El Cabildo de La Paz “pretende dar madruguete a los ciudadanos, lo van a aprobar de buenas a primeras, hay muchos intereses y todos tienen las manos metidas. Es un manoteo por esto y lo otro, pero todo está planchado”, es la consigna de uno de los miembros del XV Ayuntamiento de La Paz, el cual ve de cerca las negociaciones del transporte público en la capital.
Las tarifas que pretenden, se estiman entre los 15 y 18 pesos, propuesta enviada por concesionarios del transporte público, pero “podría quedar en los 12 o 14 como máximo”.
Hasta el cierre de esta edición, los regidores han emitido de nuevo, de manera económica, el sentido en que irían sus votaciones con este aumento, únicamente el profesor Julio Cervando Higuera M. y la ciudadana Arlen Ivet Palacio Villanueva, también conocida por un desencuentro con el alcohol como #LadyAlcoholes -V y VI regidor respectivamente-, se les ha visto indecisos en su voto en contra del aumento con un “sí pero no”, lo que deja al descubierto sus intereses, diferentes a los de la ciudadanía.
Y es que el presidente de la Comisión de Transporte en el Cabildo de La Paz, dio a conocer que esta semana se llevaría a la mesa un punto de acuerdo con referencia al posible aumento en la tarifa del transporte público. Cuatro días fueron suficientes para que un grupo de organizaciones lograra conseguir alrededor de dos mil firmas de usuarios del transporte, mismas que van en contra de un aumento.
“Recabamos casi dos mil firmas a lo que iba el último conteo juntando electrónicas, y físicas hubo del Tecnológico, de la UTLP, de la Mundial, asociaciones civiles; y también hubo de la UABCS muchísimas”, aseguró Yuma Pérez, representante de Funcionario Público en Transporte Público.
La Paz tiene más de 92 mil usuarios de este servicio, por lo que haber conseguido 2 mil firmas significa un gran mérito, sobre todo porque hay una gran participación de la ciudadanía. No solo eso, colaboradores de las distintas instituciones civiles consideran que frenar por seis meses la petición de los concesionarios representa por sí sola una ganancia para la población.
“Haber conseguido de esos 90 mil, 2 mil o casi 2 mil firmas, es un logro de participación ciudadana bastante importante, en los últimos seis meses hemos logrado que no se aumente la alza a la tarifa del transporte, votaran o no el día de mañana, que no es el caso la alza a la tarifa, ya es un logro haber brindado a los 90 mil usuarios un espacio para que la economía que se iba a ver afectada, pudieran distribuirla”, celebró Frank Aguirre, coordinador del grupo ciudadano BCSicletos.
Justamente en el Cabildo de La Paz se aprobó la realización de un análisis técnico, con el cual se podrá determinar si se requiere un aumento en la tarifa de transporte público y establecer las condiciones del transporte: cuánto gastan en combustible, cuántos usuarios por colonia y por día; la necesidad de reducir las rutas y combinar algunas.
Sin embargo, deben ser transparentes en todo momento, ya que la ciudadanía lo reclama y debe existir la confianza, además de poner en claro el gasto y justificarlo, pues el Ayuntamiento se encuentra en quiebra y un gasto innecesario solo vendría a golpear aún más a la economía municipal.
“Es un logro de la participación ciudadana esta recabación de firmas de nuestra compañera Yuma, de BCSicletos, de Cómo Vamos La Paz, esas casi 2 mil firmas nos dicen que es un logro para nosotros porque van a empezar con los análisis técnicos, ahí es donde empieza la tarea de nosotros también como ciudadanos de ver el proceso; me imagino que va a haber una licitación en el proceso de la empresa, y nosotros también queremos proponer a la empresa que sea un proceso muy transparente”, expuso Vindo Vázquez, de la Asociación de Colonias Unidas de Baja California Sur.
Un numeroso grupo de ciudadanos acudió el martes 30 de mayo a la sesión de Cabildo para solicitar atención a la demanda de la población, pues ven el aumento de transporte como un golpe directo a la economía local, y aunque temían que la sesión abordara principalmente el aumento del precio, solo se trató de la aprobación de un estudio técnico solicitado desde principios de año, pero omitido por desinterés.
