Baja California es una de las pocas entidades en el país que no contempla el acceso a agua potable como un derecho humano en su Constitución local, lo que hace fácil impulsar leyes que pretendan privatizar el servicio, declaró Gloria Tobón, presidenta de la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo (AUAS).
Como invitada a la reunión del Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), presidido por Carlos Atilano, la mañana de este sábado 8 de julio, Tobón puntualizó que antes de que se discuta un nuevo proyecto de Ley de Agua en el Congreso de Baja California, luego de que la anterior iniciativa fue detenida por la oposición social, debe lograrse el reconocimiento del suministro como derecho fundamental, tal como se establece en la Constitución Federal.
“En Saltillo tenemos un sistema de agua privatizado desde hace más de 15 años y en realidad el efecto sobre los usuarios ha sido bastante grave” comentó.
Sobreprecio en el consumo, descuido a parques públicos, cortes arbitrarios del suministro por adeudo y cobro excesivo por reconexión, desaparición de las campañas de ahorro y no reparación oportuna de las fugas, son algunas de las consecuencias de la asociación público-privada con la empresa Aguas de Barcelona.
Tobón hizo un llamado a los bajacalifornianos a defender los organismos públicos de administración del agua, siendo que según los indicadores la entidad cuenta con organismos eficientes, puntualizando la activista que de lograrse una Asociación Público Privada, la empresa que quede a cargo se irá en cuanto esta actividad deje de ser redituable.
Recomendó continuar oponiéndose a todo intento privatizante de este servicio y exigir se respete la participación ciudadana en el tema.
