Homicidas y violadores han obtenido por petición de la PGJE de Baja California, juicios abreviados con los que logran purgar condenas reducidas los primeros, y la libertad los segundos, para indignación de las víctimas. En diez años, en Mexicali solo se han realizado 167 juicios orales, y por procedimiento abreviado se han consignado 4 mil 246 expedientes
La modalidad de juicios abreviados dentro del catálogo de herramientas del Sistema Penal Acusatorio se convirtió de ser una excepción, a la regla general para la resolución de conflictos, y para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en un salvavidas que mantiene el nuevo sistema penal apenas a flote.
En diversas entrevistas a agentes del Ministerio Público y a funcionarios de la PGJE, señalan que una de las condicionantes para la realización de los juicios abreviados es la incapacidad de la procuraduría estatal para investigar, por lo que en muchos de los casos, cuando “no están bien agarrados”, proponen al imputado esa opción; igual sucede cuando los “investigadores” de la PGJE solo cuentan con la declaración de la víctima y no con pruebas periciales.
Lo que en principio se trataba de una situación extraordinaria para llegar a la justicia, ahora es justificante para no investigar, así lo demuestran los números que ofrece el Poder Judicial: del 11 de agosto de 2010 al 31 de marzo de 2017 se han judicializado 16 mil 961 expedientes, de estos se han ido por procedimiento abreviado 4 mil 246, y se han celebrado 167 juicios orales.
En Tecate, luego de la implementación del Sistema Penal Acusatorio el 11 de noviembre de 2015, se han judicializado 321 expedientes, de los cuales 42 se resolvieron por procedimiento abreviado y apenas han realizado cinco juicios orales, cuatro con sentencia condenatoria y una absolutoria.
En Ensenada, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) se aplicó hasta el 11 de noviembre de 2016, pero los datos son muy similares: de los 541 expedientes judicializados, 96 se fueron por la vía abreviada y solo dos a juicio oral, uno con sentencia condenatoria y otro que se encuentra pospuesto.
En Playas de Rosarito no existe ningún juicio oral hasta el momento, pero sí seis expedientes abreviados de los apenas 91 archivos judicializados.
Tijuana tiene mil 250 expedientes judicializados, de los cuales 147 se fueron por procedimiento abreviado y solo se han celebrado tres juicios orales, dos con sentencia condenatoria y uno con sentencia condenatoria sin debate.
Mientras en Tijuana los procedimientos abreviados alcanzan poco más del 10 por ciento, en Mexicali ya triplican esa cantidad. Especialistas reflexionan que podrían estar abusando del recurso.
En contra del derecho
El vicepresidente del Colegio de Abogados Libres del Derecho, Fernando Rosales, indicó que el procedimiento abreviado es una figura novedosa dentro del Sistema Penal Acusatorio, además de atractiva, debido a que reduce hasta un tercio la pena mínima que se le puede imponer a una persona.
Fernando Rosales
Un ejemplo fue el primer caso de feminicidio en Mexicali, donde el acusado Cristian Ruiz Pérez acordó junto con la fiscalía una condena de 18 años de prisión tras confesar que ahorcó a su esposa Brenda Patricia Ramírez González.
Para este tipo de conductas la Ley estipula una pena mínima de 20 años de prisión y la máxima de 50 años en casos de feminicidios, por lo que mediante procedimiento abreviado se “logró” una condena de apenas 18 años, y con buen comportamiento, pudiera reducirse hasta nueve años.
En aquel momento hasta el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, se dijo molesto por la sentencia: “El mismo sentimiento de muchos ciudadanos lo tengo yo, y no muy bueno”, opinó sin conocer que la propia PGJE había optado por el juicio abreviado y “culpó” al Poder Judicial por la sentencia.
Rosales explica:
“El procedimiento abreviado en mi concepto jurídico es una acción que es contra natura del propio Derecho Penal, porque en éste se establece con claridad la penalidad a imponer. En pocas palabras, el procedimiento abreviado es un obsequio que le hace la propia Ley a quien comete un delito, haz de cuenta que lo premian y es lo que yo crítico, eso va contra las victimas u ofendidos. Lo más lamentable es que el que pide el procedimiento es el Ministerio Público, es el único facultado para pedirlo”.
Polémica se ha generado cuando se trata de delitos de violación en Mexicali. La pena va de seis a 15 años de prisión, pero una persona acusada de ese delito que es favorecida con el procedimiento abreviado, solo cumple una condena de cuatro años, lo que significa que puede salir en libertad con el beneficio de suspensión condicional de la pena, que aplica a delitos cuya pena es menor a cinco años de prisión.
“¿Dónde queda la víctima?, eso es donde se ha abusado del procedimiento abreviado en perjuicio de las victima u ofendidos, en la mayoría de los casos en beneficio de quien comete el delito”, indicó el abogado especializado.
Además, la PGJE ofrece juicios abreviados para algunos homicidas y violadores, pero a otros no, lo que cae en el “sospechosismo” de por qué solo a algunos se les otorga el beneficio: “Tenemos un sistema inadecuado, totalmente fracasado, que al amparo del procedimiento abreviado quieren sacar sentencias reducidas por el deterioro en la investigación y, claro, quienes cometen los delitos festejan los procedimientos abreviados como acuerdos preparatorios y suspensiones de proceso, lo que hace la puerta giratoria”.
Procedimiento abreviado ante la falta de investigacion
Vía transparencia, el abogado solicitó la cantidad de denuncias penales en Mexicali de 2010 a 2017, lo que dio como resultado un total de 350 mil casos, por lo que el hecho que solo se han judicializado 16 mil 900 y de esos solo existan 167 juicios orales, denota impunidad.
“El procedimiento abreviado ha generado más delitos, mayor impunidad y menor eficacia de las autoridades encargadas de procurador justicia o de prevenir el delito”, finalizó Fernando Rosales.
Por su parte, el abogado Juan José Castro Crespo señaló que fueron las autoridades estatales quienes operaron para que Baja California fuera de los primeros estados en poner en marcha el Sistema Penal Acusatorio, y ahora hay más inseguridad: “No pueden porque tienen que investigar y llevar un asunto bien planteado ante un juez; con los procedimientos abreviados, un Principio General Constitucional es muy difícil que se vaya a derogar, porque son los principios del Nuevo Sistema de Justicia”.
— ¿No se ha abusado de eso debido a que la procuraduría no investiga y ofrece este tipo de convenios a los imputados?
“Sí, cuando no tengo argumentos para poder debatir un juicio oral, obviamente el Ministerio Público va a querer que llegues a un procedimiento abreviado, si no tiene registros, antecedentes y las pruebas en la carpeta son insuficientes, obviamente te va a ofertar una pena minina”, expuso.
Privilegian soluciones alternas
Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora de Justicia del Estado, aseguró que la utilización de los procedimientos abreviados en Mexicali en comparación del resto de Baja California es “un porcentaje alto, es un medio alternativo de solución y de resolver asuntos, aunque a veces es criticado porque obviamente hay beneficios para el imputado. Lo que siempre se busca es que la víctima tenga conocimiento de este procedimiento y que esté resarcido el daño patrimonial de que haya sido víctima”.
El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, no quiso entrar en polémica en el tema de los juicios mediante el procedimiento abreviado: “Es importante atender las preocupaciones que se tienen en ese tema, y desde luego siempre dispuestos a poder promover alguna modificación que se requiera, las áreas técnicas, las áreas de la PGJE son las que en primera instancia hacen la propuesta para alguna modificación”.
Mientras el subprocurador de Justicia en Mexicali, Fernando Ramírez Amador, dijo que en el nuevo esquema de justicia se privilegian soluciones alternas y mecanismos de aceleración, “las soluciones alternas son los acuerdos preparatorios, suspensiones del proceso, varias alternativas que hay, y en cuanto a mecanismos de aceleración, estamos hablando del procedimiento abreviado, esto significa que se va a terminar con una sentencia que pudiera ser condenatoria absolutoria, pero en un menor tiempo”.
Según Ramírez, la Ley faculta al Ministerio Público negociar la pena con el imputado con el fin de obtener un resultado más rápido, sin tanta dilación en un juicio prolongado: “Tenemos un buen número de procedimientos abreviados al año, normalmente son sentencias condenatorias, aunque implican una disminución en la pena, que normalmente es un tercio. Muchas veces tienes una carpeta que no está integra para llevarla a un juicio y optas por un abreviado, te lo aceptan y adelante”.
Juan Jose Castro Crespo
Victoria Bentley, presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, afirmó que hasta el momento no existe iniciativa para la modificación de los juicios abreviados: “Lo que busca el nuevo sistema es un punto intermedio de que sea solucionada la afectación que tienen las víctimas y que no tengamos las cárceles llenas de detenidos, obviamente hay muchos casos que se van a través de un procedimiento abreviado, como son los accidentes de tránsito, lesiones y hasta el fraude”.
En cuanto a regularlo, consideró que se tiene que analizar a nivel nacional, la procuradora solicitó ampliar el catálogo de delitos para que no todo se tenga que ir bajo procedimiento abreviado y que se penalicen aquellos como el robo con violencia y violencia en casa habitación.
Por su parte, el director de Seguridad Pública de Mexicali, Ulises Méndez, opinó que el sistema fue concebido para tener el menor tiempo a las personas en la cárcel, por lo que se privilegia la reparación o los convenios con la víctima.
“Creo que en este sentido, mientras se garantice la seguridad de la propia comunidad y de la víctima, es procedente, sin embargo, las 14 medidas cautelares y el Catálogo de Delitos por el cual ameritan prisión preventiva está muy reducido y no atiende los temas de seguridad y la realidad del país”, remató el funcionario municipal.
