Con un saldo de cuatro detenidos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio cumplimiento al mandato judicial derivado de la causa penal 894/2017, que ordenó la restitución a Grupo Musa de predios invadidos en fraccionamientos cercanos al Bulevar 2000, tras expirar el plazo de 10 días concedidos a los invasores para que se retiraran voluntariamente.
Desde las 09:30 am, del miércoles 28 de junio, comenzaron a arribar a los alrededores de los fraccionamientos Ke Casas y Hacienda Las Delicias, unidades de la Policía Ministerial del Estado (PME), Policía Estatal Preventiva (PEP) y Policía Municipal de Tijuana, como preparativo para la diligencia, restringiendo los accesos a las zonas invadidas.
“Cuando el juez de Control hizo la determinación correspondiente, autorizó el uso de la fuerza pública en caso de que fuera necesario. En una primera instancia, nosotros arribamos con aproximadamente 250 elementos y a las personas se les conminó aún a que se salieran de manera voluntaria”, declaró a ZETA Arturo Gutiérrez, coordinador de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la PGJE.
Al surgir personas que buscaron alentar a los invasores a oponer resistencia y permanecer en los predios, fue necesario detenerlos. A partir de ello, fue poca la oposición encontrada. Tras esto, comenzó a ingresar maquinaria a los seis predios recuperados, que suman un total de 200 hectáreas, para remover las carpas, casas de campaña y cuartos de madera, además que se usó fuego para destruir algunas. Se colocaron casetas de vigilancia privada y se delimitaron los predios con alambre de púas.
Si bien, algunos invasores señalaron violencia en la diligencia, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presente como observador, no registró ninguna anomalía en el proceder de los elementos policiacos.
“Lo que se ha hecho aquí es al amparo de la ley, no queremos violentar ni que haya violencia, la autoridad no viene con armas”, declaró Guillermo Ruiz, abogado de Grupo Musa.
Un par de predios invadidos quedaron pendientes de desalojo, ya que los ofendidos aún no han obtenido el mandato judicial correspondiente. Quienes los ocupan, aseguran que no se van a salir, dado que sus abogados les han dicho que los predios no tienen dueño.
“Vamos a luchar hasta el final, en dos meses no se presentó el dueño, yo creo que no es justo que ya tiremos la toalla…hay que esperar eso, hay que esperar maquinas, hay que esperar troques, hay que esperar que ellos mismos nos tumben”, declaró una de las invasoras de los predios que aún no ha sido desalojado.
Por su parte, 31 de los invasores promovieron el juicio de amparo 884/2017 contra el desalojo anunciado por Gobierno de Estado y autos de vinculación a proceso, señalando cómo autoridades responsables del juez de Control, Adán Méndez Castro, y la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Dicha demanda de amparo fue desechada en cuanto a las pretensiones de 26 de los quejosos por no encontrarse firmada por estos, según resolvió el juez de la causa.
Asimismo, determinó no otorgar la suspensión provisional, puesto que los quejosos “no acreditan ni aun presuntivamente su interés suspensional, para que les sea otorgada la medida cautelar que solicitan, pues de las documentales que adjuntaron a su escrito de demanda, no se advierte documento alguno que demuestre que tienen una afectación en su esfera jurídica, y por ende, que les ocasionen daños y perjuicios de difícil reparación”.
Dicha resolución se justifica señalando que la documentación exhibida por los quejosos, resulta insuficiente para acreditar la existencia de los actos reclamados.
