En medio del conflicto generado entre diversos sectores sociales, el Estado y la empresa cervecera Constellation Brands, el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ordena la suspensión del acueducto, una obra con valor superior a los 500 millones de pesos, la cual dotaría de agua a la trasnacional. URBACA, la empresa afectada y favorita del Gobierno del Estado, buscará una indemnización en el rango de los 60 millones de pesos
A través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), se dio la suspensión por parte del Gobierno del Estado de la construcción del acueducto -obra que habían entregado a URBACA, desarrolladora consentida de la administración estatal- y que abastecería de una parte del líquido requerido para la producción de la cervecera Constellations Brands.
La causa de la falta de un permiso de agua por 7 millones de metros cúbicos anuales, en una batería de pozos única en el módulo 4, según comentó Manuel Guevara Morales, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), fue la razón de que se cancelara.
Sin embargo, no fue el Estado quién informó sobre la cancelación de la obra de 40 kilómetros, sino los miembros del Comité en Defensa del Agua, cuyos representantes argumentaron que su lucha legal provocó la cancelación del contrato de la empresa Urbanización y Riego de Baja California S.A. de C.V. (URBACA).
Los representantes del organismo al que pertenecen el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Rigoberto Campos, Rubén Amaya, entre otros conocidos abogados, agricultores y ciudadanos, llevaron a cabo una conferencia de prensa el pasado lunes para adjudicarse el logro, señalando que el amparo interpuesto contra la construcción del acueducto había ganado en dos instancias y se preparaban para vencer en la última.
Sin embargo, la CEA prefirió dar marcha atrás al contrato para evitarlo, ya que reconocen que no cuentan con los permisos requeridos para llevar a cabo la obra.
La versión oficial fue que la obra se canceló por “la empresa Constellations -que- debería tener un sitio de batería de pozos en un solo sitio para que de ese sitio iniciara el acueducto hacia la cervecería y nunca tuvieron derechos por los 7 millones de metros cúbicos”.
El proceso judicial comenzó el pasado mes de febrero, donde obtuvieron la suspensión provisional, meses después, la definitiva, y sólo esperaban fecha de la sentencia, pero ésta no llegó porque se canceló el contrato.
Cabe señalar que los argumentos presentados por el comité estaban sustentados en la violación de los derechos humanos y en la falta de documentos y permisos para la construcción.
Pero el Poder Ejecutivo se mantuvo en su versión e informó que la suspensión de la obra se dio por la falta de permisos de la empresa Constellation Brands, para almacenar 7 millones de metros cúbicos, como ya fue mencionado. Esto se debió al excesivo tiempo que tardó la empresa en adquirir estos permisos, los que agotó el plazo para poder ejercer el recurso solicitado al Congreso del Estado, generando que terminaran con el contrato.
Sin embargo, la empresa URBACA, favorecida con miles de millones de pesos en obra por parte del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, se dice afectada por esta situación y buscará ser indemnizada por el Ejecutivo Estatal, quien tendrá que pagar entre 20 y 60 millones de pesos, según la estimación de Guevara Morales.
Referente a ello, el empresario Víctor Llamas, de URBACA, consideró lamentable la suspensión de la obra, pero aseguró que, en caso de volverse a licitar, son la mejor opción para dicha construcción, ya que representan el mejor negocio del sector en la región.
En entrevista telefónica, Llamas confirmó que no construirá el acueducto por solicitud del Gobierno del Estado y afirmó que la indemnización sería por las tuberías fabricadas para este proyecto, lo que a su juicio, “no representaría una gran cantidad”.
Cabe señalar que, desde la semana pasada, integrantes de la agrupación Mexicali Resiste instalaron plantones en tres puntos estratégicos de los alrededores de donde se construye la planta cervecera.
Todo se originó desde que representantes de la agrupación descubrieron el supuesto robo de agua de un canal ubicado a escasos metros del fin del perímetro de Constellation Brands, mismo que fue suspendido al momento en que se dieron cuenta.
Decenas de manifestantes vigilan dos entradas de la cervecera y un grupo más se ubicó en medio de los carriles de la carretera Mexicali-San Felipe, donde transportistas depositaron seis contenedores de 30 toneladas, los cuales, según los manifestantes, violan tamaños y peso para ser trasladados por carretera.
Deben garantizar el agua como un derecho humano
El ex alcalde Milton Castellanos encabezó, hace unos días, una conferencia de prensa donde comentó una serie de puntos que deben considerarse antes de llevar a cabo una Ley del Agua, la cual refiere como innecesaria.
Durante su turno al habla, el hijo del exgobernador, Milton Castellanos Everardo, afirmó que antes de cualquier reforma o Ley, se debe garantizar para la Constitución de Baja California, el agua como un derecho humano y no facilitarse con fines comerciales.
Agregó que esto generaría certeza y no importaría qué tipo de Ley se instaure, pues con unos cuantos párrafos bastarían para protegerla.
Señaló que por esto han sostenido acercamientos con diputados de la XXII Legislatura para que realicen las acciones conducentes para garantizarlo, opinión que ha sido bien recibida, según su consideración.
Entre los puntos a destacar, estableció una verdadera municipalización del agua, pues actualmente los organismos dependientes del Estado son los que deciden las acciones en favor y perjuicio del vital líquido.
Aunque admitió que, durante su administración como Alcalde, no hizo ningún intento por encargarse del tema; consideró que esto daría mejores resultados, pues sería el mismo municipio el que tomaría decisiones, lo que mejoraría las políticas públicas en el sector.
Por su parte, Francisco Vega de Lamadrid desestimó el tema, señaló que hasta ese momento no había una demanda por parte de la empresa y aseguró que en caso de que se tuviera que realizar una indemnización, ésta sería mínima, ya que la tubería se puede utilizar en diferentes obras.
Cuando se le cuestionó sobre el costo de hasta 60 millones de pesos que pudiera representar la indemnización, dijo desconocer el dato.
En otro frente, los integrante de Mexicali Resiste mantuvieron plantones en la carretera 10.5, justo enfrente de la empresa, con el fin de evitar que las transportistas movilizaran los tambos que son parte de la obra de Constellation, incluso, desde el lunes pasado, la empresa interpuso una denuncia penal por la obstrucción de las vías.
Fue el martes 18 de julio que los ánimos se calentaron cuando los transportistas, contratados por la cervecera, intentaron mover los tanques, a lo que inmediatamente se opusieron los miembros de Mexicali Resiste, provocando que los mismos trabajadores bloquearan un carril de la carretera San Felipe – Mexicali.
No obstante, el miércoles 19, fue detenido Jorge Benítez, integrante de Mexicali Resiste que intentó gravar cuando un policía infraccionaba a un vehículo sin placas, según lo mencionado por los agentes municipales, los agredió verbalmente, por lo que decidieron detenerlo. En su informe aseveraron que Benítez se golpeó solo ya estando esposado, el cual logró su liberación con apoyo de los abogados de la misma asociación. (Con información de Eduardo Villa)
