La opacidad de los gobiernos en el manejo de recursos públicos ha crecido considerablemente en los últimos años. La falta de mecanismos transparentes y confiables que nos permitan conocer cómo gastan, es un asunto recurrente.
La pésima utilización del presupuesto pasa por todos los órdenes de Gobierno, así como los poderes que lo integran. La población en general está cansada de aquellos gobiernos y funcionarios mañosos. En últimas fechas hemos visto la detención de gobernadores relacionados, en su mayoría, con malos manejos de recursos.
Las acusaciones principales contra Javier Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés y César Duarte, son justamente por robarse el dinero o destinarlo para favorecer a amigos o funcionarios cercanos. En el Congreso de la Unión o en los Congresos locales, es común ver cómo los diputados se benefician de los llamados “moches”, es decir, recibir un porcentaje de dinero ante determinada gestión. Hace tan solo unos días observamos en todos los medios de comunicación cómo un diputado local panista de San Luis Potosí exigía recursos a cambio de influir para que cuentas públicas de alcaldes de ese estado, fueran aprobadas independientemente de cumplir o no con las disposiciones legales.
Como es de conocimiento público, los casos de corrupción no son exclusivos de gobernadores. En el Gobierno Federal están presentes, aunque a mayor escala, y también en los gobiernos municipales, en cantidades menores, por tratarse del eslabón más débil.
Por lo anterior, considero que todo esfuerzo que tenga como propósito disminuir el manejo irregular de los recursos públicos, debe ser bienvenida.
El año pasado, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal inició un programa denominado Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. El propósito de estos programas es que los recursos sean destinado para lo que fueron solicitados. En pocas palabras, es evaluar el ejercicio del gasto, desde su asignación hasta su implementación.
-*Lo anterior suena lógico, pero no se venía realizado de manera formal. Ahora la Secretaría de Hacienda tiene un poderoso instrumento con el cual podría reconocer o premiar a aquellos gobiernos que estén efectuando bien su trabajo o castigar a aquellos gobiernos omisos.
Recientemente se dieron a conocer los resultados de dicha evaluación –es importante señalar que los que llevan a cabo dicha evaluación, nada tienen que ver con órganos fiscalizadores– con el propósito de elevar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
La primera esperanzadora noticia es que, en general, el promedio nacional creció al pasar de 60.1% a 65.3%, con lo cual hay una ligera mejoría en el uso del recurso, según estos programas.
A nivel estatal, Baja California se colocó en segundo lugar solo por debajo del Estado de México, después le siguen entidades como Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, etc.
En el caso de Baja California, es importante que al fin resalte en algo positivo relacionado con su Gobierno. Si bien, el gobernador Francisco Vega es una figura mal evaluada entre sus ciudadanos, algunas de sus políticas públicas demuestran que pueden dar resultados.
Ojalá que este tipo de programas logren prevalecer y lo mejor sería que se replicaran en todos los municipios.
Lo que debe cuidar la Secretaría de Hacienda es que estos temas no se politicen, es decir, el premio o castigo debe ser justo, en base a una técnica que muestren indicadores sólidos y no pensando a qué partido político pertenece determinado orden de Gobierno.
Por lo pronto, espero que estos programas sean el inicio de algo positivo, veremos si el compromiso es real, ya que la falta de transparencia y el efectivo combate a la corrupción son males que nos aquejan y que, en muchos lugares, están fuera de control.
Alejandro Caso Niebla es consultor en políticas públicas, comunicación y campañas; se ha desempeñado como vocero en la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Social en el Gobierno Federal, así como Director de medios en la Presidencia de la República. También fungió como Director de Comunicación Social en el Gobierno del Estado de Baja California. @CasoAlejandro
