Todos los días en México matan. Al hermano de alguien, al hijo de otro, a la madre de alguno, a los nietos menores de una familia, a esposos y mujeres, adolescentes y personas de la tercera edad también. Nadie se salva por motivo alguno, sea de estrato social, de género, de edad, de área de desarrollo. Lo mismo asesinan a un desempleado que a una estudiante universitaria, al ejecutivo de una empresa, a un Alcalde o Regidor, al hermano de un famoso boxeador, o un periodista amanece calcinado.
Las causas son diversas, el homicidio puede estar relacionado con el crimen organizado, o no estarlo, puede ser por una deuda, por motivos personales, profesionales, la realidad es que móviles sobran para justificar la ola de sangre que se vive en México ante la impunidad para los asesinos.
A menos de un año que culmine el proceso para renovar la Presidencia de México en las elecciones de 2018, el legado de Enrique Peña Nieto es color sangre. Como nunca las cifras de homicidios dolosos han alcanzado altos niveles. Y mientras los números de la violencia incrementan, los aprehendidos, investigados, procesados, sentenciados y encarcelados disminuyen. Gracias a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en México las cárceles han registrado un 30 por ciento menos de población penitenciaria, tanto en los Centro Federales de Readaptación como en las prisiones estatales. Hay más delitos cometidos, son más los ejecutados, pero hay menos procesados.
Descartando los primeros 6 meses de la administración del Presidente Peña, durante los cuales las conversaciones se centraron en el Pacto por México que estableció con los partidos políticos, PRI, PAN y PRD primordialmente, para que en las Cámaras Federales le fuesen aprobadas sus reformas a las cuales llamó “estructurales”, en la enorme mayoría de los 55 meses que de administración publica lleva el priista, dos han sido los temas preponderantes en la agenda nacional: Inseguridad y corrupción.
Todos los días planas de periódicos y noticias en otros medios dan cuenta de ello. O la nota es lo ex funcionarios investigados que trabajaron con César Duarte, Guillermo Padrés, Javier Duarte o algún otro ex Gobernador procesado, o los excesos de los funcionarios y líderes sindicales que abusan del presupuesto en provecho propio, o la orden de aprehensión contra otro ex Gobernador o ex servidor estatal. Las cuentas millonarias en bancos en el extranjero a nombre de esposas o familiares.
Y así como hay más delitos y menos delincuentes detenidos en el País, también se descubren más corruptos y seguimos sin completar el Sistema Nacional Anticorrupción, sabiendo de antemano que la Procuraduría General de la Republica, la instancia que debería investigar esos casos, no lo hará, como tampoco actuará en consecuencia la Secretaria de la Función Pública.
La norma es así: Hay asesinatos porque no se detiene a los asesinos, y hay corruptos porque nadie los investiga hasta en tanto el saqueo sea evidente, como ha sucedido en Veracruz, en Chihuahua y próximamente en Coahuila.
De las imágenes que destacan en la Presidencia de Enrique Peña Nieto, está aquella donde aparece acompañado de 17 gobernadores, 10 de los cuales están siendo investigados o ya procesados, también la gráfica de los ejecutados de Tanhuato, o de las narcofosas localizadas en Veracruz o en Baja California Sur, donde los cuerpos son apilados sin piedad y en la oscuridad de la impunidad. Ningún hombre o mujer ha sido señalado de tener responsabilidad en las cientos de narcofosas que en 55 meses se han localizado.
De acuerdo a los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad, que suelen andar un 20 por ciento por debajo de la realidad de las cifras, en cinco meses de 2017, en México se han cometido 11 mil 155 ejecuciones, u homicidios dolosos como los tipifican oficialmente; en esos cinco meses transcurrieron 151 días, la sencilla operación matemática nos indica que en lo que va del año, en México asesinan a 73 personas al día. Todos los días hay mexicanos que mueren a yerro.
En un trabajo periodístico en el Semanario ZETA se contabilizaron las ejecuciones en el país en los primeros 50 meses de Gobierno de Peña Nieto; el resultado del ejercicio superó las 90 mil 600 ejecuciones.
Esos números indican que el Gobierno priista encabezado por Enrique Peña Nieto, terminará el 2017 con más de 100 mil ejecutados al cierre de su quinto años de administración. Peor que en la época de Felipe Calderón, insólito en México lo que sucede en este sexenio. Corrupción y muertes como pocas veces vista. A un año de las elecciones del 2018, a un año y medio que concluya el sexenio peñista, el Presidente debería hacer cambios, pero no en noviembre cuando quienes aspiren a entrar a la carrera presidencial deban dejar su trabajo para cumplir con la Ley, sino ya. En Gobernación, en la Procuraduría, en la Función Pública, y atender el problema de la inseguridad como prioritario para el País, lo mismo que el combate a la corrupción, la que roba dinero, la que se utiliza para sacar provecho, la que espía, atacarla toda, y empezar por casa. Se le acaba el tiempo al Presidente de un partido que tardó 12 años en recuperar el terreno perdido. Que no se les olvide.
