Estrategias de seguridad abandonadas por “razones partidistas”, es “deslealtad a la ciudad”: Ramos Hernández

Cuestiones partidistas entre gobiernos priistas y panistas causó el desecho de estrategias de seguridad que habían demostrado funcionar en Tijuana, declaró el diputado federal Jorge Ramos Hernández, quien preside la Comisión de Seguridad en el Congreso de la Unión.
Alcalde entre 2007 y 2010, periodo en el que se registró una alta incidencia en delitos de alto impacto, Ramos asistió, el miércoles 7 de junio, a la firma de convenio entre el Ayuntamiento y la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA).
“Debemos aprender una gran lección, cuando por razones partidistas se le quita continuidad a estrategias de seguridad que están funcionando, es una gran deslealtad a la ciudad”, expuso, para luego lamentar que, durante los trienios de Carlos Bustamante Anchondo y Jorge Astiazarán Orcí, se “haya abandonado” la acreditación CALEA.
Al señalamiento de ambas administraciones municipales se sumó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, quien señaló que los otros cuatro municipios deben buscar también certificarse.
Aunque la ciudad cuenta con apenas 2 mil 200 policías, solo mil 500 de ellos están en activo y tienen la obligación de procurar la seguridad de 1 millón 641 mil 570 habitantes. De lo cual resulta un policía municipal en las calles por cada mil 094 tijuanenses.
Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, afirmó que CALEA no exige un mínimo de policías por cada 100 mil habitantes, eso requeriría mayores recursos, porque de ser así, “ni siquiera buscaríamos la acreditación porque sería imposible lograrla”, dijo el funcionario municipal.
El proceso de acreditación de los 464 estándares que incluye el organismo de Estados Unidos, durará 24 meses a partir de la firma del convenio, por lo que se vence el 7 de junio de 2019.
Sotomayor Amezcua consideró que uno de los puntos más difíciles de CALEA es el traslado de detenidos de forma que se respeten los derechos humanos. Sin embargo, señaló que, con 80 millones de pesos, de recursos federales y municipales que se gestionan, se contempla la adquisición de más de 100 unidades de doble cabina, este año.
Ray Johnson, comisionado de CALEA que firmó el convenio, señaló que se busca que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) cambie su “cultura organizacional” para acreditarse a los estándares incluidos en la certificación.