Por consenso popular, todos los males del país, del estado y del municipio se deben a la corrupción que impera en el ejercicio de Gobierno. Se piensa que la corrupción la tipifica el hurto de los recursos públicos o la apatía oficial en el desempeño de sus funciones. Vemos a la corrupción como la madre de todos los males públicos, la queremos entender como la causa de nuestra tragedia social y pensamos que al atacarla, a su vez lograremos desaparecer todos los graves problemas que padecemos como pueblo. La corrupción en nuestro país, no es causa sino efecto visible de nuestro padecer cotidiano. La corrupción no es otra cosa que la descomposición generalizada del sistema político mexicano, y lo es porque, frente a un corrupto, existe un corruptor y, por lo tanto, el enemigo a vencer. El mal de todos los males es la impunidad reinante en el país.
En una sociedad que presenta altos niveles de impunidad (98%), es sumamente difícil que llegue a combatir la corrupción en el quehacer público, pues no basta solo denunciarla o emplear medidas que pretendan atacarla como si fuere un fenómeno aislado, creando una cortina de humo altamente distractora, como lo es el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que ha de ser considerado por las entidades Federativas, como la panacea jurídica trasformadora.
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Estamos por llegar a los 200 años de vida republicana institucional y a lo largo de ese recorrido, hemos promulgado abundantes legislaciones normativas, a su vez, hemos creado sendos cuerpos policiacos, Procuradurías y Tribunales para hacerlas valer, sin embargo, el deterioro sistemático de nuestro entorno oficial le gana la delantera al anhelo de justicia social que alberga nuestro pueblo, luego de 100 años de guerras intestinas, y una revolución.
Antes de crear nuevos instrumentos de reivindicación jurídica, estamos obligados a fortalecer los ya existentes, pues el no hacerlo, sería equivalente a reconocer que nada de lo edificado en nombre de la Patria sirvió al propósito de su creación. El Sistema Nacional Anticorrupción, dada su configuración, únicamente va a lograr burocratizar la lucha contra el flagelado de la corrupción. El sistema se apoya en cuatro ejes de acción: 1. Prevención, 2. Comité de Coordinación, 3. Persecución, 4. Sanciones. ¿Acaso no existen hoy en día métodos y cuerpos preventivos? ¿No hay un Consejo Nacional de Seguridad? ¿No están instancias ministeriales y Procuradurías que se encarguen de ello? ¿Acaso no existen tribunales?
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En la prevención, habrán de coordinarse un comité de participación ciudadana, un comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales federativos. El comité Coordinador lo presidirá una persona y lo integrarán seis dependencias oficiales: 1. Auditor superior de la Federación, 2. Una Fiscalía especializada en combate a la corrupción, 3. La Secretaría de la Función Pública, 4. Consejo de la Judicatura Federal, 5. Instituto Nacional de Transparencia, 6. Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De tal modo que la persecución la coordinará un órgano de control interno y la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. La sanción, la aplicará un Tribunal de Justicia Administrativa.
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Continuará.
Causa Constitucionalista Mexicana, A. C.
Álvaro Villagrán Ochoa
Tijuana, B.C.
