Unos cuantos ciudadanos se enteraron de que habría paro de transportistas, los cuales buscaban afectar a usuarios y de esa manera presionar a las autoridades para subir la tarifa de transporte público en La Paz.
“Como a las once de la noche me entero que no va a haber camiones, ¿qué hacía?, nada. Caminé muy temprano, me desperté una hora antes y me vine al trabajo a las 7:30 por el mentado paro ese”, fue el clamor de doña Clarita, encargada de limpieza en una oficina.
Como ésta, hubo cientos de historias el lunes 12 de junio, fecha en que el transporte público de la Capital del Estado puso a temblar a las autoridades, pero también marcó el día que violentaron la Ley de Transporte del Estado, al paralizar actividades sin previo aviso.
Mientras más de un 70 por ciento de transportes permanecían parados sin servicio en forma de protesta por el aumento a la tarifa del transporte público, miles de usuarios pagaban las consecuencias. Sobre el Bulevar Forjadores, decenas de paraderos estaban saturados, y la zona centro lucía como pocas veces.
“Había como unas treinta personas ahí esperando desesperados, muchas muchachas iban al trabajo, algunas personas se fueron en taxi y así… Yo me vine caminando y le pedí raite al camionero que va pa’ La Roca, y me dejó en El Mezquitito; de allá hasta acá me tuve que venir a pata (sic). No advirtieron la huelga y esto sí es muy serio, muy problemático”, exclamó un ciudadano.
Cinco horas sin servicio fueron suficientes para provocar un caos entre los paceños. La exigencia del aumento a la tarifa del transporte dejó por un lado las afectaciones sociales que podían repercutir a ciudadanos en trabajos, escuelas y tareas diarias, incluso la población lo interpreta como un golpe directo al municipio y a los comercios, por parte de Sara Barocio, concesionaria de Transporte Público y directora de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).
Desde las seis de la mañana, más de 200 unidades de transporte público no prestaron servicio, afectando a más de 90 mil usuarios, a razón de que “no hay diésel para trabajar, no hay condiciones para laborar, posiblemente dentro de los meses, si no se resuelve esto, van a ver unidades paradas completamente porque no tenemos para las refacciones ni para el diésel”, denunció Carlos Ortega, concesionario del Sitio Coromuel.
Sara Barocio y otros concesionarios fueron atendidos por el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Juan Carlos González Bareño, así como por el regidor Maximino Iglesias, de la Comisión de Transporte.
“Solamente estamos buscando que se dé respuesta a la solicitud del aumento de la tarifa, no, no es una presión, es un diálogo que debemos tener, porque ya tenemos alrededor de cinco años que no se sube la tarifa. De hecho nosotros hicimos un estudio, el estudio arroja que la tarifa debería de valer 17.56 pesos, y estamos proponiendo 15 (pesos) para que hubiera una negociación”, retó Barocio.
Los paraderos permanecían llenos en la espera del servicio, algunos desconcertados no tenían idea de lo que pasaba. El aviso se dio a través de redes sociales, como una especulación que al final resultó verdad, las autoridades no fueron notificadas.
Por su parte, el alcalde paceño Armando Martínez Vega informó que para finales de julio o principios de agosto se tendrá el estudio técnico, que marcará las bases para aprobar o no el aumento al transporte público y, agregó, los transportistas que hicieron el paro pararon infringieron la Ley, por lo cual deben ser sancionados.
“En cuanto tengamos este estudio el H. Cabildo en pleno tomará la decisión adecuada, no queremos tampoco que se vean lastimados sus derechos, pues tomar una decisión de este tipo lastima a los ciudadanos, es un asunto de Ley, y están infringiendo la Ley en este sentido. Estaremos en negociación platicando con ellos, hay una serie de puntos que podemos resolver, como es el caso de la credencialización, de valorar algunas rutas; eso lo podemos hacer antes del estudio de tarifa”, expuso.
Respecto a las sanciones en las que incurrirían los paristas, el director de Transporte y Vialidad de La Paz, Julio Mendoza, anunció que el retiro de concesión debe ser a través de la Dirección de Transporte estatal.
“El tema de la sanción lo señala la Ley de Transporte del Estado, que es el Artículo 40, la revocación de concesiones, es un procedimiento que le corresponde al Estado, no al Ayuntamiento; lo que podemos hacer es infraccionar en el sentido de que las (unidades) que estén fuera de servicio sin autorización correspondiente, elaborar un estudio, un programa de qué agrupaciones están trabajando y así satisfacer algunas rutas donde más se requiera el servicio, para que puedan de alguna manera hacer uso del transporte público”, finalizó.
Sin embargo, las acciones efectuadas evidencian que Sara Barocio, en complicidad con las autoridades, solo quisieron mostrar el músculo y demostrar que en La Paz y en Baja California Sur, se hace lo que ella dice, pues no hubo revocación de concesiones ni multas, solo usuarios afectados… y todavía se les premia con un aumento.
