El amparo que se interpuso ante el Poder Judicial de la Federación para revertir las disposiciones que aumentaron el costo de la gasolina, derivando en un incremento de hasta 3 pesos por litro en el valor del combustible en el mercado, sigue sobre la mesa de los juzgadores federales.
El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, quien promovió el amparo, informó que la audiencia programada en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región para el lunes 5 de junio, se pospuso.
Las razones: la juzgadora no dio tiempo a autoridades para presentar informes y el equipo de abogados presentó una prueba pericial que intenta demostrar que la fórmula que define el costo de la gasolina está manipulada en perjuicio de los consumidores.
La prueba pericial no fue aceptada por la juez Ileana Moreno Ramírez, titular del Juzgado en cuestión, al apuntar que tiene la capacidad necesaria para resolver el recurso de amparo, sin revisar la prueba presentada por Solís Farías y su equipo de abogados.
Por esa causa, los profesionales del derecho presentaron un recurso ante un Tribunal Colegiado de Circuito que obligaría a la juez a aceptar la prueba para que forme parte tangible de su análisis a la hora de emitir una resolución.
Según el especialista en Derecho Fiscal, será hasta julio cuando se emita una resolución por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, y un mes después se realizaría la audiencia constitucional que fue pospuesta el lunes pasado.
“Nosotros le decimos (a la juez) que no tiene conocimientos técnicos porque hay elementos que te dan el costo de la molécula, del costo internacional, las variables y los componentes de las variables que sale del alcance del juzgador”, explicó Solís Farías a ZETA.
Quienes combaten las disposiciones del gobierno que encabeza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dicen tener bases sólidas que demuestran que los cálculos que definen el costo de la molécula se circunscriben como si toda la gasolina que se distribuye en el país viniera del extranjero, aunque la mitad se refina en México.
Además, mediante esa prueba pericial se pretende demostrar que modificar esas disposiciones no afectan las finanzas públicas, ya que durante el ejercicio fiscal 2016, bajo el esquema anterior se tuvo un excedente de 308 mil millones de pesos por la venta de combustible, lo que demuestra que el Gobierno Federal no necesita los recursos procedentes del aumento en el costo para subsistir.
“Hay mucha injerencia política y presión del gobierno. Mucha tolerancia del Poder Judicial a las decisiones del gobierno”, lamentó al abogado.
Por otro lado, sostuvo que la fórmula actual no acepta variaciones a la baja, a lo que se suma que desde las disposiciones el tipo de cambio se ha recuperado hasta en 4 pesos, esto no se ha visto reflejado el precio que pagan los consumidores por el combustible. De acuerdo a Solís Farías, hay suficientes elementos técnicos para ganar el caso en favor de los mexicanos.
