Tijuanenses calificaron como un desacierto
la acción legal emprendida por Juan Manuel
Gastélum Buenrostro contra quienes lo
denunciaron penalmente por no transparentar
el contrato de arrendamiento que adjudicó a
Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V.
Como respuesta a la acción legal que el 19 de junio interpuso el Comité de Organizaciones Ciudadana Independientes (COCI), sin más elementos de prueba que un video de Anonymous que es de dominio público y la difusión que Rafael Maurizio Cruzmajarrez hizo del mismo en su cuenta de Facebook, “El Patas” denunció, el 22 de junio, a los abogados representantes de COCI, entre los que se encuentra Cruzmajarrez.
El video anónimo en el que se convoca a la población a hackear servidores del Ayuntamiento, fue el pretexto para que el área jurídica se ocupara en arremeter legalmente contra los ciudadanos que exigieron rendición de cuentas al alcalde, respecto al convenio de 88 millones de pesos para la renta de patrullas y equipo de recolección de basura.
Los acusó de sospechosos, de “sedición, sabotaje, conspiración, conminación a delinquir y/o lo que resulte”.
No conforme, el domingo 25 de junio, tres días después de denunciarlo, el Gobierno de Tijuana envió un boletín de prensa, declarándolos como “personas non gratas para la ciudad”. Después de unos días, el miércoles 28 de junio, el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, declaró que la administración municipal había sido blindada de cualquier amenaza de hackeo cibernético.
No obstante, el área jurídica no retiró la denuncia ni transparentó las exigencias de los ciudadanos que radican en hacer del conocimiento público la transacción con Turbofin.
DESPLIEGUE JURÍDICO SIN SUSTENTO
Basándose en un video de menos de 5 minutos, el representante legal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Leonardo Martínez Delgado, presentó una querella ligando a quien, en el anonimato, incitó a atacar en conjunto los servidores de la administración municipal, con los abogados Rafael Maurizio Cruzmajarrez García, Román Antonio Aboytes Hernández, Carlos Atilano Peña e Ignacio Anaya Barriguete.
Para ello, retoma la parte del audiovideo en el que se menciona: “Ahora las pruebas del fraude electoral son irrefutables, por lo que decidimos ´hackear´ las cuentas y correos personales de todos estos personajes; lo que encontramos es una serie de correos que relacionan como socios a Emilio Vilaso con Jaime Rogozinski, dueño de Turbofin, empresa a la que fue concesionada ilegalmente la venta de patrullas y camiones de basura por parte de Gastélum Buenrostro, en complicidad con la síndico y pareja sentimental del alcalde. A su vez, Emilio Vilaso es el encargado de manejar las cuentas y nóminas de estos negocios a través de la empresa fiscal ´Tax Consulting Group. Vilaso, nuero del secretario de Turismo del Estado y Rogozinski, estarán rentando sus primeros carros al Ayuntamiento de Tijuana”.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Abogados señalados como sospechosos y personas non gratas para Tijuana
Y la correlaciona con la publicación hecha en la cuenta personal de Facebook de Rafael Maurizio Cruzmajarrez, donde el abogado expresa: “De acuerdo al principio de legalidad y Estado de Derecho y a la transparencia organizada, e invocando el eslogan del actual Ayuntamiento ´que todo mundo se entere´, hago pública la denuncia formal presentada, y los exhorto a que se sumen a ella. Los ciudadanos interesados en que prevalezca el buen gobierno y se sancionen a quién traicione su promesa de hacer cumplir las leyes y las de que en ellas emanen, y si no que el pueblo se las demande. Favor de compartir para que se vuelva viral en su contenido y sea público. Gracias y bendiciones”.
Con esta prueba, el abogado del XXII Ayuntamiento asienta: “por lo que se puede observar que coinciden los puntos expuestos en la denuncia por escrito presentada en la Agencia del Ministerio Público antes señalada y lo manifestado dentro del audio-video que se agrega en autos para que obre como legalmente corresponda”.
Además establece: “el análisis de estos hechos narrados, así como de las documentales mencionadas, se estiman aptos y suficientes para acreditar hechos constitutivos de los ilícitos de SEDICIÓN, SABOTAJE, CONSPIRACIÓN, CONMINACIÓN A DELINQUIR y/o lo que resulte…”.
Con este argumento, el gobierno de “El Patas” demandó al agente de Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado -PGJE- “ejercer acción penal persecutoria contra el o los imputados ante la autoridad judicial competente”.
De acuerdo a su cuenta personal de Facebook, Cruzmajarrez compartió el video firmado por Anonymous Tijuana, a las 9:20 p. m., mientras que la demanda del gobierno de Gastélum, con el Número Único de Caso 0204-2017-29005, fue interpuesta el mismo día, a las 7:59 p. m.
REACCIÓN DE LOS IMPLICADOS
Como “un acto visceral, fuera de todo contexto e intimidatorio”, calificaron los abogados representantes de COCI la denuncia por sabotaje y conspiración interpuesta en su contra.
“Lo que hicimos en nuestra denuncia fue exigir transparencia y se nos quiere acusar de videos asociados y vinculados con grupos que desconocemos, expuso Carlos Atilano Peña, coordinador del Comité de Organizaciones Ciudadana Independientes.
El abogado deslindó al colectivo del video y anotó que, “en su momento, acudiremos a la Procuraduría a rendir nuestra declaración, a dejar muy en claro que no tenemos nada que ver con los supuestos delitos que nos imputan como son sedición, sabotaje, conspiración, lo cuales están fuera de todo orden en esta situación”.
De la reacción del gobierno municipal manifestó, “lamentamos esa actitud que dista mucho de un funcionario responsable y con visión de estado, cuando lo que esperamos todos es que aclare cómo se dieron los contratos, sus fechas, las empresas contratadas, sus montos, el plazo y demás condiciones en relación a los mismos y su disposición para atender la denuncia en su contra”.
Para Román Antonio Aboyes, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, la reacción del gobierno de Gastélum ante la denuncia interpuesta en su contra, solo abona a la opacidad y le apuesta a la intimidación.
“Por un lado, nos preocupa su actuación, ya que su acción no es rendirle cuenta a los tijuanenses, sino reprimirlos y tratar de intimidarlos para que no se le cuestione, ni critique, sin embargo, al mismo tiempo también nos da un extraordinario valor civil para continuar esta lucha que no es de COCI, sino de todos que decimos ya basta a la opacidad y sí a la transparencia y rendición de cuentas”, asentó.
Ignacio Anaya Barriguete indicó que el mensaje es totalmente equivocado, ya que no le abona al combate a la corrupción y a la impunidad, sino que pretende que todo lo que haga el gobierno no sea criticado y, por tanto, esté en la opacidad.
Los implicados conminaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dar la misma celeridad a ambas denuncias, considerando que la presentada por ellos fue primero, y actuar con estricto apego a derecho.
EL MUTIS DE GASTÉLUM
“Yo, como alcalde de la ciudad, en una acción responsable, debo guardar silencio y hacer lo que tengo que hacer”, expresó Juan Manuel Gastélum al ser cuestionado sobre la demanda, previa aclaración que, quién informa sobre ese tema, es el secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruíz.
No obstante, tras los hechos, aseguró que no se tomó personal la denuncia interpuesta en su contra por COCI, “a mí nadie me amenazó, la amenaza no es personal, no es contra mí, ni lo tomó yo personal… no es personal”.
Cuestionado por la razón de relacionar a los abogados de COCI con el video de Anonymous y si siente que se conspira contra la administración municipal, solo atino a responder que “regresaría al contenido de la demanda, el contenido de la demanda, yo creo que el contenido, como es literal, el documento eso es lo que tiene (SIC)”.
Y remató: “como abogado debo de salvaguardar ese derecho que tienen las personas”.
SECTORES REPRUEBAN ESTRATEGIA POLÍTICA DE GASTÉLUM
“No puedes salir a tratar de callar a través de denuncias penales, creo que debe prevalecer la transparencia y la claridad”, planteó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en relación a la denuncia con la que Juan Manuel Gastélum respondió a los ciudadanos.
“Yo creo que es una estrategia política que, en mi opinión, no es la adecuada”, dijo, al tiempo que subrayó la inquietud de los abogados implicados en la denuncia oficial de “El Patas”: “no es más que lo que sentimos muchos de los tijuanenses, es una inquietud general de parte de la ciudadanía”.
Consideró que, en el municipio de Tijuana, se enfrenta “un problema de transparencia en lo que está haciendo el municipio, es cierto que hay un problema de sustentabilidad en el costo-beneficio de lo que se está haciendo y creo que los ciudadanos tenemos el derecho a saberlo y el derecho a inconformarnos”.
Hernández Niebla exhortó al alcalde a “establecer un diálogo con las partes afectadas”.
Gilberto Fimbres, presidente de Coparmex Tijuana, dijo no encontrarle sentido a la guerra de denuncias surgida a raíz de la falta de transparencia de los contratos firmados por el Gobierno municipal con Grupo Turbofin.
Consideró que “el gobierno municipal no tiene derecho a mantener esa información en reserva, la autoridad debe presentar transparencia en cuanto al gasto de los recursos públicos”.
Por lo que conminó a los ciudadanos a mejor “aprovechar nuestras Leyes de Anticorrupción y Transparencia, debemos apoyarnos en esas estructuras y elementos que no den pie a especulaciones”.
Finalmente, indicó que sean cual sean las acciones legales que de los ciudadanos emprendan para hacer valer su derecho, “es importante darle seguimiento, los procedimientos por lo general no son los más ágiles y nos desesperamos y abandonamos, pero es importante concluirlos”.
