En colaboración pasada comenté: “He conocido el tema de la seguridad y el fenómeno de la inseguridad desde los más diversos ángulos…”
Terminé el más reciente artículo con un último párrafo donde dije: “Como en muchas ocasiones, el gobierno implementaba medidas incompletas, lo que resolvía un problema creando otros”.
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Esto se ha repetido, producto en algunas ocasiones de “buenas intenciones” de legisladores o de funcionarios, pero ha evidenciado una descoordinación interinstitucional y una visión de “túnel”, donde el promotor de la reforma pone en la mira su objetivo, pero perdiendo de vista el entorno, dando como resultado ciertas bondades del cambio, pero en tantas consecuencias negativas que quizá hubiera sido mejor que no alcanzara su meta.
Al paso del tiempo, el mérito de la reforma aprobada queda opacado por el reproche social.
Como si fuera una analogía cruel, en una especie de “paradoja del abuelo”, una vez más se da el caso de que quienes fueron elegidos por los votantes, en lugar de beneficiar a la población la lastiman con irreflexivas aprobaciones legislativas.
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En el caso mencionado en la colaboración semanal anterior, referíamos la desaparición del entonces punible delito de “vagancia y malvivencia”, lo que académicamente en su momento se consideró adecuado, pero no desarrollaron a la vez medidas para que la población no sufriera las consecuencias de que, por una parte, los vagos y malvivientes seguirían en las calles por largo tiempo, a la vez que fueron liberados cientos de ellos que se encontraban presos purgando una condena por ese ilícito.
Las consecuencias desgraciadamente han estado plenamente a la vista, saturadas vialidades y todo tipo de infrahumanos refugios para quienes viven en la peor ociosidad, buscando una salida aparentemente fácil a través de las drogas y como obviamente no tienen con qué comprarlas, se hacen de dinero robando y mendigando por doquier, dándose el peor de los espectáculos cuando en cualquier banqueta, a plena luz del día, sin importarles por supuesto el tránsito de familias enteras, se administran los estupefacientes y psicotrópicos o hacen sus necesidades fisiológicas a la horrorizada vista de los involuntarios testigos.
Por estos días hay una gran crítica a las autoridades policíacas porque nuevamente el llamado “bordo”, el centro de la ciudad y otros espacios públicos se están llenando de indigentes, pero además del desafortunado origen del problema, para variar, no ha sido atendido integralmente al paso del tiempo, generando una fuerte presión para la policía, la cual evidentemente, en una ciudad como la nuestra, tiene otras prioridades y la permanente vigilancia en las áreas mencionadas mengua la efectivad de la prevención del delito y la procuración de justicia.
Si de por sí ya era grave y complicado de atender el problema de los vagos y malvivientes, ya fuera desde el punto de vista humanitario, del de salud o de la prevención, la transformación de ciudad de paso de droga a el alto consumo local, así como las deportaciones y la incesable migración agravaron las cosas, especialmente en el centro histórico de la ciudad.
Retornando al tema de la Defensoría, de la otrora oficinita incrustada en “Tránsito del Estado”, llegó el momento en que con mucho esfuerzo y hasta llamadas de atención por presionar con exceso al gobierno, afortunadamente conseguimos que de seis, aumentáramos a treinta y nueve los abogados en dicha dependencia y de un espacio de dos metros cuadrados, lográramos un edificio muy funcional.
Esa labor, realizada por ese gran equipo, hizo las labores de Defensoría y hasta de Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual no existía en ese momento, lo que nos valió tanto que nos consideraran para esa posición cuando se creó la PDH, como que fuera llamado a ser nombrado Secretario General del Ayuntamiento de Tijuana.
Continuará…
Todo es cuestión de sentirnos seguros.
Alberto Sandoval es Coordinador de Alianza Civil, A.C. Correo: AlbertoSandoval@AlianzaCivil.Org Internet: www.AlianzaCivil.Org Facebook: Alianza Civil AC Twitter: @AlSandoval
