Al inicio de esta semana y desde Estados Unidos, se evidenció la “guerra sucia” que el gobierno de México encabezado por Enrique Peña Nieto, a través del espionaje, mantiene contra sus críticos, sean periodistas, defensores de los derechos humanos o miembros de grupos de la sociedad organizada.
Un análisis científico realizado por varias organizaciones, entre ellas CitizenLab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, Canadá, especializado en los avances, la investigación y el desarrollo de las tecnologías de la información, derechos humanos y seguridad global, reveló cómo se utilizó un software llamado Pegasus para infectar los teléfonos celulares de los críticos de la administración de Peña Nieto.
Dicho programa es vendido en el mundo únicamente por NSO Group, y de manera exclusiva a gobiernos de países. En este caso, al Gobierno de la República encabezado por el priista.
Se supone que NSO Group investiga a los gobiernos a los cuales les vende el software, especialmente en las políticas sobre derechos humanos, y lo hace con la finalidad que su programa no sea utilizado para atentar contra la seguridad, privacidad e información de ciudadanos, sino que sea destinado a la investigación del terrorismo.
Sin embargo, la misma empresa reconoció en la investigación dada a conocer el lunes 19 de junio por el periódico estadounidense The New York Times, que les es imposible, una vez vendido y entregado el software, determinar el uso que los gobiernos le den.
La investigación, en la que además participaron Artículo 19 en su capítulo México, R3D (Red de Defensa de los Derechos Digitales) y SocialTIC, reveló cómo el programa Pegasus, el que solo se vende a los gobiernos, en el caso de México había sido utilizado para espiar a ciudadanos: a los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena; a los ciudadanos inmiscuidos en el combate a la corrupción, Juan Pardinas y Alexandra Zapata; y a los defensores de derechos humanos, Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, así como al hijo de la periodista Aristegui.
En el estudio se concentraron las pruebas. Cómo se utilizó el programa gubernamental de manera sistemática, enviando mensajes a los ciudadanos con códigos maliciosos para infectar sus teléfonos y tener con ello acceso a la información contenida en los dispositivos, e incluso utilizar los mismos como micrófonos para escuchar lo que hablan, y cámara para ver lo que hacen.
Los ciberexpertos determinaron los momentos, los mensajes, los códigos, los destinatarios y dieron cuenta de ello. En The New York Times señalaron directamente al gobierno de Enrique Peña Nieto de espiar a ciudadanos que considera sus enemigos. La información se replicó en México y poco a poco se fue ampliando. Las víctimas del espionaje hicieron denuncias públicas, y una formal en la Procuraduría General de la República.
Mientras, el gobierno de Enrique Peña Nieto calló. Primero un vocero para medios internacionales negó los hechos y acusó falta de pruebas, y después hubo más silencio. Hasta el miércoles 21, cuando la PGR “abrió” una investigación en la fiscalía (Feadle) que tiene un 4 por ciento de efectividad y 96% de impunidad en casos de atentados contra la libertad de expresión. Las críticas no cesaron. Los señalamientos tampoco.
El jueves, cuatro días después de publicado el análisis en el diario norteamericano, Enrique Peña Nieto finalmente enfrentó el caso, y de la peor manera. No prometió investigar, transparentar su gobierno, indagar y deslindar responsabilidades en caso de existirlas, y castigar a los culpables en caso que los hubiese, o investigar para limpiar la imagen de su administración y determinar quién, cómo, por qué, utilizó el programa para espiar a ciudadanos. Nada de eso. Lo que hizo el Presidente fue amenazar: “Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero, al amparo de la Ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra el gobierno”, sentenció.
También refirió lo increíble, lo irrisorio: se dijo espiado. “Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo a veces recibo mensajes, cuya fuente omite o desconozco, pero como en todo caso, soy cuidadoso en lo que hablo telefónicamente porque no faltará que alguien, o que alguna vez, exhiban alguna conversación mía”, declaró para dejar a todos atónitos.
Y siguió defendiéndose: “Resulta muy fácil señalar, apuntar, convocar para que se señale al gobierno como una entidad que espía, nada más falso que eso”. Y obvio, condenó los hechos de los que ya ha juzgado a su gobierno inocente: “Condenamos cualquier intención que se tenga en la vida privada de cualquier activista o periodista”.
La realidad es que la administración de Enrique Peña Nieto ha destacado por la opacidad cuando se trata de investigar a los de casa, de las investigaciones de la compra de la “Casa Blanca”, la Secretaría de la Función Pública a su mando, lo deslindo a él, a su esposa y en otro caso a su entonces secretario de Hacienda. De las investigaciones de irregularidades en las indagatorias por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los funcionarios de alto nivel en la PGR no han sido apropiadamente investigados, mucho menos procesados. De la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de Altiplano a través de un túnel de más de un kilómetro construido al píe y bajo la cárcel de máxima seguridad del país, ni un funcionario de alto rango de la Secretaría de Gobernación o de la Comisión Nacional de Seguridad, ha sido tocado con la foja de una investigación ministerial. En el Gobierno Federal hay una reticencia para investigarse, y mucha disposición para exonerarse.
Ahora el Presidente Peña, exhibido en el extranjero, evidenciado su gobierno por ciberespecialistas de la Universidad de Toronto en Canadá, señalado por periodistas, activistas y combatientes de la corrupción, se enoja, se defiende, amenaza. ¿Qué sigue?
