En el tema de los traficantes de droga, ¿qué esperan? o ¿a qué se atienen? El gobernador Francisco Vega de Lamadrid, los alcaldes Gustavo Sánchez (Mexicali), César Novelo (Ensenada), Tecate (Nereida Fuentes), Mirna Rincón (Rosarito) y Juan Manuel Gastélum (Tijuana), ¿acaso esperan dejarlo crecer al punto que sea imposible de controlar? Porque fingir que los cárteles no están en Baja California y hacer declaraciones al respecto, no ha sido para nada efectivo.
¿Cuál es el plan del Gobierno Federal desde la Procuraduría General de la República?, desde donde, en teoría, se debe combatir a los grupos dedicados a la venta y trasiego de droga, que, basados en el cuento de que en Baja California el problema es solo de narcomenudeo, se han desentendido totalmente de su obligación.
¿En qué cabeza puede caber esa mentira de la ausencia del crimen organizado? ¿Cuál es el afán de tapar el sol con un dedo? Cuando apenas esta semana la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que los militares aseguraron en el área de migración de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mil 500 kilos de marihuana, ese mismo día personal militar de la Segunda Región Militar destruyó cuatro plantíos de amapola y cinco plantíos de marihuana en Tecate y Ensenada. Además de tres pistas de aterrizaje de traficantes en Ensenada. Y en el puesto militar del “El Centinela” en Mexicali, aseguraron 38 paquetes de metanfetamina.
El mismísimo gobernador anunció que en lo que va de 2017 han confiscado 13 millones de dosis de droga, equivalentes a 164 toneladas, además de haber ejecutado 17 cateos a predios que estaban bajo el dominio del crimen organizado.
Adicionalmente, el lunes 24 de abril, la Border Patrol anunció que en estas fronteras ha decomisado en los últimos seis meses -entre octubre de 2016 y marzo de 2017- más de cuatro toneladas de marihuana, 587 kilos de cocaína, 725 kilos de metanfetamina y 2 mil onzas de heroína.
Esa droga no llega sola, entonces ¿por qué no vemos a los elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) viniendo a Baja California a recolectar la información de inteligencia de las policías, de las procuradurías, para después hacer operativos y detener a los responsables del trasiego?
En años recientes, lo único que hemos sabido de esa instancia fue en septiembre de 2016, cuando vinieron por el ex policía municipal Marco Tulio Carrillo Grande “El Marlon”, presentado como jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa, ese mismo mes desarticularon una banda de trata de menores y, la última semana de marzo, llegaron por una banda de traficantes de personas que operaba en Tecate.
De la Marina, los bajacalifornianos solo escuchan por los actos conmemorativos, del Ejército apenas se empieza a sentir la presencia, la delegación de la PGR siempre se ha mantenido ajena, salvo por los escándalos de robo de droga, protección de criminales o privación de la libertad a narcomenudistas, malos comportamientos, delitos que infortunadamente también cometen policías en otras corporaciones.
¿Cómo piensan solucionar el problema? Si no hacen nada tampoco respecto a los policías municipales que les cobran 20 dólares a los cinco, 10 o 20 vendedores de droga que detienen en las esquinas y no los turnan ante el Ministerio Público. Si ni siquiera investigan a los policías estatales que cobran de 5 mil a 80 mil dólares -según denuncias- por turnar a los traficantes con menos droga, para fingir que cumplen con su trabajo y al mismo tiempo obtener dinero del narco.
Esta semana, finalmente el gobernador Francisco Vega de Lamadrid reconoció la realidad, fueron necesarios tres años y cinco meses de gobierno para que hablara con todas sus letras de la existencia de los cárteles Arellano Félix, Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa como responsables de los delitos de alto impacto y del pleito criminal por la plaza.
Si bien hablarlo y reconocerlo es un paso plausible hacia adelante, el asunto es que llega tarde, por lo que es insuficiente, lo que urge son las tan anunciadas nuevas estrategias o sus reforzamientos, porque decir que están coordinados, andar juntos, anunciar patrullajes o instalar campamentos en las zonas de mayor incidencia, son acciones que se están quedando cortas.
Prueba de ello la soberbia manifiesta por los criminales que en los últimos siete días se han dedicado a amenazar a las instituciones, colgaron mantas y cartulinas acusando funcionarios, quemaron una patrulla y atacaron a balazos a dos ministeriales y dos policías municipales.
Si las corporaciones son amenazadas sin que haya una respuesta y se exhiben incapaces de protegerse, ¿qué puede esperar el ciudadano común de un gobierno que con tal de no resolver el problema, irresponsablemente lo niega?
