A través de un comunicado, el abogado Luis Miguel Krasovsky Prieto, representante legal de la Asociación del Consumidor Mexicano, denunció que el tráfico de influencias de las empresas en el Poder Judicial Federal está deteniendo el desarrollo de las acciones colectivas en el país, como quedó en evidencia al no atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ejercida contra la empresa AT&T.
Introducidas a la legislación mexicana en 2008, las acciones colectivas es una herramienta para los consumidores de proveedores de productos o servicios, para hacer valer sus derechos de forma conjunta ante dichas empresas, beneficiando una sentencia favorable a todos quienes la suscriben.
Las acciones abanderan causas sociales no solo contra empresas abusivas con sus clientes, sino contra aquellas que con sus actividades ocasionan un daño al medio ambiente. De seguirse desarrollando, puntualiza el abogado, estas pueden extenderse a otras áreas del derecho.
“A cinco años de su existencia, las Acciones Colectivas se encuentran en una situación crítica, en virtud de que la corrupción judicial en la forma de influyentismo, está a punto de enterrarlas” sostiene Krasovsky, argumentando que en primera instancia, los Jueces de Distrito desechan el 70 por ciento de estas acciones.
Krasovsky señala que los ministros de la SCJN firmaron recientemente un Compromiso de Anticorrupción Judicial, en el que entre otras cuestiones, a combatir “todo intento de ejercicio de influencia indebida, ya sea política, económica, social o cualquier otra forma de influencia sobre el resultado de, o interferencia en, un proceso judicial”.
En México, existe el antecedente de fallos favorables a los usuarios de empresas de telecomunicaciones, como Nextel y Iusacell, obligadas judicialmente a compensar a sus usuarios por servicios deficientes o cobros indebidos.
