Por Ley y de acuerdo a lo expresado en los informes de Jorge Armando Vásquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Baja California, la obligación de esta instancia es “impartir y administrar justicia, trabajar conjuntamente con las demás áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial del Estado”. De la ineficiencia en el cumplimiento pleno de esta función habla al rezago judicial, y la pobre administración de los recursos que tiene a Juzgados enteros sin material, sin insumos, sin seguridad y con necesidades para llevar los juicios de manera eficiente.
Afuera se sabe poco de cómo afectan al funcionamiento efectivo del Poder Judicial, las luchas internas por el poder, pero es evidente que la pugna grupera termina por generar efectos negativos. Por ejemplo, recordemos que el actual presidente del TSJE está a punto de concluir su periodo como titular del Poder Judicial en noviembre de 2017, puesto al que llegó después del suicidio de su predecesor, Antonio López Magaña, en abril de 2015, así que le correspondió completar los dos años siete meses restantes del período, y según versiones de sus compañeros, está harto interesado en hacer uso de su derecho consignado a reelegirse por otros tres años.
Sin embargo, para lograrlo necesita la mayoría de los votos de los 17 magistrados, y ya no goza de la simpatía del grueso del grupo.
Lo curioso es que algunos de los votos de sus actuales compañeros los perdió precisamente por haber evidenciado un desmedido interés en apoyar la designación de sus amigos y compadres -léase votos a su favor- en la máxima magistratura del Estado, y con eso, permitir que sus intereses particulares afectaran y sigan afectando la designación de magistrados que desde hace varios años deberían haber sido nombrados.
Desde junio de 2015 se obstaculiza la designación del magistrado que debe suplir a Marco Antonio López, quien ya cumplió más de dos años de haberse suicidado. Y son diez meses en el caso del nombramiento de quien ocupará el puesto de Carlos Cataño, inhabilitado y separado del cargo en julio de 2016 por “notoria ineptitud al favorecer a importadores de autos usados (…) cuando era secretario en el Juzgado Tercero de Distrito en Mexicali”.
El proceso para suplir al primero se inició, sin embargo, todo fue que sus amigos y compadres evidenciaran con los resultados en el proceso de evaluación que no estaban a la altura del cargo que buscaban -dado que no aprobaron los exámenes de conocimientos y práctica-, para que ellos mismos entramparan el proceso de elección.
Estos aspirantes a convertirse en los máximos juzgadores del Estado, optaron por el amparo, recurso favorito de los magistrados del tribunal bajacaliforniano, dado que la mayoría de ellos lo ha usado para permanecer en ese privilegiado puesto que les da un sueldo de 107 mil 206 pesos mensuales y 113 mil 734 pesos para el presidente.
De hecho, nueve de los 13 magistrados numerarios actuales -más el presidente y tres magistrados supernumerarios, son 17- lograron en 2005 su permanencia e inamovilidad -concepto que no existía, ni existe en la legislación estatal-, tras haber sido removidos de su cargo por el Congreso en 2001, y reinstalados luego de recibir el amparo de la justicia federal.
En 2015, la magistrada Miriam Niebla fue reinstalada en el Consejo de la Judicatura, luego que había sido retirada al haber concluido en 2014, el período de la magistrada a la cual suplía desde 2013; la reinstalación la logró a través de un amparo donde demostró que no había sido una suplencia, sino que fue electa por cuatro años.
En temas recientes, aunque con amparos promovidos incluso dos años atrás, el magistrado supernumerario Víctor Fernández Ruiz de Chávez y el juez Marcelino Zepeda Berrelleza tienen atorada la designación del magistrado que llegará a ocupar la silla que Marco Antonio López Magaña dejó vacía.
Los magistrados son quienes administran la justicia, sin embargo, no demuestran interés en acatar las leyes cuando se trata de elegir a uno de los suyos. No respetan el espíritu de la Ley, ni los procesos de selección que buscan la llegada de los más aptos y capacitados a la magistratura, sino se dedican a buscar huecos, interpretaciones dentro de los márgenes para manipularla a su interés.
Así el Congreso y todos los bajacalifornianos nos vemos obligados a bailar al ritmo que estos juzgadores deciden litigar, al punto que los diputados como representantes de uno de los tres poderes, están por presentar un acuerdo económico para exhortar al Poder Judicial “para que respete los términos de inicio de los procedimientos para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.
Infortunadamente esto no garantiza que los magistrados y aspirantes a magistrados decidan dejar de poner trabas al proceso de evaluación e iniciar un concurso que permita la llegada de las personas con más méritos o los mejores parámetros en las evaluaciones.
Sin embargo, como lo evidencian los diputados, urge que los postulantes se dejen de politiquerías y amparos, y se sometan a la Ley que juraron cumplir y hacer cumplir, para que empiecen a tomar decisiones, porque se avecinan cambios y más vacantes.
De entrada, por tiempos, los diputados iniciarán el proceso de ratificación de los magistrados Mireya Beltrán, Mirian Niebla y Salvador Ortiz, y en enero de 2018, por edad, ocurrirán las salidas de los magistrados Raúl González y, en junio del mismo año, de Félix Herrera.
Después de dos años, parece que toca seguir esperando cuáles otros recursos encuentra el Poder Legislativo para obligar al TSJE y sus aspirantes mal calificados en la primera parte de las evaluaciones, a cumplir con los procesos consignados en Ley, y esperar a que demuestren tal vez, un poco de vergüenza, ética y consciencia social.
