Viviendas y vehículos destruidos y/o calcinados y una persona muerta por arma de fuego, fue el saldo que arrojó el intento de desalojo registrado el fin de semana en Valle Redondo, en predios ocupados por antorchistas, movimiento que los expropia al Ejido Ojo de Agua, afirman autoridades federales. Al mismo tiempo, pero en otro predio aledaño, el mismo grupo agresor intentó invadir violentamente terrenos de un particular. De ambos hechos se ha asentado 2 denuncias ante la PGJE y se consignó a 7 de los invasores
La controversia en cuanto a la propiedad de predios ubicados en la zona de Valle Redondo escaló en violencia cuando la madrugada del 29 de abril de 2017, un grupo de personas se presentó al asentamiento que mantienen cientos de integrantes del Movimiento Antorchista, golpeándolos, quemando sus casas y dañando sus vehículos, culminando el ataque con la muerte del joven José Corrales Almejo.
Verónica Armenta, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista y líder en el asentamiento, responsabiliza del ataque a la abogada Erika Santana, quien un día anterior encabezó una conferencia de prensa, representando a un cúmulo de 17 personas que se ostentan como dueños de predios en Valle Redondo, quien acusó a los antorchistas de haber invadido la propiedad del señor Salvador Rivas haciendo uso de la violencia.
Los representados por Santana no son los únicos particulares que reclaman la posesión del inmueble, la líder antorchista anotó que con anterioridad recibieron amenazas de Juana Rodríguez García y Manuel Rodríguez, líder de pepenadores en Tijuana, quienes también se dijeron dueños del predio.
Armenta negó exista dicha invasión, argumentando que el predio en cuestión pertenece al polígono del Centro de Población Ejidal Ojo de Agua y que el mismo se encuentra en un proceso de expropiación, con el consentimiento del Comisariado Ejidal para reconocer la posesión a los asentados por su condición de escasos recursos.
“Nunca en la historia de Antorcha Campesina se han fundado colonias por medio de invasiones”, sostuvo.
Sorpresivo asalto
“La madrugada del sábado irrumpe un grupo de alrededor de 50 personas, que venían en un autobús, con una máquina, a destruir casas, a quemar casas, llegan armados, traían armas de fuego, palos, bats, machetes, destruían lo que encontraban a su paso”, narraron quienes enfrentaron el intento de desalojo. Dijeron que el auxilio policiaco llegó 20 minutos después de haber sido requerido.
Conflicto por terrenos del Ejido Ojo de Agua
Quienes se identificaron como testigos del hecho aseguran que el ataque fue debidamente organizado, ya que los agresores contaban con vestimenta y cascos similares para identificarse entre sí.
“Su primera acción fue entrar, golpear al que se encontraban, destruir todos los vehículos, quitar las baterías, romperles los cables, con la intención de que la gente no pudiera salir, creemos que ésa fue la intención”, secunda Verónica Armenta, líder del Movimiento Antorchista.
En un recorrido realizado por el asentamiento, se pudo documentar la presencia de restos calcinados de viviendas, ceniza, vidrios de automóvil y las lesiones que mostraron algunos de los agredidos. En el sitio se realizaban trabajos de reconstrucción de lo perdido.
La zona, la resguardan patrullas de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva (PEP).
Sin determinar auto disparo u homicidio
En el altercado en Ojo de Agua entre integrantes de Antorcha Campesina y quienes pretendían desalojarlos hubo disparos y una persona resultó con herida mortal de arma de fuego.
El hecho no ha sido esclarecido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia que lo investiga como domicilio doloso, aun cuando algunos testimonios y el parte informativo de la Policía Municipal, primer respondiente, apuntan a que José Corrales Almejo se disparó a sí mismo.
De acuerdo a la declaración de agentes municipales, el mismo Corrales les informó al ser asistido, previo a su traslado al hospital, que tomó la pistola cuando se percató del intento de desalojo, salió de la vivienda y realizó varias detonaciones y “por accidente” se disparó en el abdomen; autoridades de Ministerio Público no han corroborado esta versión.
Sobre el fallecimiento de José Corrales Almejo, el subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Alberto Álvarez, comentó se sigue una investigación por el delito de homicidio, si bien existe la presunción de que este se disparó a sí mismo, por no saber controlar el arma.
Pero la versión de los antorchistas es distinta. Verónica Armenta afirmó que Corrales falleció por un par de impactos de arma de fuego mientras forcejeaba con los atacantes, tratando de impedir más daños a las viviendas y los asentados, desmintiendo que éste se hubiese disparado a sí mismo por falta de pericia al manejar el arma, como lo indica una de las líneas de investigación. Almejo deja a su esposa y un par de hijos.
“La agresión que se vivió tiene que tener justicia y no vamos a permitir que distorsionen los hechos y que quieran separar el hecho de los daños materiales de la muerte física de un joven que fallece aquí, tratando de proteger a estas familias, tratando que no hirieran, que no agredieran a nadie”.
Previeron ataque
El 28 de abril, la abogada Erika Santana encabezó una conferencia de prensa en que ella y otras 16 personas que se ostentan como propietarios de terrenos en Valle Redondo denunciaron la invasión del inmueble perteneciente a Salvador Rivas.
Sin determinarse responsabilidad por disturbios
Señalaron que el pasado 23 de abril, integrantes del Movimiento Antorchista arribaron al predio y haciendo uso de la violencia expulsaron al velador contratado por la familia Rivas y se posesionaron del terreno.
Salvador indicó que los predios fueron adquiridos en 2006 por su hermano Arnulfo Rivas, quien a su vez los compró a los señores Jesús Fernández y Enrique Solís. Gustavo Álvarez, uno de los abogados de Rivas, dijo que de la ocupación de antorchistas se interpuso una denuncia por el delito de despojo fue sustentada con el título de propiedad del predio, los recibos del pago de predial e incluso un permiso de uso de suelo tramitado para la apertura de una recicladora en dicho terreno.
Presentes en la conferencia del viernes 28 de abril, vecinos de Rivas se dijeron temerosos de que los antorchistas también invadieran sus predios y exigieron presencia policiaca a las autoridades para evitar la comisión de otros ilícitos.
Entrevistada por ZETA luego de la agresión contra el asentamiento antorchista, Santana aseguró era este el tipo de situaciones que se pretendían evitar con la presencia de unidades de seguridad que habían sido demandadas previamente.
La abogada se dijo preocupada por su seguridad y negó ser responsable del ataque, asegurando solo conoce del mismo lo que han informado los medios de comunicación.
Insistió que tanto el predio de Rivas como el del resto de sus representados nunca han formado parte del polígono del Ejido Ojo de Agua y que de ser así ellos nunca fueron llamados a juicio y que la agresión bien pudo orquestarse para desvirtuar la denuncia pública realizada contra el Movimiento Antorchista.
En este mismo sentido declaró Salvador Rivas, quien manifestó “no dudo que hayan sido grupos de ellos mismos (Movimiento Antorchista) para desvirtuar la acusación”.
El Subprocurador de la PGJE, Jorge Álvarez, informó que de la agresión contra este asentamiento resultaron 8 detenidos, de los cuales 7 fueron consignados, si bien llevarán el mismo en libertad.
Asimismo, Álvarez puntualizó existen un par de denuncias presentadas por invasión a predios, la primera contra el asentamiento antorchista por el delito de despojo, presentada por Salvador Rivas el 27 de abril y otra más asentada por una empresa inmobiliaria por el intento de invasión en un predio aledaño; en ambas querellas los denunciantes presentaron documentos para comprobar la propiedad de los predios, los cuales, dijo, deberá revisarse para corroborar su autenticidad.
Federación a favor de antorchistas
Tal como lo manifiestan los antorchistas, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), se encuentra realizando el trámite de expropiación del polígono ejidal en disputa, para entregarlo a quienes actualmente lo habitan, con la anuencia del Centro de Población Ejidal Ojo de Agua, manifestó a ZETA Gilberto Covelli Gómez, delegado estatal de dicha dependencia.
Señaló que actualmente se están desarrollando los trabajos técnicos de cartografía para la delimitación del polígono, sus manzanas y vialidades, lo que podría tardar alrededor de 6 meses, mientras que la entrega de títulos de propiedad y el pago de indemnización al Ejido Ojo de Agua podría tomar un periodo de la misma extensión.
Esta situación fue confirmada a ZETA por ejidatarios de Ojo de Agua, quienes señalaron que el proceso de reconocimiento de posesión a los antorchistas, expropiación e indemnización al centro poblacional, es algo que no ha podido aterrizarse desde hace varios años, pero que se encuentra en proceso.
Señaló que el Ejido ha logrado acreditar la dotación de dicho polígono por parte de la federación, aunque no negó exista la posibilidad de una sobre posición de lo otorgado sobre otras propiedades particulares, ya que dijo son casos “que se dan”.
Por su parte, José Lauro Aréstegui y Luis Vizcarra, delegado en Baja California de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y subdelegado jurídico, respectivamente, informaron a ZETA que el tema de la controversia sobre la propiedad de dichos predios no es un tema que se encuentre en la mesa de la dependencia federal.
Señalaron que los antorchistas aparentemente están asentados en terrenos pertenecientes a las 4 mil 494 hectáreas que comprenden el Ejido Ojo de Agua según el decreto presidencial que creó en 1980.
Sin embargo, informaron a ZETA de la existencia de juicios de amparo contra SEDATU por la ejecución del plano proyecto localización del centro poblacional, promovidos por los particulares Alejandra García Angulo, José Isidro Tostado Mata, Víctor Ramos Real y Daniel Ricardo Ulloa Olivarría, mismos que están pendientes de resolución. Ninguno de éstos pertenece al grupo representado por Erika Santana.
