Un juez federal con sede en el Estado de México ordenó la aprehensión del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo y cuatro presuntos implicados, por el delito de lavado de dinero, con base en la carpeta de investigación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016 consignada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El supuesto lavado de dinero es por la adquisición con prestanombres de terrenos de la entidad a precios subvaluados y en una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya.
Esto lo informó este sábado el diario Reforma basado en fuentes del Gobierno federal. Además del exmandatario, las aprehensiones fueron giradas contra Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, excoordinadora jurídica de dicho Instituto.
También se ordenó a aprehender a María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del exgobernador, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.
Según los antecedentes del caso, una de las líneas de investigación de la acusación es la venta de 24 inmuebles del Gobierno local a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial, a integrantes del círculo cercano a Borge y sus familiares.
Se trata de terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE -en la gestión de Romanillos y Herrera- y que tienen un valor comercial de 5 mil millones de pesos, según la Procuraduría General de la República (PGR).
Diez de los inmuebles no eran susceptibles de venta por tratarse de reservas naturales, y otros cuatro fueron adquiridos por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador, quien no fue consignada en este expediente.
El pasado 24 de febrero, la SEIDO aseguró todos los bienes que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
Otro aspecto del lavado de dinero que se imputa a Borge y sus presuntos prestanombres es la inyección de recursos a la naviera Barcos Caribe, que opera una flota de ferrys de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen.
La empresa la administran Pinelo Nieto y González Hermosillo, quienes para las autoridades no tienen la capacidad económica suficiente ni los antecedentes en el giro para justificar inversiones de millones de dólares en la compra de embarcaciones.
– Con información del diario Reforma.
