Durante 15 años -entre diciembre del 2000 y junio del 2015-, el Gobierno Federal otorgó 10 mil títulos de explotación a particulares -un 56 por ciento del total de concesiones en el país- quienes “revenden las licencias a empresas extranjeras y nacionales, y lucran con un bien de la Nación, aprovechando vacíos en la Ley Minera para obtener ganancias que el Estado mexicano deja de obtener”.
Así lo señaló un reportaje realizado por el portal de Pie de Página y el diario El Universal en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) en colaboración con Connectas.
La investigación periodística indica que durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada se dieron 5 mil 76 permisos, mientras que en el de Felipe Calderón Hinojosa la cifra se disparó hasta 9 mil 956. Para junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado 2 mil 753.
El reportaje indica que en el año 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a la Secretaría de Economía (SE) federal, que “los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la nación”.
Un ejemplo: Manuel Langarica Ramos, la persona más beneficiada por extensión del subsuelo en el sexenio de Fox Quesada -con seis títulos de concesión minera por 23 mil 547 hectáreas, en Guachinango, Ameca y Cuautla, Jalisco-, hizo transmisión por aportación a Minera El Cobre de Jalisco SAPI de CV —una sociedad anónima promotora de inversión, que en minería son generalmente empresas dedicadas sólo a la exploración.
Ésta última, a su vez, hizo cesión de derechos total onerosa a Minas Chaparral, SA de CV. Langarica Ramos también hizo cesión de derechos total onerosa a la Compañía Minera de Atengo, S de RL de CV.
Ayer lunes, la Cámara Minera de México (Camimex) reveló que la inversión total en la industria minera en el País bajó de ocho mil 043 millones de dólares (mdd) en 2012 a tres mil 500 mdd durante el 2016.
De acuerdo con la agrupación, también la inversión en exploración cayó de mil 165 millones de dólares en 2012 a 401 mdd en 2016, dejándose ver una variación a la baja de casi 65.58 por ciento entre el primero y el segundo de esos años.
Asimismo, conforme a datos de la Camimex, las divisas generadas por el sector minero mexicano bajaron de 22 mil 720 mdd en 2012 a 13 mil 900 mdd en 2016; igualmente, el valor de la producción se deslizó de 17 mil 843 mdd en 2012 a 12 mil 607 millones de dólares en 2016.
Dicha cámara resaltó que la desaceleración de la economía china afectó fuertemente la cotización internacional de los metales, resultando un acelerado reacomodo del sector, fusiones, adquisiciones y desinversiones.
Según la Camimex, la industria minera proporciona empleo a más de 2.1 millones de mexicanos; asimismo, provee de la materia prima al sector industrial del país y representa el 9.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 3.0 por ciento del nacional.
Por otra parte, según el estudio ‘La megaminería en México: devastación ecológica y despojo territorial’, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, la minería es la actividad más depredadora tanto en recursos naturales como de las culturas rurales del país.
El análisis señaló que aunque la producción de la minería en México equivale al 28 por ciento del valor del gas y del crudo, el monto de su producción alcanzó los 66 mil 668 millones de pesos.
“La destrucción del paisaje y la alteración del equilibrio ecológico impactan de forma negativa en el modus vivendi de las comunidades, trastornando sus costumbres y su relación con el hábitat; las concesiones mineras violan el derecho de los pueblos y comunidades aledañas a las zonas de explotación ya que los excluyen de participar en las decisiones relacionadas con los asuntos públicos que afectarán su entorno y su cultura”, indicó el CESOP.
