Familias afectadas hablan de cientos de personas desaparecidas, las autoridades a duras penas reconocen decenas.
Lo que muestran los hechos es que, contrario a lo que proclaman en la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y los fiscales estatales desde la Conferencia Nacional de Procuradores en sus múltiples reuniones, en Baja California el tema de los desaparecidos no es prioridad.
A las personas localizadas ni las cuentan bien, ni las registran, de acuerdo a los protocolos establecidos, y después de poco más de tres años, el gobierno de Francisco Vega y su procuradora, Perla del Socorro Ibarra, no muestran el mínimo interés en tener estadísticas apegadas a la realidad, o avances en las investigaciones. Evaden su responsabilidad desacreditando a las víctimas.
En su reciente informe, el Observatorio Nacional Ciudadano exhibió el desinterés de las autoridades al detallar que “… pese a que la desaparición de personas es un problema histórico de seguridad en Baja California, no se encontró registro alguno de casos de desaparición en…” ninguno de los tres censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que abordan el tema.
También reportaron que “… Baja California es una de las 11 entidades federativas en donde no se encontraron registros públicos disponibles de personas desaparecidas en los sitios web”.
Denunciaron: “…la entidad no cuenta con protocolos específicos para el tratamiento e identificación forense”, los cuales se comprometieron a establecer en la Conferencia de Procuración de Justicia realizada en julio de 2016.
Tampoco han implementado “… el software de la Base de Datos AM/PM, para sistematizar la información de personas desaparecidas y restos humanos, donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja” desde octubre de 2015.
Francisco Rivas, presidente del Observatorio, destacó que en el conteo estadístico, las autoridades bajacalifornianas tampoco cumplen con los acuerdos tomados en 2014, en los que se estableció se considerarían desaparecidas a “… todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero y esta circunstancia es hecha del conocimiento de la autoridad a través de una denuncia”. Las causas más comunes de la no localización son: “… ausencia voluntaria, la ausencia por problemas domésticos, la privación ilegal de la libertad, la migración dentro del territorio nacional o internacional, la reclusión en algún centro penitenciario, el fallecimiento, o por ser víctima de algún otro delito”.
En Baja California utilizan un criterio local, un rasero distinto al ordenado por el Gobierno Federal, y así mantienen las estadísticas a favor. Fue así como la segunda semana de mayo, el subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González Martínez, declaró a la prensa en Mexicali que en Baja California, oficialmente de 2008 a la fecha, solo tienen 98 ciudadanos de los cuales se ignora el paradero, y en la mayoría de los casos, se trata de personas privadas de la libertada como parte de las pugnas por drogas. Agregó que a su gestión, de 2013 a la fecha, solo corresponden ocho reportes, cuatro de Mexicali e igual número de Tijuana.
Sin embargo, estas cuentas alegres se derrumban cuando se empiezan a consultar otras bases de información, por ejemplo el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RenPed), que informa que en Baja California existen “sin localizar”, en el fuero federal 23 personas, y 762 en el fuero común, cada una de ellas -785- relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas que permanecen sin localizar de 2007 al 31 de enero de 2017; cifra también oficial, muy por encima de las 98 reconocidas por el subprocurador González Martínez.
La Procuraduría tampoco contabiliza las mil 494 carpetas iniciadas por el delito de privación de la libertad, denunciadas del 1 de enero de 2014 al 30 de abril de 2017. De acuerdo a la versión de la subprocuraduría, no se consideran, ya que el 80 por ciento (mil 195 carpetas) son personas ingresadas a la fuerza a algún centro de rehabilitación, otro 7% (104 carpetas) corresponde a violencia intrafamiliar; y el 13% restante (194 carpetas) a pugnas por narcomenudeo. Casos como el de aquella ama de casa y sus hijos de 9 y 15 años de edad que fueron secuestrados el 3 de diciembre de 2016 por un comando, y de quienes no se supo más, pues su padre, dueño de un taller mecánico con antecedentes penales, no aceptó cooperar.
Pese a la instrucción federal, en Baja California tampoco contemplan las cifras y víctimas del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) porque, aseguran, en su mayoría son niñas(os) que se van con el (la) novio(a), esposos (as) infieles, o niños que se escapan de albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En lo que va de 2017 han recibido 591 reportes, resolvieron 438 y tienen 153 pendientes. El argumento es que más tardarían en meterlos a RenPed que en tener que sacarlos.
Al final de este baile de números, de la ineficiencia estadística y el desinterés, lo que queda claro es la gran diferencia entre los 300 desaparecidos denunciados por los organismos ciudadanos en los últimos 10 años, y los 98 de la procuraduría. Una diferencia que por humanidad, por obligación y por coordinación, las instancias de seguridad del Gobierno del Estado están obligadas a subsanar, trabajando de la mano con las familias de las víctimas, como se han comprometido en los irrespetados acuerdos nacionales.
