A un mes del asesinato del periodista Max
Rodríguez,las investigaciones siguen sin
arrojar resultadosconcretos. Erasmo
Palemón Alamilla Villeda, procurador
general de Justicia en el Estado (PGJE)
habla de avances, pero no profundiza.
Mientras tanto, van 133 ejecutados
en Los Cabos
Ha transcurrido un mes desde el asesinato de Maximino Rodríguez Palacios, reportero de la fuente policiaca del portal Colectivo Pericú quien fue privado de la vida el 14 de abril del presente año al filo del mediodía cuando circulaba en su vehículo Sentra color azul en compañía de su esposa. En ese momento un comando armado disparó en repetidas ocasiones cuando se disponía descender de su vehículo en una plaza comercial del municipio de La Paz.
A la fecha no se han obtenido “resultados positivos, o al menos no los esperados, como ya es sabido, abates a dos, tres, y detrás de ellos ya viene otro grupo esperando su turno”, expuso un agente de la Ministerial consultado por ZETA, quien también reveló que según las indagatorias sobre el homicidio de Max Rodríguez hay muchas pistas.
En concreto las autoridades siguen investigando a “compañeros reporteros, su círculo de amigos y algunos indicios que implican la relación del reportero, que de buenas a primeras su ejercicio o la relación con éste fue uno de los motivos que los llevaron al fallecimiento”.
De acuerdo al consultado, se analiza el celular del reportero caído en el que “se escuchan las conversaciones de los compañeros e intercambio de información a través de Zello, una aplicación vía voz, todo estamos revisando a detalle”.
Pero también están siendo analizadas las amenazas que se vertieron a través del Portal donde trabajaba, en donde tenía una columna denominada “Es Mi Opinión”, en la cual fueron colgadas en el área de comentarios, las presuntas amenazas en contra del reportero días previos a que fuera privado de la vida, aun después del fallecimiento, el mismo usuario rectificó que la amenaza había sido cumplida.
Procurador General de Justicia en BCS, se reunió con miembros de la organización Artículo 19 sin brindar mayores avances de la investigacion del homicidio del reportero sudcaliforniano
“Nada lo amedrentó, él siempre siguió sus metas, no importándole exponerse físicamente o llegar, como llegó, a la muerte, desgraciadamente por lo que ustedes ya saben, tocó intereses muy altos, que no les convenía, que yo nunca lo supe porque nunca quiso decirme nada, pero que yo lo percibía, porque yo lo conocía muy bien, casi 40 años de matrimonio”, expuso su esposa y reportera retirada, Raquel Romo.
En cuanto a los hechos, lo que realmente está sucediendo en las investigaciones en torno al asesinato de Rodríguez Palacios, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador General de Justicia en el Estado (PGJE) apuntó que “en la carpeta de investigación del homicidio del periodista Maximino Rodríguez se realizan cuantas investigaciones son necesarias, lo que permite un avance significativo”, recalcó.
Aunque la verdad es que, aún no hay indicios sólidos que lleve con los presuntos responsables, incluso para medios locales las puertas están cerradas pues Palemón Alamilla solo brinda entrevistas telefónicas y deben ser medios nacionales.
A medios locales el servidor público ha limitado la información, incluso se sabe que “existen tres carpetas de investigación: de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), lo que garantiza total transparencia”, información brindada a representantes de la organización Artículo 19.
Las tres instancias realizan de manera independiente y dentro del ámbito de su competencia, las indagatorias para esclarecer el hecho delictivo. Alamilla Villeda aseveró que los avances de las investigaciones que realiza la PGJE, son significativos, mismas que soporta cualquier supervisión técnico jurídica.
Señala la PGJE a través de un comunicado la siguiente cronología:
* 21 de febrero de 2017. Mueren los agentes de Homicidios de la Policía Ministerial; Luis Alberto Corrales González, de 47 años de edad, y Miguel Ángel Castro Romo, de 28, se utilizaron rifles de asalto, hechos en colonia San Bernabé, San José del Cabo, Municipio de Los Cabos.
* 28 de marzo. Detienen a seis presuntos sicarios en la colonia Santa Rosa en SJC, uno más perdió la vida en el lugar; una de las armas participó en la privación de la vida de los agentes ministeriales.
* 5 de abril. Juan Salvador Díaz Moreno, comandante del Grupo Especial Operativo (GEO), fue acribillado a balazos cuando abandonaba las instalaciones del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz.
* 14 de abril. Fue abatido a balazos el comunicador, Max Rodríguez en City Club en La Paz.
De acuerdo al expediente de la PGJE, el cual cuenta la Subprocuraduría Especializada en Delitos de Alto Impacto, el arma que participó en el homicidio del periodista, se encuentra vinculado con el asesinato del comandante de la Estatal y de los dos agentes ministeriales; lo que todo apunta al mismo grupo criminal, aun así no hay detenidos al respecto.
Acuerdo contra la violencia
Un día después de cumplido un mes desde el atentado que le quitara la vida al comunicador de Colectivo Pericú, se llevó a cabo la firma del pacto de cobertura informativa de hechos violentos en Baja California Sur.
Periodistas de BCS firmaron un acuerdo de cobertura de hechos violentos en la entidad para protegerse y trabajar con una mayor ética
“Es un acuerdo entre medios de comunicación sobre la cobertura de noticias de violencia en la entidad, no es censura, no es autocensura, sino que es una reafirmación de la tarea que venimos realizando como reporteros, siempre y cuando cumplamos con los protocolos de no difundir, de no hacer apología al crimen, no difundir el rostro, protección a las víctimas, no hacer suposiciones”, detalló Cuauhtémoc Morgan, director del Portal Colectivo Pericú.
Al evento atestiguaron la firma miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, del Colegio de Licenciados en ciencias de la Comunicación, medios de comunicación, estudiantes y la población en general.
“Éste es un paso para profesionalizarse frente a la realidad en la que estamos, frente a la realidad que quizás el estado mexicano está siendo rebasado por ciertos grupos delincuenciales, y nosotros quedamos expuestos. El acuerdo no es un convenio, insisto, no es más allá de un código de ética, quien lo quiera firmar yo lo invito”, apuntó Gabriel Camacho Garrido, director de Meganoticias en Sudcalifornia.
En dicho evento, se dio lectura de la biografía de Max rodríguez, compañero fallecido; participación de periodistas sobre temas que tienen que ver con la cobertura de temas de violencia; y la entrega de un merecido reconocimiento post mortem a la esposa de Max, Raquel Romo.
“A todos este reconocimiento que recibo a nombre de Max, a él no le gustaban los reconocimientos, fue valiente, audaz, fue un valiente periodistas durante 50 años”, manifestó Raquel.
Sin embargo, a la par de la firma del acuerdo, en Culiacán, Sinaloa, una prueba más de la delincuencia en contra del periodismo en México se hizo presente, Javier Valdez, de Río Doce fue ejecutado a balazos; horas más tarde ahora en Jalisco, Sonia Córdova Subdirectora del semanario El Costeño fue herida de gravedad cuando circulaba en su vehículo, su hijo perdió la vida en el lugar, mientras ella se encuentra hospitalizada.
En el marco de la firma del acuerdo, miembros de asociación internacional Artículo 19 participaron con ponencias, a la par miembros sostuvieron reuniones con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los cuales han externado la preocupación por los hechos lamentables. Ya hay registro de atentados contra tres comunicadores, Rafael Silva Ibarra de Triángulo Político; Julio Omar Gómez, de 911 Noticias, el cual ahora alimenta una página con su nombre en redes sociales; y el último, Max Rodríguez.
“Externarles nuestra preocupación por lo que está sucediendo en el país, por lo que estamos viendo aquí en Baja California Sur con estas últimas agresiones que se han dado, con el asesinato de Maximino Rodríguez”, lo cual preocupa, pero más el que “2017 está iniciando muy fuerte, se está convirtiendo en un año muy letal para la prensa”, afirmó Luis Knapp, de Protección y Defensa de Artículo 19.
En el país ya suman 6 periodistas a quienes les han arrebatado la vida, uno cada 22 días o cada 19 días en caso de que perdiera la vida Sonia Córdova, la cual se encuentra estable.
Regresando a Baja California Sur, las amenazas siguen en aumento, sin embargo, comunicadores han guardado silencio y no lo han hecho saber a la CEDH, la información ha sido cruzada con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ni siquiera al gobierno estatal a través de la Secretaría General o de la PGJE, “por la desconfianza al sistema”, agregó uno de los periodistas.
“Por eso era importante reunirnos con las autoridades, para decirles el papel tan fundamental que tienen, de las obligaciones que por ley les corresponden para investigar estos crímenes y no se sigan cometiendo más, se vuelve un círculo vicioso y la impunidad sigue a que se sigan empujando estos delitos”, lamentó Luis, de Artículo 19.
Reconoce que la violencia se ha desbordado, y la prensa se encuentra en el ojo del huracán, aunque la pelea es entre bandas criminales, periodistas han quedado en medio de la lucha.
El acuerdo también incita a trabajar apegado a derecho, y desde luego evitar que la violencia se siga propagando en el estado.
“Éste es un acuerdo de compromiso de reafirmación de ese compromiso que tenemos con la sociedad, de no ocultarles nada, nunca nada, sino ir con ellos de la mano en esta exigencia de justicia, de que se termine la violencia y que no siga muriendo no solo un periodista, que fue lo que nos afectó a nosotros directamente, ni tampoco las policías o los elementos que están participando en las tareas de seguridad, que no muera un solo ciudadano más”, lanzó Cuauhtémoc Morgan.
Según la esposa de Max Rodríguez, la periodista retirada Raquel Romo, su esposo llegó a fondo en su investigación, tanto así que considera que “tocó los intereses de alguien”, lo que llevó a buscar en cierta medida el homicidio.
El director de Colectivo Pericú, Cuauhtémoc Morgan destacó que los reporteros deben tomar mucho en cuenta en la labor, que la pelea es entre bandas criminales y nunca tomar partido, pues es posible que reporteros aún tengan nexos y eso tal vez lleve a tener amenazas y por ende, temer por su vida. Por lo cual recalcó es vital el acuerdo para desarrollar y protegerse los unos a los otros en la labor periodística.
Elementos reprobados o vinculados al crimen continuan en las calles atendiendo la denuncia de los ciudadanos
“No es un pleito de los reporteros, no es un pleito de la sociedad, es un pleito entre bandas del crimen organizado, que están peleando una plaza comercial, ellos pelean dinero, la sociedad pelea justicia, entonces este acuerdo va enfocado en ese sentido, nunca más vamos a permitir que ellos utilicen a los medios de comunicación como un instrumentos para difundir su violencia, como un instrumento de difundir su odio”, señaló.
“Lamentablemente hay una razón importante en todo esto, ellos saben quiénes son, por ello hacemos el llamado, rompan relaciones que no les favorecen en su labor, si no se hace esto, así como tomar en cuenta los protocolos que les ha dado a conocer el Grupo de Coordinación, todo lo que hagamos de nada va a servir si seguimos haciendo las cosas mal, y lamentablemente algunos no entienden y eso les puede perjudicar”, dijo un miembro del Grupo Interinstitucional de Seguridad Pública.
Periodistas en la mira
“Yo tengo miedo por el tipo de amenazas que se han venido dando, aunque son cuentas falsas de Facebook, pero sí llaman la atención y ahora más las tomamos en cuenta con el asesinato de mi compañero Max”, reconoció uno de los reporteros cercanos a Max Rodríguez, quien prefirió permanecer en anonimato.
Reveló Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la CEDH en Baja California Sur que si hay conocimiento de al menos tres reporteros que sienten que su vida podría encontrarse en riesgo, pero éstos no se han presentado ante la institución para que a través de Derechos Humanos se puedan activar los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
“Hemos recibido algunas solicitudes de información por parte de Gobernación, casos específicos de dos, tres compañeros de ustedes, que ahorita tiene un procedimiento iniciado para la protección de ellos, desafortunadamente los tres casos que nos solicita la Secretaría de Gobernación, nosotros no contamos con una queja interpuesta”, lamentó de la Toba.
Reporteros ciudadanos, los cuales hacían reportes vía Facebook, Ibarra de Triángulo Político y Gómez de Noticias 911, esperaron hasta un tercer atentado en su contra para activar los mecanismos de protección a periodistas de parte de la Federación.
Pero, el asesinato de Rodríguez Palacios ha puesto un precedente, donde todos temen “por estas amenazas que se han registrado en su contra, no han dado pormenores de éstas, pero sólo quisieron atención inmediata”, manifestó el agente del Grupo de Coordinación.
“Se dio el tercer atentado con otras consecuencias y tuvo que salir del estado, ese tipo de cuestiones es la que nosotros estamos observando que no deberían estar sucediendo, tampoco podemos decir no teníamos creencia de que iba pasar en el estado, hoy es posible en todos lados y tenemos que estar atentos”, alertó el presidente de la CEDH.
En lo que va del año en curso se han asesinado seis periodistas en el país, del año 2000 a la fecha, 126 comunicadores han perdido la vida a manos de la delincuencia organizada según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A un mes desde que se registraron los hechos contra el comunicador en Sudcalifornia, los ánimos se han encendido, donde la pasividad ha estado presente, sobre todo entre los mismos reporteros ciudadanos, quienes se mantienen a expensas de que “las autoridades actúen, algunos si han actuado bajo protocolo, pero hay quienes dejan mucho a desear, esto no lo hacemos por estarlos limitando o imponiendo, de verdad es por su bien, y a veces no lo reciben de esta manera, nosotros lo que queremos es que tengan la garantía de seguir con su ejercicio sin temor, pero no solo nosotros como autoridades lo podemos sacar adelante, requerimos mucha de su colaboración”, extendió la invitación el miembro de inteligencia, del selecto grupo interinstitucional.
Sin embargo, “fue claro en la firma del acuerdo, pocos acudieron o no les interesa, o esperaban obtener algo a cambio. La verdad es que esto es para todos nosotros, y otros en lugar de quedarse callados, solo generaron mayor lejanía entre los periodistas y eso es grave, ni siquiera ellos mismos se pueden poner de acuerdo”, lamentó uno de los miembros de uno de los tantos grupos de reporteros.
La periodista y experta en medios de comunicación, Gladys Navarro explicó que “me parece que es muy importante que reflexionemos cada uno de los periodistas sobre nuestro propio ejercicio, que hagamos un ejercicio de autoevaluación sobre la forma en la que lo hemos estado desarrollando durante mucho tiempo que digamos en algún momento reconozcamos nuestras fallas y que tratemos de emprender de una mejor manera siempre, siempre hay áreas de oportunidad que se pueden atender y mejorar”, en especial, afirmó, que haya esa profesionalización en medios de Baja California Sur de cualquier tipo.
Sin salida de ola de violencia
El aumento de la violencia en los últimos meses, ha llevado a que el propio Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur haya solicitado la intervención federal, la cual llegó de urgencia para mitigar los estragos que la delincuencia ya tenía en mira sobre el destino turístico de Los Cabos, uno de los más importantes del país.
8 fue el resultado del recrudecimiento de la violencia en Los Cabos, ni la presencia fedxeral pudo contener los hechos de sangre
“Vemos en las calles a las diferentes unidades de la Policía Federal, acompañados por elementos y unidades de la estatal pero con efectivos de la SEDENA, pero la historia es la misma, balaceras y hechos violentos siguen sin cesar”, expresó un especialista en delincuencia organizada consultado por ZETA.
Los hechos violentos siguen persistiendo en la entidad, en las últimas semanas se tuvo repunte en Mulegé, Loreto, La Paz y Los Cabos, más de mil 400 elementos de refuerzo en la seguridad, dos helicópteros y decenas de unidades motrices en las calles, pasaron de ser el factor de contención criminal, a meros espectadores, ya son más de 150 personas privadas de la vida al estilo del crimen organizado en 2017, solo 133 en Los Cabos, uno de los dos principales centros turísticos más vigilados de México, y 8 en el pasado fin de semana.
Y también, siendo este último donde hay mayor presencia de delitos de alto impacto en Baja California Sur; el mes de marzo, que fue el de mayor presencia de homicidios dolosos, la cuenta según ZETA, alcanzó los 58 crímenes. Números que se detuvieron en abril hasta un “95%, disminuyó la tasa de homicidios”, celebró Álvaro de la Peña Angulo, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública y secretario General de Gobierno.
Por ello la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Baja California Sur hizo un llamado al Congreso de la Unión y al estatal para que marque la pauta y solicite que haya leyes de seguridad interior.
“Prioritario para el país, es de interés nacional, el tema de seguridad, implica que exista una ley de seguridad interior, la cual permita tener certeza de cómo se deben usar las fuerzas militares en el caso de la seguridad interior, creemos que no puede seguir manejándose al ejército y a la marina con la incertidumbre que tienen, también somos de los que creen que el ejército y la marina deben estar en los cuarteles, señaló Fabricio González, presidente de la COPARMEX en el Estado”.
Hoy en día es común encontrar a fuerzas militares a bordo de unidades de la Policía Estatal Preventiva y del Mando Mixto. Literalmente, bajaron a los policías, los cuales siguen en discusión por su “dudosa credibilidad, pues gran parte de ellos están coludidos con el crimen”, dijo de los agentes de inteligencia militar.
Por lo cual es prioritario que haya certeza de Ley, para el accionar de las fuerzas armadas en la entidad, pues “hoy desafortunadamente como en años pasados, se han tenido que usar las fuerzas armadas para tratar de controlar el tema de seguridad, el tema de la falta de combate desde los cuerpos municipales y en algunos casos de los cuerpos estatales, es necesario que tengamos una reforma que el Congreso apruebe en el tema de seguridad interior que permita dar certeza, que permita vislumbrar una estrategia diferente a la que hoy se ha planteado”, reiteró González.
Pero recordemos el hechos registrado el suceso registrado la madrugada del primero de mayo, donde un supuesto “enfrentamiento” se dio en las calles del fraccionamiento Villas del Cortez, el resultado de esta contienda fue de ocho personas muertas, destaca un elemento de la Marina Armada de México, siete civiles, de los cuales dos eran mujeres y cinco hombres.
El hecho es que “los marinos han sido criticados por el uso excesivo de la fuerza, se sabe de la muerte de tres presuntos sicarios, el resto se presume sean solo adictos que estaban en el lugar y la hora equivocada”, contextualiza el policía ministerial.
En Baja California Sur solo en los últimos años, de 2014 a la fecha, los homicidios dolosos y en particular los que tienen que ver con la delincuencia organizada han alcanzado más de 400 casos. Reflejo de que algo no está funcionando del todo.
“A casi cinco años de Gobierno de la República, ya casi vamos en la cuota de defunciones por ejecuciones mucho más que el sexenio pasado, esto quiere decir que la estrategia que se ha implementado no está dando los resultados que deseamos, creemos, y estamos convencidos, que ha sido un factor de contención, creemos que si no diera este tema estaríamos peor, pero desafortunadamente no podemos seguir con la situación como ésta”, reconoció Fabricio González.
Con cerca de 200 personas privadas de la vida en lo que va del año, la entidad sigue con altos índices de violencia, a lo cual se en buscar una estrategia que lleve a regresar la tranquilidad y brinde certidumbre a todos los que habitan Baja California Sur.
Criminales andan sueltos
Mientras en las calles la sangre se sigue derramando, la violencia perdura sobre todo el municipio Los Cabos, el centro turístico de Baja California Sur.
Arma que mató a reportero de BCS, participó en la ejecución del Comandante de la Estatal Preventiva y Policías Ministeriales
“El crimen está ganando terreno, y no lo digo por la gente que luce preocupada, los medios de comunicación lucen preocupados y están dejando que delincuentes ganen terreno, si los ciudadanos están perdiendo a quien sea su voz, a dónde vamos a llegar, por ello son importantes ustedes como comunicadores”, expresó el agente del Grupo de Coordinación.
En lo que va del año van 133 personas privadas de la vida, solo en Los Cabos, “pese a que hay balaceras y muertos en otros lados”, Los Cabos sigue siendo el ojo del huracán, los movimientos policiacos son permanentes, la presencia de las fuerzas federales es permanente, pero hay mayor permanencia de los grupos delincuenciales.
“Lamento que aun haya elementos que no están funcionando, pero no solo que no funcionen, que estén operando para un grupo o el otro, nos están dando en la torre. Mientras haya está clase de elementos que sirvan a la delincuencia, el esfuerzo de nada sirve, ya lo dijo el señor secretario, se tiene que aprovechar para escarbar dentro de las corporaciones mientras haya apoyo federal”, externó el agente del grupo interinstitucional.
El elemento se refirió a la creación de nuevas Policías, que mencionaba Álvaro de la Peña Angulo, vocero del Grupo de coordinación de Seguridad Pública y secretario general de Gobierno; el cual señala que “el compromiso es que la academia que ya estaba funcionando y que ya está en construcción, una academia digna y real, como merece Bajas California Sur, va a ser el primer instrumento para generar esos Policías que tanto requiere el Gobierno del Estado, pero también los municipios”.
Dicho lo anterior, la estrategia se pretende, además de la lucha frontal contra la delincuencia, es ir depurando las corporaciones sin dejar la labor diaria de ataque directo y con apoyo de las fuerza federales, como la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal División Gendarmería; no dejando desprotegido al sector y limpiando, para que no haya “fuego amigo” y pueda generarse una estabilidad y tranquilidad que tanto demanda la población sudcaliforniana.
Aun con el apoyo de corporaciones federales, con alta presencia en colonias como El Zacatal, San Bernabé, Buenos Aires y otras, de mayor conflicto entre bandas de la delincuencia organizada que se disputan la plaza, la violencia sigue sin ley.
“Se matan casi a los pies de las fuerzas federales y es obvio, ni siquiera depende de ellos, si vinieron los siete muertos en una vivienda en Villas del Cortez, y eso solo provocó enojo y ahí ves, más y más muertos”, agregó el agente ministerial, adscrito al área de Homicidios.
Solo en el fin de semana que comprende del 12 al 14 de mayo (viernes a domingo), se tuvo el registro de ocho personas que perdieron la vida de manera violenta; los hechos se registraron en las colonias conflictivas de: El Arenal de Cabo San Lucas; Las Veredas, San Bernabé, Buenos Aires, Santa Rosa, Vista Hermosa y El Zacatal de San José del Cabo, en Los Cabos.
* El primero ocurrió el viernes en la colonia Arenal de Cabo San Lucas, en las calles Ruiz Cortines y 5 de Febrero, el fallecido era originario de Veracruz y contaba con la edad de 57 años.
* Mientras en San José del Cabo, en la colonia San José Viejo, dos jóvenes fueron abatidos a tiros, el domicilio fue ubicado en el vado de San José, en las avenidas de Quintana Roo, entre Guatemala y Honduras, uno de ellos de 24 años y originario de Los Cabos, contaba antecedentes penales en Plataforma México por delitos contra la salud.
* Alrededor de las dos de la tarde del sábado, un joven de 23 años originario de La Paz, fue acribillado a balazos a bordo de un automóvil de color negro en las calles en Avenida La Paz, entre Candelaria y Carretera Transpensinsular, de la colonia Santa Rosa, frente a una funeraria.
* En Vista Hermosa, dos hombres fueron privados de la vida por un comando armado alrededor de las 11 de la noche del mismo sábado, según el reporte los hechos se registraron detrás de la tienda de autoservicio conocida como Ley Express.
* Alrededor de las cinco de la tarde del domingo, de nuevo se repitió la historia, ahora dos jóvenes de entre 25 y 30 años fueron asesinados a balazos; uno de ellos originario de Sinaloa, el otro de La Paz.
Los hechos violentos siguen a la orden del día, y “aunque sepan quiénes son, cómo se mueven y en dónde se mueven, son factores determinantes en la baja en los eventos”, finalizó el agente del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur.
