En 2018 se celebrará la madre de las elecciones. Aparte de elegir Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, en nueve estados de la República Mexicana se elegirán gobernador, ayuntamientos y diputados locales, y en 15 entidades se renovarán los ayuntamientos, en algunos de ellos también los legisladores estatales.
En los últimos años, en varias entidades se han dado a las reformas electorales para empatar las elecciones locales con las federales. El principio rector fue el ahorro de recursos y la optimización de tiempos y campañas, particularmente en estados que tenían elecciones cada dos años.
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Como en todas las decisiones de fondo y forma en este país, los partidos políticos se dividieron en sus intereses y proyecciones. Entre quienes piensan que una elección de Presidente de la República y de gobernador al mismo tiempo, beneficiará al partido puntero en la elección nacional, en un efecto paraguas de votos, al derramar los suyos sobre los candidatos locales para ganar carro completo, y aquellos que piensan que no, que juntar dos elecciones de esa magnitud un mismo día perjudicará a los gobiernos de los estados, pues imperaría en efecto, la campaña nacional de los aspirantes a la Presidencia de la República, minimizando el proselitismo local y por lo tanto, menguando los compromisos para las entidades.
En Baja California, luego de una discreta auscultación social, los diputados del PRI, que eran mayoría cuando se reformó la Ley electoral para empatar las elecciones locales a las federales, acordaron que privilegiarían la campaña local, que las elecciones de gobernador del Estado se empatarían con las federales intermedias, es decir, con aquellas cuando se eligen diputados federales y nada más, lo cual los llevaría a todos -candidatos locales y federales- a concentrarse en la agenda estatal, dada la representación de Baja California en la Cámara de Diputados, y los compromisos de los aspirantes locales.
Así se determinó que para la elección de 2019, cuando se renovará el Gobierno del Estado (sí, cuando concluya la administración de Francisco Vega), los ayuntamientos y el Congreso del Estado se elegirían a personas, hombres y mujeres, para gobernar estos espacios por un periodo de dos años, para empatar el proceso al federal de 2021, cuando en el país se renueve la Cámara de Diputados. A partir de ahí los ajustes para que las elecciones a gobernador coincidieran.
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Obviamente muchas de las mentes políticas alejadas del servicio y cercanísimas al aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio propio, no estuvieron, no están, muy de acuerdo con la reforma. Les molesta “solo” tener dos años para “gobernar”. Cuando estaba reciente la reforma, preguntamos a los sospechosos comunes de candidaturas estatales, y realmente muy pocos estaban dispuestos a hacer campaña para gobernar “tan poco tiempo”, unos con la premisa que en dos años no se puede hacer mucho, otros que no es suficiente, y unos más que mejor se esperaban a la siguiente.
La realidad es que la gubernatura de dos años puede convertirse en una administración de transición para Baja California, no de un partido político a otro, sino de prácticas de corrupción a un gobierno administrativamente eficiente. Si los políticos no quieren dos años porque les resulta “poco tiempo” para “servir” (o servirse), los ciudadanos organizados, los independientes y las agrupaciones, pueden proponer personas de bien, de buena fama pública, de probados éxitos, de honestidad y defensa ideológica de las causas ciudadanas, para llegar a ser parte de un gobierno de transición; que sin los intereses de los partidos, haga una limpia en la administración pública, de forma y de fondo, que encarcele corruptos, que transparente los procesos y las finanzas, que ponga candados al abuso y a la transa. Más que hacer obras, en dos años se puede depurar la administración pública local.
Pero eso no está en el interés de los partidos, desafortunadamente.
Hace unos días, Héctor Osuna Jaime, ex panista, dijo a la periodista Dora Elena Cortés que sabía de cierto que en el Congreso del Estado había ya una iniciativa para reformar la reforma a la Ley electoral y hacer una gubernatura de cinco años en lugar de dos. El tema ha rondado los cafés políticos, dada la cercanía de Francisco Vega de Lamadrid y el ex reo de “El Hongo” (ahí fue a parar por acopio de armas, mientras en el Estado está congelada una investigación por homicidios), Jorge Hank Rhon, quien ha dicho que quiere una vez más ser candidato al Gobierno del Estado por su partido, el PRI (fue derrotado en 2007 por José Guadalupe Osuna Millán).
Las personas asumen la liga Hank-Vega no solo por los favores que se han hecho el uno al otro, o por las consignas que los ponen trabajando juntos en la elección de 2013 para que perdiera el priista Fernando Castro Trenti, sino porque, aseguran, uno le cuidaría las espaldas al otro. Nada de investigación sobre actos de corrupción en la presente administración, nada de cárcel, nada de transparencia.
Andrés de la Rosa Anaya, diputado local por el PAN, dijo que en el Congreso del Estado y por la fracción de la cual él forma parte, no hay una iniciativa para reformar lo que ya fue reformado, y cambiar de una gubernatura de dos años a una de cinco. El dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado, José Luis Ovando Patrón, coincidió. No hay una iniciativa panista para cambiar las fechas de empate de elecciones y crear una gubernatura de cinco años.
De hecho el líder panista coincide con la necesidad de mantener, en aras de privilegiar la agenda local, separadas las elecciones de Presidente de la República y del gobernador del Estado, y que el empate se mantenga en las elecciones intermedias federales. Quizá Héctor Osuna Jaime tenga otra información, quizá otras fuentes más cercanas a Francisco Vega, porque de que el Congreso hace lo que el mandatario estatal quiere, es una realidad.
Solo habrá que estar atentos a las reformas locales y avistar el gol que querrían meter para cambiar las fechas de la elección, y entonces sí, defender la independencia de los comicios locales. Porque de Vega-Hank no se anticipa un buen acuerdo en beneficio de la sociedad. Para nada. Urge que 2019 sea de transición, no de transa.
