I. Periodo anárquico. Al no existir un gobierno, el sujeto ejerce la venganza en la medida de sus fuerzas.
II. Se crea un aparato llamado Estado, dotado de fuerza legítima, capaz, suficiente, eficiente, para hacer justicia (dar a cada quien lo que le corresponde), y proporcionar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos.
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III. El Estado hace uso de fuerza legítima y no de violencia, ya que, si lo hiciera, sería un delito, para mantener el orden y la seguridad ciudadana.
IV. Fuerza que es legitimada por el Derecho y que está fundada en la Ley, para cumplir una función que es, como decíamos antes, mantener la vigencia del derecho, que es un medio para que exista orden y seguridad.
V. Sin Estado, no hay orden ni seguridad. Los derechos humanos son la limitante a la fuerza del Estado.
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VI. Si el Estado no ejerce la fuerza legítima y sí la violencia, rige la arbitrariedad y el abuso.
VII. El orden y la seguridad son primariamente productos de los controles sociales informales: familia, escuela, iglesia, etc. Solo cuando estos fallan, deben intervenir los controles sociales formales: policía, Ministerio Público, cárceles, etc. Si estos últimos no cumplen con su función, surge lo que se conoce como Estado fallido: la anarquía o su contraria, el autoritarismo, acompañado de violencia y abusos de la autoridad.
VIII. La creación de tipos delictivos en el Código Penal señalan qué elementos deben reunirse para que exista un delito, es además de un catálogo de hechos delictuosos que deben sancionarse, una garantía de libertad, esto es que si no se reúnen los elementos que señala el Código Penal, no habrá delito.
IX. Un sistema penal, para ser eficiente, debe ser acorde a las condiciones socio-históricas de una comunidad.
X. El exceso en el ejercicio de la fuerza ilegítima, esto es, el abuso de la misma, lleva al descontento y hasta la rebelión ciudadana.
XI. El exceso en la aplicación de los derechos humanos, llamado hipergarantismo, puede llegar a propiciar un Estado fallido, sobre todo, cuando la delincuencia supera los controles sociales formales en recursos económicos, humanos, tecnológicos; además, la ciudadanía está sumida en el hartazgo de la inseguridad y la percepción de que no existe posibilidad de cambio en un futuro inmediato.
XII. La falta de democracia, es decir, participación de la sociedad en la toma de decisiones fundamentales, la corrupción y la impunidad que ésta genera, son elementos propiciatorios para fortalecer una delincuencia organizada.
XIII. Para combatir este fenómeno se requiere de líderes políticos que representen los auténticos intereses de la sociedad, incluso, sociedad y gobierno deben trabajar unidos por encima de los intereses del grupo o partido.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
