Durante la vigencia del Decreto 2017, para la repatriación de capitales a México, al país han ingresado 82 mil 500 millones de pesos de inversiones que habían sido depositadas por mexicanos en Estados Unidos, informó Carlos Ibarra Aguiar, vicepresidente general de la Región Noroeste del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, al precisar que en ese país han sido detectadas cuentas bancarias de 177 mil mexicanos.
Por esa cantidad, el gobierno de México ha cobrado poco más de 4 mil 800 millones pesos en impuestos para su legal estancia en el país, “una cifra importante” si se considera que el decreto disminuyó en forma considerable el Impuesto Sobre la Renta, relativo a inversiones o depósitos que son retornados del extranjero.
Ibarra señaló que el plazo para el regreso de capitales no declarados en México se amplió tres meses, siendo la fecha límite el 19 de octubre de este año; hasta esa fecha, las cuentas bancarias e inversiones registradas en el extranjero pagarán un gravamen de solo 8%.
Posterior a esa fecha, el impuesto para la repatriación de capitales mexicanos se elevará a un 35% para personas físicas y 36% para personas morales, además de que, quienes no cumplan con retornar su capital en el lapso establecido, serán requeridos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Advirtió que los banqueros de la Unión Americana, particularmente los de la frontera con México, “se resisten a que el capital se saque para regresarlo a México, es una fuga de capital para ellos”, por lo que informan a sus clientes que no pasará nada si mantienen su dinero en ese país, lo cual ha generado confusión.
Pero “no hacerlo en el plazo establecido representaría una evasión, México ya tiene detectada esa cantidad de mexicanos con cuentas en Estados Unidos”.
De acuerdo a información proporcionada por el gobierno estadounidense, más de 177 mil mexicanos tienen cuentas en Norteamérica.
Ante ello, exhortó a los mexicanos con capitales en el extranjero a que aprovechen el decreto, que además da la facilidad de que “no preguntan de dónde proviene el dinero, simplemente -se les pide- que lo regresen, paguen el 8% y ya está legalmente en México”, expuso.
Pese a que esta flexibilidad podría prestarse a sospechas de lavado de dinero, Ibarra consideró que se trata de capitales ya identificados, de los que el gobierno estadounidense emitió un reporte a México, por lo que corresponde a la autoridad mexicana investigar y poner los candados a los recursos que se consideren sospechosos.
