El Presidente de la República se vio obligado a dar una postura tras el asesinato del fundador del semanario Ríodoce en Culiacán, Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, después de la presión ejercida por comunicadores, medios, líderes y organizaciones nacionales e internacionales. Con su gabinete y gobernadores, presentó acciones… una vez más
Acompañado de su gabinete de Seguridad, de Economía y de Desarrollo Social, acuerpado con 24 gobernadores de los diversos estados, en un acto al modo presidencial, Enrique Peña Nieto dio a conocer sus “Acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”. Lo hizo sin una sola de las organizaciones de defensa y protección de los periodistas presentes.
En el formato anquilosado de la Presidencia de la República, Peña se indignó. Pidió un minuto de silencio “por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente, en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado”, un día después de la indignación del gremio periodístico y la sociedad mexicana, tras conocer del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce en Culiacán, Sinaloa.
La realidad es que el mandatario aprovechó el momento para salir y “enfrentar” la situación, pero no para salir de su formato de decálogos que no han funcionado. Más retórica: “No podemos permitir como sociedad, y menos como gobierno, la censura ni las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión, ni de las nuevas plataformas digitales”, que acciones.
Incluso parafraseó el grito de denuncia y batalla de los periodistas: “Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando periodistas”.
Se sabe con cifras actualizadas del seguimiento que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que de las 197 averiguaciones previas iniciadas desde el año 2000 para investigar los asesinatos de 126 periodistas, además de 20 desapariciones y 51 atentados contra medios de comunicación, tan solo en 17 de ellas se ha dictado sentencia.
Según la organización internacional Artículo 19, se lleva un registro de 105 muertes de comunicadores mexicanos y 23 desaparecidos en los últimos 17 años; 32 de ellos en el actual gobierno de Peña Nieto, 48 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y 22 durante la administración de Vicente Fox Quesada.
Este año ya son seis los comunicadores asesinados: Cecilio Pineda Brito, director del periódico La Voz de la Tierra Caliente (Guerrero); Ricardo Monlui Cabrera, director de El Político (Veracruz); Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y reportera de El Norte (Chihuahua); Maximino Rodríguez Palacios, periodista de Colectivo Pericú (Baja California Sur); Filiberto Álvarez Landeros, locutor de un programa de poesía (Morelos); así como el propio Javier Valdez Cárdenas.
Según la agencia francesa AFP, de la cual el periodista sinaloense era corresponsal, el 99.7 por ciento de los casos siguen impunes pese a que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), en 2010.
Ante estas apabullantes cifras negras, el Presidente Peña Nieto dijo que el Estado mexicano tiene el compromiso para garantizar la libertad de expresión.
Ante el grito de “Justicia” y “No más discursos” desde el área de prensa, el Ejecutivo federal señaló que su gobierno “ha sido respetuoso de la libertad de expresión”.
Se justificó: “Entiendo su indagación a la que nos solidarizamos, estamos aquí no para dirigir discursos, sino para reafirmar compromisos para combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune y se encuentre a los responsables”.
Prometió: “… Estamos resueltos de dar con los responsables de que hayan cometido los hechos tan lamentables a quienes estaban en su trabajo periodístico. La violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida entre la sociedad (…) que lastima a México y ha generado una gran indignación”.
Insistió: “La violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana (…) Como Presidente de la República actuaremos con firmeza para detener y castigar a los responsables. No podemos permitir como gobierno la censura ni labor de la prensa, una democracia plena requiere que nadie calle su voz, tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando periodistas”.
Y se rasgó las vestiduras: “Lucharé hasta el último día de mi mandato para el ejercicio pleno del periodismo profesional y valiente que México necesita. México tiene que distinguirse por ser un país democrático y defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, a los periodistas y a los defensores de derechos humanos”.
Como en otras ceremonias privadas de su gobierno, acompañado de su gabinete y gobernadores, Peña Nieto dio a conocer sus acciones por la libertad de expresión:
- “Se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este Mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas”.
- “Se establecerá un Esquema Nacional de Coordinación con las entidades federativas y un Protocolo de Operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. Su instrumentación estará a cargo del Mecanismo Federal, cuya Junta de Gobierno incluye, como aquí se ha señalado, a representantes de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del Gobierno de la República”.
- “Fortaleceremos la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, a través de las siguientes medidas: más personal y mejor capacitación a ministerios públicos, policías y peritos. Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración. Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad. Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos. Apoyo a las entidades en la creación de unidades o ministerios públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad. Y la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión”.
Hasta ahí las acciones de un Presidente que se vio obligado a salir y ser responsable del clima de adversidad en que se practica el periodismo en México. Solo faltan las acciones. Y, en efecto y de manera expedita, dar con los responsables del asesinato de Javier Valdez, y todos los periodistas que han sido asesinados en México.
