El asesinato en pleno centro de Culiacán, Sinaloa, del periodista Javier Valdez fue -literalmente- la gran gota que derramó un vaso ya colmado desde hace tiempo. La reacción social a lo largo y ancho de todo el país entre gremio, grupos de ciudadanos, activistas, gente pensante y crítica, ha marcado un precedente donde la idea central es que el crimen ha rebasado a las autoridades, y el sector del periodismo es uno de los más vulnerables.
Es la primera vez -después de 114 asesinatos desde el año 2000- que el Gobierno Federal y su Presidente reaccionan para anunciar medidas que desafortunadamente son poco convincentes. No se había dado que un Presidente de la República, su gabinete y virtualmente los gobernadores del país se reunieran para emerger con acciones conjuntas, de ese tamaño ha sido el golpe del asesinato del reconocido periodista sinaloense, perpetrado el lunes 15 de mayo.
Falta ver los resultados concretos, pues el amargo antecedente es que en los siete crímenes de periodistas que van en el año, no hay detenidos, lo que alimenta el clima de impunidad y corrupción del que los mexicanos ya están hartos.
“Javier no merecía morir así”, dijo frente al ataúd y entre lágrimas, su esposa Griselda.
Conocí a Griselda hace 15 años en Culiacán, trabajaba para la Universidad Autónoma de Sinaloa y estaba orgullosa de su marido. Desde entonces corresponsal de La Jornada y antes junto a otros valientes conformaron el semanario Ríodoce, referencia obligada para conocer la situación sinaloense.
Luego me tocó compartir mesa con Javier en un foro sobre periodismo y narcotráfico en Lima, Perú, en junio de 2008; posteriormente coincidimos en diversos foros en temas del ejercicio periodístico y los riesgos. En una reunión nacional convocada por Artículo 19 en la Ciudad de México en marzo de 2015, se discutía la necesidad de armar un protocolo para la cobertura periodística en momentos de tensión, que involucrase a las corporaciones policiacas, porque los primeros agredidos eran los reporteros que acudían a la cobertura. Valdez era el más radicalizado en la posición de no poder sentarse ni a dialogar, menos aún negociar con el gobierno sinaloense. Lo caracterizaba de corrupto y ligado a la delincuencia.
Lo curioso es que después de la discusión su rostro se relajaba, regresaba a la bonhomía, al saludo afectuoso y efusivo, al “cuídate, bato”, al carácter agradable, origen de cientos de anécdotas en Sinaloa y en el país. Por eso el dolor y el coraje colectivo ante la noticia de su cobarde homicidio.
Hace falta la respuesta ciudadana, el trabajo periodístico está ligado a la problemática de la gente y, en un país sofocado por la violencia, solamente la participación de la comunidad puede dar un poco de esperanza, una pequeña luz al final de este oscuro túnel.
En ese marco de periodismo y riesgos, hace varios meses surgió la intención de conformar una Red de Periodistas en el Estado, con pluralidad y aglutinamiento aun cuando pertenezcan a otras organizaciones que -la verdad- han sido rebasadas por el protagonismo y la dinámica de los acontecimientos. De ahí la necesidad de crear un organismo serio, profesional, vertebrado, que sirva de apoyo ante agresiones y desvaríos gubernamentales.
A resguardo
Hace unos días trascendió la situación que viven internos del penal de mediana seguridad en “El Hongo”; se quejaron de maltratos y derivaron en una huelga de hambre, entre otras acusaciones, pero aún hay más.
Foto: Cortesía/Medicamentos
La mala coordinación entre el área médica que encabeza la doctora Ángela Pérez, y la dental, coordinada por la doctora Paola Ramírez, ha causado que insumos médicos no lleguen hasta donde se requieren en los penales y queden resguardados en oficinas administrativas; sean medicamentos como anestesia, muestras rápidas para exámenes de sífilis y VIH o insumos como guantes, incluso que sean entregados cuando ya han caducado y no se puedan utilizar, lo que implica que miles de pesos se van a la basura.
De ahí el malestar de médicos y enfermeras que tienen que realizar su labor sin el equipo básico, al grado que algunos profesionistas, cansados de esta situación, opten por renunciar al servicio en el Centro de Readaptación Social de Tijuana y en “El Hongo”. Esto ocurre -dicen- sin el conocimiento del secretario estatal de Seguridad, Daniel de la Rosa Anaya.
Foto: Sergio Haro/Jorge Armando Vásquez, Poder Judicial
Cortes de Droga
En un foro relacionado con drogas y adicciones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vásquez, presentó una propuesta para crear un Tribunal Especializado en Delitos de Adicciones. La propuesta no es nueva, en Estados Unidos se crearon desde hace 25 años las llamadas Cortes de Droga, cuando detectaron que una buena parte de los delitos eran cometidos por personas adictas a algún estupefaciente.
En México el tema se ha discutido en varias esferas, incluido el Senado de la República. El modelo tiene un enfoque de salud pública, aunque con un abordaje basado en la persona y su salud.
