Desbordado el robo de hidrocarburos, autoridades y legisladores buscan soluciones. En los primeros dos meses del año, los “huachicoleros” alcanzaron el 24 por ciento de las tomas clandestinas de todo 2016. Las bandas fueron detectadas desde 2008-2009 en los estados de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, pero no fueron desmanteladas. Similar al combate al narcotráfico, el uso de las Fuerzas Armadas contra los “chupaductos” ha permitido la corrupción de algunos de los militares
De no poner un freno a la ordeña de los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y disponer de candados legales para impedir que los ladrones de hidrocarburos recuperen su pronta libertad, 2017 estará condenado a batir todos los récords en cuanto a este tipo de ilícito en México, según esbozan los indicadores durante los primeros meses del año.
Tan solo entre enero y febrero del año en curso, los grupos criminales que perforan la red del trasiego de combustible para extraer los diversos productos han dejado la huella de su accionar en mil 647 tomas clandestinas, según estadísticas proporcionadas por la Unidad de Transparencia de PEMEX, lo que representa el 24 por ciento de la totalidad de horadaciones perpetradas por los delincuentes durante el año inmediato anterior, cuando fueron 6 mil 873.
Los estados que lideran la deshonrosa actividad delictiva son Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, el Estado de México e Hidalgo, donde el número de extracciones ya rebasa los tres dígitos, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas a la paraestatal y en ocasiones desabasto momentáneo en estaciones de servicio.
Al problema se suma la coacción de los delincuentes organizados a algunos franquiciatarios para que adquieran gasolina o diesel robados, así como la impunidad de que gozan los criminales que llegan a ser apresados por las autoridades, pues recuperan su libertad de manera rápida al no tratarse de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) durante los últimos diez años han sido capturados 2 mil 934 presuntos delincuentes que participan en la cadena de perforación, extracción, trasiego y venta de combustible de los ductos de PEMEX, de los cuales fueron consignados mil 652, sujetos ante diversos jueces federales, recuperando su libertad mil 282 de ellos; es decir, el 44% del total. El pretexto más recurrente en el antiguo sistema de justicia, mixto-tradicional, es la mala integración de las indagatorias.
Destaca el hecho de que en ese lapso de tiempo, 144 trabajadores de PEMEX han sido llevados ante el Ministerio Público de la Federación y/o ante jueces. La mayoría de estas detenciones ha ocurrido en los mismos estados señalados como los de mayor incidencia delictiva.
Foto: Hilda Rios/Cuartoscuro.com
Luego de los hechos violentos registrados el 3 de mayo en Palmarito, en el Estado de Puebla, donde murieron cuatro soldados y seis civiles en un enfrentamiento relacionado con el robo de hidrocarburos, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, advirtió que la sustracción de gasolina a través de tomas clandestinas es un problema añejo que creció por las omisiones de algunas autoridades.
Por su parte, el ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, pidió que se destinen recursos para capacitar y depurar a los policías estatales y municipales, con lo que se podría hacer frente al robo de combustible. En tanto, legisladores de la Cámara alta planean realizar reformas para dotar de herramientas jurídicas y punitivas de mayor envergadura a las autoridades de procuración y administración de justicia, y revertir el flagelo.
Bandas impunes
La identificación de las principales bandas de “chupaductos” obra en archivos de PEMEX y en averiguaciones previas de la PGR. Algunos de los miembros de estas células fueron detenidos y sus cómplices-no capturados- se encargaron de fortalecer nuevos grupos delictivos. Con el tiempo, unos de los aprehendidos recuperaron su libertad al contratar a defensores que se han convertido en “expertos” en destrabar los entuertos de la “justicia”.
Entre 2008 y 2009, trabajadores de PEMEX, de distintos rangos, señalaron la problemática a los investigadores de la paraestatal y a agentes del Ministerio Público federal, y de algunas de las entidades federativas con mayor incidencia en este tipo de ilícitos. Ahí se conoció de la implicación de algunos trabajadores con las bandas delincuenciales.
Uno de los grupos más antiguos, con antecedentes desde 2003, es el de Pedro González Vallejo “El Camisa”, según refieren trabajos de inteligencia realizados en el Estado de México. Los “huachicoleros” ofrecían dinero a representantes de autoridad para que les permitieran transportar hidrocarburo robado en la zona de Toluca. Trabajadores de Exploración y Producción de PEMEX, en Tierra Blanca, Veracruz, estaban coludidos.
Jefes de los departamentos de Seguridad Física en Coatzacoalcos y Salamanca fueron investigados en la época, pues denuncias anónimas, presuntamente formuladas por propios trabajadores de la petroquímica, los señalaban como soplones y protectores de ladrones de hidrocarburos, entre ellos uno al que apodaban “El Pollo”, quien les retribuía sus servicios con cantidades de dinero que no se conocieron.
De la información recabada a principios de la década, se estima que las mismas organizaciones criminales, más otras tantas nuevas, continúan operando. En los informes de inteligencia se cita a un “gasotraficante” que opera a nivel nacional bajo el seudónimo de “El Patrón de Patrones”. En la lista se incluye a elementos policiales que engrosaron las filas de la delincuencia y a propietarios de estaciones de servicio que compran el producto robado a PEMEX.
En la Superintendencia de Inteligencia de PEMEX se cuenta con información de los grupos criminales, pasados y presentes, que sustraen hidrocarburos de las redes de ductos de la paraestatal. En su declaración, un empleado de dicha área atestiguó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que además se recababan datos de empresas que compraban los productos robados.
La banda de “Los Mondragón” es encabezada por Joel Mondragón, quien opera en Vega de Alatorre, Cardel y Tuxpan, Veracruz. Mientras que la célula delictiva de Otón Muñoz Bravo, realiza perforaciones en ductos de Veracruz, La Tinaja y en Puebla. En Tula, Hidalgo y en el Estado de México, se menciona la actividad ilícita de la banda de Antonio Estrada Gutiérrez “El Lagarto”.
La banda de “Los Diablos”, liderada por Israel Quijano Arenas, opera en Poza Rica, Veracruz, así como en Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Tamaulipas; mientras que, la célula delictiva del “Comandante” Carlos López Cobos, tenía su centro de acción en Nopala, Hidalgo.
Foto: Hilda Rios/Cuartoscuro.com
Entre personajes del ámbito político se relaciona a una ex presidenta municipal de Otumba, Estado de México, como familiar y coordinadora de la banda de “Los Espinoza Franco”, junto con Francisco de los mismos apellidos. A un sujeto de nombre Jorge Montero Viveros, se le relaciona con la dirección de otro clan de ladrones de gasolina con influencia en el Estado de México, Coatzacoalcos, Tabasco, Tamaulipas y Salamanca, Guanajuato.
Los líderes de otras bandas han sido detenidos. Unos siguen presos librando procesos penales y obteniendo cambios de prisiones de máxima seguridad a centros carcelarios menos rígidos. Otros han recuperado su libertad y puesto en duda su presunta reinserción a la sociedad.
Así cayeron los jefes de las organizaciones delictivas “Villanueva Virgen” y Guízar Pavón, quienes tuvieron por destino penales en Puente Grande, Jalisco. El primero, apodado “El Roba Vacas”, operaba en Salamanca y tenía varias gasolineras en Oaxaca y Veracruz, las cuales se encontraban entre Orizaba y Córdoba, otra en Matías Romero, Oaxaca y Sabino, en Toluca. El segundo tenía control en Tierra Blanca, Veracruz, y Monterrey, Nuevo León, con conexiones en otros estados. Finalmente, la banda de Rubén Rivera Canseco operaba en Tierra Blanca.
Hoy los líderes “huachicoleros” más buscados son: Antonio Martínez Fuentes “El Toñín”, originario de la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, en Puebla, donde el 3 de mayo se enfrentaron a balazos presuntos delincuentes y soldados con saldo de diez personas muertas, seis de ellas militares y once lesionados.
“El Toñín”, al que conocen en su tierra como “El Amigo” por su supuesto altruismo hacia la clase socioeconómica más necesitada, es protegido por los pobladores, a quienes entrega despensas, regalos y dinero en efectivo.
Además, en Palmarito son señalados Ruselbi Vargas Hernández “El Ruso” o “El Rucel” y Gustavo Adolfo Jiménez Martínez “La Vieja”, con su lugarteniente Noé Bernardo Silva “El Cuca”, quienes según investigaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la fiscalía estatal, pagan 12 mil pesos mensuales a mujeres y niños para servir de “escudos” y “halcones”.
También en Puebla, son considerados “gasotraficantes”, el ex policía municipal y ex comandante de Acultzingo, Saúl y/o Roberto de los Santos de Jesús “El Bukanans”, jefe de “Los Buchanans”, en el poblado de Los Ricardos, en Ciudad Cerdán. Y Areli Pérez Juan “La Negra”, quien ordena la extracción de combustible y otros delitos en los límites de Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.
Soldados en quema
Así como el uso de las Fuerzas Armadas en el combate contra el tráfico de drogas trajo como consecuencia la corrupción de algunos de sus elementos -que se vincularon con los narcotraficantes-, en el caso de Puebla, el apoyo del Ejército Mexicano en el combate de los “huachicoleros” no está exento de la cooptación de algunos soldados.
En agosto de 2015, el Teniente de Transmisiones, Domingo Murrieta, adscrito al Octogésimo Batallón de Infantería, fue acusado de sustraer hidrocarburos del interior de una bodega asegurada en la colonia San José Tuzuapan, municipio de Quecholac, Puebla, para venderlos a un particular. Un piquete de soldados al mando del señalado resguardaba el inmueble en espera de que el Ministerio Público federal obtuviera una orden de cateo de parte de un juez de distrito.
El acto nefasto fue conocido gracias a la valiente denuncia del soldado que estaba comisionado como vigilante durante la madrugada, mientras sus compañeros descansaban en una camioneta de la dependencia castrense. Su superior trató de silenciarlo ofreciéndole la cantidad de 100 pesos.
“Ten wey, cien varos”, le dijo el teniente al vigía, quien observó cuando el primero se introdujo hasta en tres ocasiones a la finca para sacar tres garrafas con unos 50 litros de gasolina y dos bombas electromecánicas de agua, mismas que entregó a un civil que había llegado en una camioneta y presuntamente pagó 400 pesos por el combustible y los objetos.
A pesar que Murrieta estaba al mando de esa comisión, a la mañana siguiente fue arrestado por órdenes del General Comandante del referido batallón. El militar negó su responsabilidad en los hechos, pero el testimonio del soldado, y posteriormente del civil que fue localizado y rindió declaración, fueron concluyentes.
Aunque la averiguación previa por el suceso fue iniciada de inmediato, fue hasta mayo de 2016 cuando al Teniente de Transmisiones le fue ejercitada la acción penal, quedando a disposición del Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, quien le dictó auto de formal prisión por su probable participación en la comisión de los delitos de infracción de deberes militares correspondientes a cada militar, según su comisión o empleo, ejercicio indebido de servicio público y cohecho. Murrieta fue internado en la Prisión Militar en la Ciudad de México.
