La diputada federal Nancy Sánchez Arredondo pidió al gobierno de Baja California, encabezado por Francisco “Kiko” Vega, transparentar el uso de 590 millones de pesos en fondos federales que ha recibido desde el inicio de su administración.
Precisó que, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, el gobierno panista ha recibido cientos de millones de pesos que no se han visto reflejados en el combate a la criminalidad.
Esto porque de acuerdo con diversas organizaciones como Semáforo Delictivo, Baja California ocupa el primer lugar en robo a casa habitación, segundo lugar en robo a vehículos y negocios, tercer lugar en homicidios, sexto en lesiones, séptimo en violaciones y octavo en extorsiones.
Sánchez Arredondo hizo un llamado al presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, el panista Jorge Ramos Hernández, para que aprobara la Ley de Mando Único, pues consideró que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) mantiene esta legislación como rehén entre tanto no se apruebe la Ley de Seguridad Interior.
Sin embargo, Jorge Ramos acusó al PRI de mantener “en la congeladora” la Ley de Seguridad Interior, sin la cual no se puede regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
No solo eso, sino que el ex alcalde de Tijuana acusó “en Baja California estamos viviendo el abandono de las fuerzas militares en cuanto a acciones de inteligencia”.
Añadió “el combate al crimen organizado en materia de narcotráfico, le corresponde al gobierno federal… en los últimos cuatro años, ¿cuáles detenciones se parecen a las del sexenio anterior?, ninguna”.
Mientras el PRI apoya la iniciativa de Mando Único Policial, el PAN empuja la iniciativa de Mando Mixto Policial. Al respecto, la priista advirtió que el modelo impulsado por los legisladores panistas “es el que se tiene en Baja California, en el que nadie se hace responsable de las fallas y los errores”.
Como respuesta, Ramos comentó que el Modelo Mixto Policial ya se aplicó en Baja California durante el sexenio de Calderón cuando “declaró prioridad nacional a Tijuana y Mexicali en seguridad y se vieron a fuerzas armadas tomando la iniciativa, no pidiendo permiso ni condicionando su actuación”.
No obstante, Sánchez Arredondo hizo un llamado a su compañero en la Cámara Baja a debatir sobre la aplicación de los recursos federales para seguridad pública, invitación que dijo, no aceptó el diputado.
“Lo que habrá que aclarar a través de un debate racional y respetuoso es si hubo incapacidad, desinterés o apatía por parte del gobierno del estado o, como se parece ser el caso del diputado Ramos, consecuencia de la desconfianza y desinformación”, expresó.
“Tal vez el diputado Ramos no quiera debatir porque no cuenta con la información suficiente o no tiene la coordinación adecuada con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid -o las dos cosas- sobre lo que se ha hecho con el presupuesto en el tema de la seguridad”, expresó a través de un comunicado de prensa.
Para el panista, se trata de un juego político. “Sabemos quiénes son los líderes del crimen organizado en Tijuana ¿Por qué los está protegiendo el nivel federal? Están operando con total impunidad por parte del gobierno federal”, afirmó.
Estas declaraciones se dieron luego de que el sector privado en Baja California denunciara el ambiente de inseguridad por el que atraviesa la entidad y solicitara el apoyo de las fuerzas armadas.
De ahí que Ramos se uniera a la petición de que se convoque a un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para la votación y aprobación de las iniciativas de Mando Mixto, Seguridad Interior y la Ley de Armas.
Mientras tanto, Nancy Sánchez insistió en que se aclare a los bajacalifornianos dónde están los recursos federales destinaron a seguridad y en qué se gastaron.
“Cuando vemos que Baja California aparece de nuevo en los primeros lugares en materia de inseguridad a nivel nacional, por supuesto que se encienden las señales de alarma que no sindican que algo está fallando y que debemos actuar en consecuencia”.
