Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, dijo que la reunión del Gobierno Federal con gobernadores, acontecida el pasado miércoles, llegó tarde, toda vez que se debió de haber hecho un pronunciamiento desde el primer periodista asesinado durante la administración de Enrique Peña Nieto. Además, recalcó que tampoco se ha hablado de que el Estado va a iniciar investigaciones en contra de las propias autoridades.
Según la organización internacional en defensa de la libertad de expresión, se lleva un registro de 105 muertes de comunicadores mexicanos y 23 desaparecidos en los últimos 17 años. 32 de ellos en el actual gobierno -6 tan sólo este año-, 48 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y 22 durante la administración de Vicente Fox Quesada.
Ruela Serna afirmó que desde hace tres años la ong que ella dirige había alertado sobre el incremento súbito de las agresiones a periodistas, sin embargo, no se había recibido ningún comunicado ni ningún pronunciamiento por parte de las autoridades.
Entrevistada por el periodista Ricardo Rocha en su noticiero matutino de Radio Fórmula, la directora de Artículo 19 dijo que los gobiernos -tanto federal como locales- siguen sin reconocer que la mayor amenaza contra la prensa son los propios funcionarios públicos.
Según un informe estadístico emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob), con motivo de 265 casos de periodistas que se han integrado al Mecanismo de Protección durante el gobierno del presidente Peña Nieto, 98 funcionarios públicos fueron “probables agresores” de periodistas, contra 84 casos en los que los ataques provinieron de “particulares” y 83 de “desconocidos”.
El informe de Segob indica, además, que este patrón se repite en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos: en 79 casos, las agresiones provinieron de servidores públicos, contra 76 ataques de desconocidos y 65 de particulares.
“No podemos hablar de posibles resultados mientras no haya un reconocimiento claro sobre esto, porque el Estado está trasladando la responsabilidad de las agresiones a otros actores y no a los propios actores que conforman el Estado, que han sido identificados en el 53 por ciento de los casos por las víctimas como funcionarios del Estado”, señaló.
Ana Cristina Ruelas reiteró que más allá de las acciones anunciadas el pasado miércoles, esperan que haya resultados en el corto plazo, es decir, “una rendición de cuentas real. En la que el Estado reconozca qué es lo que ha hecho y ha dejado de hacer para que exista una violación sistemática a los derechos de los periodistas en México”.
“Necesitamos tener resultados en cuanto a investigaciones que den pauta a consecuencias para los culpables. Necesitamos resultados en el corto plazo. No podemos seguir hablando de acciones sin fondo. Necesitamos ver que esas acciones tienen un efecto positivo en la disminución de las agresiones contra la prensa”.
Ruelas Serna agregó que de ello dependerá de que haya una investigación diligente y de que exista una verdadera intención del Estado de castigar a los perpetradores hasta el más alto nivel.
