, en estos expedientes obran más de 4 mil páginas, conformadas por más de 80 entrevistas, alrededor de 20 inspecciones y visitas, más de 20 certificaciones o valoraciones psicológicas, fotografías, solicitudes de medidas cautelares, así como nueve averiguaciones previas y dos causas penales.
Los principales derechos vulnerados, indicó la Comisión, son los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al trato digno, así como el interés superior de la niñez.
Sin embargo, según indicó la Procuraduría para la Defensa del Menor, los menores que habitaron en La Tribu de Jesús, quienes estuvieron expuestos a condiciones inadecuadas para su cuidado y desarrollo, simplemente fueron reintegrados por sus familiares sin que fueran valorados psicológica y físicamente para determinar si requerían tratamiento.
Del caso, por lo menos, desde 2016, Brenda Ruacho, esposa del gobernador y presidenta del Sistema DIF, tuvo conocimiento. Aun así, transcurrió casi un año para que se cerrara temporalmente el lugar.
