Ante la asignación directa de contratos millonarios y la nula supervisión de órganos fiscalizadores, ciudadanos de Tijuana y de Tecate decidieron promover investigaciones penales en contra de Juan Manuel Gastélum, quien ha sido alcalde de Tijuana apenas por seis meses, y contra César Moreno, ex alcalde de Tecate. Los acusaron de haber hecho -y estar haciendo- mal uso de los recursos públicos
En una “cruzada de los ciudadanos en contra de las autoridades delincuentes” en Baja California, residentes de dos municipios decidieron interponer ante el Ministerio Público denuncias penales: los de Tijuana en contra del actual alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y los de Tecate, en contra del ex presidente municipal César Moreno.
Ante la falta de transparencia en la entrega injustificada de contratos onerosos y la ausencia de rigor en la supervisión e investigación del correcto manejo de los recursos públicos, y la complicidad de sindicaturas, los ciudadanos decidieron promover directamente la realización de investigaciones penales, para averiguar si pueden tener mejores resultados.
A Gastélum y a algunos de sus funcionarios, los acusaron por los delitos de coalición, cohecho, peculado abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, enriquecimiento ilícito y lo que resulte, por la adjudicación del contrato de rentas de patrullas y camiones recolectores de basura, a Grupo Turbofin por 88 millones de pesos.
A Moreno lo señalan como presunto responsable de peculado impropio, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, por el desvío de160 millones de pesos etiquetados para obras.
GASTÉLUM BUENROSTRO: “HACER MAL USO Y DESVÍO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”
El lunes 19 de junio, el Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes, colectivo que aglutina a colegios de abogados, médicos, arquitectos, ambientalistas, asociaciones civiles y colonos presentaron la acusación, la que sería la primera denuncia penal contra el alcalde de Tijuana, quien aún no cumple ni seis meses en el puesto. Otro ciudadano no identificado presentó otra denuncia administrativa ante Sindicatura por la renta de camiones de basura.
Los señalamientos incluyen a Ana Marcela Guzmán Valverde, síndico procuradora; María de los Ángeles Olague Contreras, oficial mayor; José Luis Gil Laborín, jefe del Departamento de Adquisiciones; “en contra de todos y cada uno de los miembros del Comité de Adquisiciones, así como en contra de quien o quienes resulten responsables, en su calidad de autores intelectuales y agentes materiales”, se lee en la imputación. La denuncia se asentó en el Número Único de Caso 0204-2017-28324 ante la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales.
A razón de la falta de transparencia y rendición de cuentas, es evidente que “nunca estuvo en el interés de Juan Manuel Gastélum Buenrostro salir a demostrar con cotizaciones en mano que arrendar, acusaron los ciudadanos representados por los abogados Ignacio Anaya Barriguete, Rafael Maurizio Cruzmajarrez y María del Socorro López.
Los abogados integrantes del Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes dijeron que tanto el monto de los contratos de arrendamiento, como el pago inicial que por 23 millones se otorgó el 1 de abril a la empresa en la que se liga a Jaime Rogozinsky, demuestra que “el verdadero motivo detrás del o los contratos de adjudicados obedecen a un esquema privatizador, con un sobreprecio en el servicio”, aseveró Román Antonio Aboytes Hernández.
En la denuncia se asienta que los funcionarios implicados en la querella, al pactar los contratos de arrendamiento fuera del procedimiento legal, “se coaligaron para tomar medidas contrarias a los reglamentos que rigen al municipio”.
Al alejarse de la norma legal correspondiente se denota dolo “e intención de recibir indebidamente una contraprestación ilícita, ya sea dinero o cualquier otra dádiva”, es decir, incurrieron en cohecho, explicaron los abogados.
CONTRATOS ONEROSOS
ZETA consultó precios con las agencias Ford y Chevrolet. Conforme a los costos proporcionados por estas empresas, se pudo estimar que el contrato con Grupo Turbofin, SAPI de CV tiene un sobreprecio de 64 millones de pesos en el caso de los camiones recolectores y de transferencia de basura, y de cuando menos 8 millones de pesos en lo que respecta a lo que se pagará por la renta de patrullas.
Foto: Agustín Reyes.- La denuncia contra César Moreno González, ex presidente municipal de Tecate.
Para el arrendamiento de 52 camiones, Gastélum entregó un pago inicial de 20 millones de pesos y comprometió una renta mensual de 5.8 millones de pesos, lo que multiplicado por 30 meses del convenio y divididos por la cantidad de unidades, significa que cada vehículo costará al erario 3.7 millones de pesos, sin que esto signifique que pasarán a ser parte del patrimonio público.
En cuanto a las patrullas, sumando la renta de los 30 meses y el depósito de 3 millones 461 mil 845 pesos, se estaría pagando por cada una 996 mil 597 pesos, cuanto su costo en el mercado es de un promedio de 700 mil pesos ya balizadas y equipadas.
Las cotizaciones efectuadas por ZETA en diferentes agencias, en una compra a crédito para que las 27 patrullas -12 tipo panel y 15 pick-up doble cabina- pasen a ser parte del patrimonio de los tijuanenses, tendrían un costo de 18 millones 900 mil pesos, mientras que el gobierno de Tijuana desembolsará por los 30 meses, un total de 26 millones 908 mil 143 pesos.
TODAS LAS DESVEN TAJAS PARA EL AYUNTAMIENTO
Pero se puede poner peor, porque una de las cláusulas establece la posibilidad de modificaciones al contrato al señalar: “…las partes convienen que, por razones fundadas y explícitas, mediante convenio por escrito, podrán pactar el incremento en el arrendamiento, mediante modificaciones al presente instrumento”, así que el precio puede ser más alto.
Gobiernos de otros estados y municipios han firmado convenios similares de renta de patrullas y camiones recolectores de basura, pero a menor precio y con la garantía de poderse quedar, al término del convenio, con los vehículos, a cambio del pago de un porcentaje mínimo.
Ejemplo de ello es la renta de 100 patrullas que por tres años pactó el gobierno de Morelos, por el que paga una mensualidad de 842 mil 400 mil pesos, con la salvedad que al final del convenio la unidades pasarán a ser parte del patrimonio público “mediante el pago simbólico de un enganche inverso”.
Otra desventaja en la negociación de Gastélum es el hecho de que las unidades tendrá que devolverlas a Grupo Turbofin “…en las mismas condiciones en que se recibieron, solo con el deterioro normal por uso”, lo que significa que el Ayuntamiento deberá cubrir los gastos en que se incurra para devolverlas en igualdad de condiciones.
Contrario a lo afirmado por el alcalde y los funcionarios de su gabinete, en los contratos Grupo Turbofin compromete solo el servicio normal de agencia, el cual se da cada seis meses y por dos años como máximo. Esto sucede en Tijuana mientras otros gobiernos como Morelos, pactaron la renta de unidades con los gastos de reparación a cargo de la arrendadora, además del mantenimiento reglamentario de agencia, al tratarse de unidades nuevas.
Aunque el gobierno Juan Manuel Gastélum ha ponderado que en los contratos cedidos a Turbofin, solo tiene comprometido del 1 abril al 31 de diciembre de 2017, lo cierto es que la vigencia quedó supeditada a un tiempo “forzoso” de 30 meses, por lo que si el Ayuntamiento quisiera devolver los bienes antes de que se cumpla dicho plazo, deberá pagar al arrendador las rentas pendientes de pago.
En el contrato que firmó con el Ayuntamiento de Tijuana, Turbofin se comprometió a entregar en un plazo de 45 días las unidades arrendadas, sin que a la fecha lo haya hecho, aun cuando el acuerdo se firmó el 1 de abril de 2017. Este incumplimiento les permite rescindir el contrato, peor no lo hicieron.
CÉSAR MORENO, ACUSADO DE DESVÍOS MILLONARIOS POR OBRAS SIN TERMINAR
Por un total de 28 obras inconclusas, contempladas para realizarse entre los meses de enero y octubre de 2016 en Tecate, durante la administración del ex alcalde César Moreno, los ciudadanos María Teresa Méndez Vélez, Ana Lilia Orenday Torrero y José Roberto Vázquez, interpusieron una denuncia que incluye también al ex tesorero Rodrigo de Bivar Castanedo.
Los acusan de peculado impropio, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. La denuncia fue presentada el 16 de junio de 2017 en la Procuraduría General de Justicia del Estado Coordinación UTMC, con NUC 0203-2017-02708.
Denuncia vs. Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana.
Los denunciantes argumentan que de acuerdo a un dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXI Legislatura del Congreso del Estado (folio 273), aprobado el 9 de diciembre de 2015, el Poder Legislativo autorizó a la administración de Moreno “la contratación de un financiamiento hasta por la cantidad de $160, 000, 000.00 (ciento sesenta millones de pesos Moneda Nacional)”, de los cuales 71 millones 619 mil 045 debieron ser utilizados para “refinanciamiento o reestructura del crédito contratado con Financiera Local, SA de CV” y 88 millones 380 mil 955 para la ejecución de 29 obras a propósito de las cuales, “en el mismo cuerpo” del dictamen aparece “un listado” presentado “por el Presidente Municipal”.
Con estos antecedentes, la inconformidad de los suscritos radica en que, según estiman, “mediante una argucia de carácter administrativa (sic)”, César Moreno y Rodrigo de Bivar cambiaron el destino de los recursos, acerca de lo cual dicen, “fue aprobado por Cabildo el 8 de septiembre de 2016”. Presunta maniobra con que los denunciados habrían violentado “todo lo estipulado en la Ley”.
Asumieron: “Es claro que el dinero se malversó, el Gobierno Municipal no cumplió ni ejerció el presupuesto para lo que se le es otorgado”.
De las obras públicas a concretarse, mencionan que se dieron a la tarea de realizar “una inspección física y presencial” de cada una de las mismas y se percataron de que solo una había sido ejecutada, “sin que ello sea prueba plena de que se pagó con el dinero del crédito aprobado por el Congreso”, en vista de haberse tratado de “una inversión Federal por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, que habría ascendido a 3 millones 822 mil pesos.
Como obras no ejecutadas enlistan “la pavimentación de la calle Jesús González de la colonia Francisco Villa” y “la calle Paseo Río Tecate Norte, Colonia Rincón Tecate”, entre otras.
En entrevista con ZETA, César Moreno refirió que el crédito solicitado, originalmente, iba a ser por 460 millones de pesos y que la ejecución de las 29 obras autorizadas estaba contemplada para solventarse con el recurso. Explicó que finalmente el Congreso solo le autorizó al XXI Ayuntamiento 160 millones de pesos. “Como se redujo el monto, las obras también cambiaron”. Argumentó que la modificación se sometió al pleno del Cabildo y fue aprobada. “Cumplimos con ese paso”, y mencionó que los documentos respectivos obran en la Secretaría General del Ayuntamiento y en Sindicatura.
En referencia al refinanciamiento aseguró: “Pagamos ese crédito a un mejor tasa”, toda vez que “logramos una tasa 20 por ciento más barata que la de 80 millones de pesos que estábamos pagando”. Y aseveró: “Pasamos el crédito sin atrasarnos”.
Por lo que respecta a inversión en infraestructura vial, sostuvo que durante su trienio se pavimentó el 70% de las vialidades.
La denunciante Teresa Méndez declaró a este Semanario que durante el primer año de la pasada administración (2013), César Moreno y Rodrigo de Bivar pagaron aguinaldos con presupuesto que el antecesor de Moreno, Javier Urbalejo, había dejado para pavimentación, la cual su propio gobierno dejó inconclusa.
Moreno manifestó que esos fondos no estaban etiquetados, lo cual se reportó a Sindicatura. “Investigó el Orfis (Órgano de Fiscalización)”, y la cuenta pública de 2013 quedó autorizada.
El ex alcalde de Tecate sugirió que la denuncia obedece a que se le quiere perjudicar públicamente, al mencionarle como posible próximo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional.
