En un posicionamiento público presentado por el sector empresarial de Baja California se hizo “un llamado al gobernador, alcaldes y a los mandos policiacos para que se pongan a trabajar” y dijeron advertir que “algo está fallando en la cadena de mando”.
El reclamo lo expusieron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de: Tijuana, Kurt Honold Morales; Playas de Rosarito, Rafael Crosthwaite Reyes; Tecate, Teresa Ruiz Mendoza; así como de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres y Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Estatal de Seguridad pública.
Hernández Niebla expuso, “nos encantaría ver una propuesta integral en materia de seguridad por parte de ellos. Porque sí vemos voluntad, pero no vemos efectividad”.
Los empresarios puntualizaron las fallas que han detectado en materia de seguridad y que involucra a los 3 órdenes de gobierno.
“Sabemos que hay problemas de corrupción en el estado, es algo que no podemos negar, el asunto de la corrupción es un asunto constante que vamos a seguir viviendo, necesitamos esos liderazgos y esas estructuras en los mandos policiacos para poder minimizar y revertir este problema”.
Esta dificultad, anotó Hernández Niebla, “los bajacalifornianos la tenemos que resolver con los actores políticos que tenemos en Baja California en los tres órdenes de gobierno y no esperar que el secretario Osorio Chong venga y nos resuelva el problema”.
En el documento anotaron: “Es inocultable que hay un engranaje que no gira adecuadamente entre el área preventiva y la procuración de justicia”.
“Ya basta de reducirlo todo a una guerra entre grupos de narcotraficantes por el control de la plaza que no afecta al ciudadano común. Ya basta de decir que se están matando entre delincuentes y que los tijuanenses de bien vivimos tranquilos. Eso es falso, un no aceptamos que se siga redundando una y otra vez en esa explicación que ya no es válida”, expresaron.
En su demanda pidieron una coordinación real y efectiva entre las fuerzas de seguridad y las instancias de impartir justicia, “seguimos viendo recelos, desconfianza y juego de teléfono descompuesto entre las corporaciones. Lo que queremos es que esa coordinación se vea reflejada en la calle y se traduzca en resultados”.
“Vemos un foco rojo en materia de procuración de justicia y procesos penales. La policía detiene delincuentes que a los pocos días están de nuevo en las calles. Vemos un incremento en asaltos a comercios, transeúntes, robo a casa habitación, robo de autos, extorsiones”, expusieron.
Hernández Niebla comparó la ola de violencia que se enfrenta específicamente en Tijuana con la de 2008, por lo que pidió que el Ejército refuerce la vigilancia en las calles.
En su exigencia también involucraron a los legisladores federales, a quienes conminaron a tener en su agenda “como máxima prioridad el tema de las iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos y las reformas y adiciones a nuestra Constitución en materia de Seguridad pública, específicamente en el tema del mando único y mando mixto que se trabajan actualmente en la LXIII Legislatura”.
Finalmente concluyeron: “Hacemos un llamado a que cada quien haga su parte y asumimos nuestra corresponsabilidad como líderes empresariales y ciudadanos bajacalifornianos”, dijeron para luego anunciar que el sector empresarial ya trabaja en un esquema de seguridad que pronto será propuesto a las autoridades de Baja California.
Pero ni el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ni Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alcalde de Tijuana, municipio que ya supera los 500 homicidios en lo que va del año, aceptaron el reclamo hacia su desempeño como autoridad, argumentando que la inseguridad deriva del “nuevo Sistema de Justicia Penal”.
Kiko Vega reiteró que la inseguridad es un problema derivado del trasiego de droga y, por lo tanto, es la autoridad federal la que debe atender.
“El Patas”, por su parte, dijo no sentirse aludido, ya que “si se dan cuenta ustedes, por si no se habían dado cuenta, –la manifestación empresarial– va enderezada únicamente a unas reformas al código penal, no estrictamente al ámbito local”.
