El daño que dejó la pasada administración sigue causando estragos al nuevo ayuntamiento de Ensenada. Compañías que facilitaron materiales, equipo y servicios al gobierno de Gilberto Hirata Chico por más de 30 millones que no se han pagado, consideran demandar
El daño patrimonial que dejó la pasada administración municipal según lo documentado por Sindicatura, tuvo repercusiones en todos los sectores de la sociedad, y los empresarios del giro de la seguridad no fueron la excepción, a quienes les adeudan unos 30 millones de pesos tan solo de la proveeduría del 2016.
Las compañías facilitaron materiales y servicios al ex alcalde Gilberto Hirata Chico, sin embargo, hay nueve empresas que surtieron de equipo con recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y que demandan el pago inmediato por alrededor de 30 millones de pesos.
El Secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa, recibió a la iniciativa privada, quienes han expresado “preocupación” porque tienen empeñados sus bienes, e incluso han advertido sobre la posibilidad de demandar.
“Estamos revisando las condiciones de los contratos y cada una de las cláusulas, la penalidad y si es que la deuda, de las compras que hicieron, generan algún tipo de interés”, agregó.
El dinero se usó para la adquisición de chalecos antimotín y antibalas, uniformes, sistemas de vigilancia, apoyo para jóvenes, cargadores, patrullas, hasta el que tenían contemplado para el pago de los ascensos policiales, cuyo proceso nunca se concretó, se lo gastó el Gobierno en otros rubros.
Amalia Vizcarra Berumen, Oficial Mayor Municipal informó que durante el proceso de entrega recepción se dio cuenta de varias irregularidades, incluso pasivos que desconocían que tuvieron que dar cuenta a Sindicatura para que ésta iniciara la investigación.
“Está en manos de la Sindicatura y la Auditoría Superior de la Federación, enviamos la lista de los proveedores y no podemos hacer el pago hasta que la autoridad nos dé instrucciones de que efectivamente son adeudos que tenemos que cubrir”, comentó la abogada quien por primera ocasión ha ocupado un cargo público.
Despilfarro mal invertido
El Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Daniel de la Rosa Anaya consideró que sin duda la adquisición de cámaras de seguridad es prioridad para ir ampliando el rango de cobertura, como parte de la coordinación, ya que la información que se obtiene de imágenes se concentra en el Centro de Operaciones Policiales (COP).
“Las cámaras son una medida preventiva y de investigación”, sugirió.
Informó que el recurso aprobado este 2017 del Fortaseg para Ensenada alcanza los 58 millones de pesos y destacó que una de las inversiones más importante para la ciudad debe ser la compra y reparación de cámaras de vídeo-vigilancia.
No obstante, mencionó que no se trata solo de comprar tecnología con dinero de Fortaseg sino que se use para el mantenimiento de las mismas.
“Pero de qué nos sirve una tecnología o recursos públicos que se están invirtiendo cuando ni siquiera se tienen la capacidad los analistas”, indicó el titular de la seguridad en el estado.
En COP, dijo, es donde confluyen las corporaciones municipales, estatales, ejército, grupos de rescate, policía ministerial, marina y cruz roja.
A comparación del año pasado en este la federación hizo un recorte de alrededor del 20 por ciento al fondo para la seguridad por motivos presupuestales.
IP sin paga
Gustavo Morachis, secretario en el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, opinó que una estrategia para mantener la seguridad en el puerto sin duda es el equipamiento.
“En muchas ciudades es común que áreas como el centro de la ciudad esté seguro con cámaras bien instaladas para poco a poco ir ampliando el rango de cobertura”, opinó.
Si el dinero se invirtiera en estos sectores, sugirió, pudiera ser una estrategia para que la sensación sea de seguridad.
Sobre el tema de impago el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco Coronado, declaró que la mayoría de los proveedores afiliados al organismo tienen el mismo problema, sobre todo el de la industria de la construcción.
Recordó que la totalidad de los recursos económicos del RAMO 33 se desvió y que desde entonces no les han pagado a ninguna empresa las obras que les contrataron.
Lo desafortunado, comentó, es que algunas de las construcciones fueron terminadas con recursos propios, lo que generó un “bache” económico en las empresas.
Ni el material de primer respondiente pagaron
Hasta las licitaciones de “kits” de primer respondiente se deben, todo se entregó cuando revisaron el recurso estaba ejercido completamente, se llevó el proceso de licitación, pero no se cubrió a pesar de que se dieron los fondos.
Vizcarra Berumen detalló que ciertas empresas recibieron hasta un 30 por ciento de anticipo, pero ya no se les saldó el adeudo.
Sobre cómo influirá este problema de impagos en las próximas licitaciones comentó que algunos concursos los licitarán a nivel nacional porque hay negocios que ya no quieren distribuir al ayuntamiento.
“Podemos hacer una licitación a nivel nacional porque si no le cubres al proveedor no le quedarán ganas de volver a participar, ésa será la percepción, pero lo pueden volver a hacer”, indicó.
En este gobierno no queda más que cuidar los recursos luego de encontrar una administración en número rojos debido al desvío de millones de pesos con los que ha tenido que lidiar el XXII ayuntamiento.
“Y quiero aclarar que estos desvíos son transacciones reales que hemos detectado”, remató la oficial mayor.
Recortan presupuesto a seguridad
Ricardo Gil Villafaña, subdirector administrativo, informó que el recorte para este 2017 será del 20 por ciento, y de 48 MDP que destinará la federación 10 MDP los proporcionará el ayuntamiento.
Adelantó que 7 MDP se invertirán en el programa del centro nacional de prevención, medio millón en 318 evaluaciones de control y confianza.
2.8 MDP serán para la compra de “kit” de primer respondiente como lámparas, banderines, gises, identificadores como también listón amarillo y rojo.
Para ampliar la red de vídeo-vigilancia, sobre todo en los accesos a la ciudad, habrá un recurso de 2 MDP y la misma cantidad de dinero para la adquisición de radios Matrix.
También se comprarán más camionetas, motocicletas, vehículos sedán, hasta bicicletas para la policía turística, agregó.
Gil Villafaña reconoció que el dinero que se use para estos fines estará sumamente vigilado por la Sindicatura.
