Tras el reclamo por la ausencia del gobernador en la marcha del 1 de mayo en Mexicali, el día martes 2, su área de prensa emitió un boletín para notificar que Francisco Vega de Lamadrid se encontraba en Guanajuato, en las instalaciones del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia -C5i-, acompañado de diputados, abogados, empresarios.
“Esta visita se hizo con la finalidad de tomar como base este modelo exitoso en materia de infraestructura y equipamiento para elevar el nivel de los centros de operaciones en Baja California”, informaron; sin embargo, las autoridades de ambas entidades federativas omitieron hacer mención de varios detalles.
Uno, que después de cuatro años, la inversión que hizo Guanajuato de 2 mil 227 millones de pesos, sigue sin dar resultados, la incidencia delictiva ha ido a la alza, así lo exponen estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: en 2013, el total de delitos fue 80 mil 662; en 2014, 96 mil 104; para 2015 sumaron 96 mil 782; y en 2016 llegaron a 106 mil 265. En el transcurso de 2017 se han cometido un promedio de 9 mil 503 delitos al mes y, de seguir con ese ritmo, ese Estado cerraría el año con más de 114 mil delitos.
Tampoco refirieron, como publicó El Financiero, el incumplimiento de la empresa en la instalación del equipo en diciembre de 2013, y que concretó hasta agosto de 2014, período en que el órgano fiscalizador de Guanajuato determinó que gran parte del equipo no funcionaba.
El gobernador Vega publicitó e hizo ruido de su vista porque la empresa que da el servicio en Guanajuato será la misma que lo haga en Baja California. Si bien no fue una adjudicación directa, Seguritech -en consorcio con Architecture Engineering and Specialized Services, S. de R.L. de C.V.- fue la única empresa que participó en la Convocatoria Pública Nacional de Asociaciones Público Privadas, publicada el 29 de julio de 2016.
El 22 de diciembre de ese año, la compañía obtuvo el contrato para el “Sistema Integral de Enlace y Monitoreo para el Estado de Baja California, proceso de automatización de vigilancia en forma remota a través de cámaras, arcos de vigilancia, torres de comunicaciones para sistemas inalámbricos de voz, datos e imágenes con fibra óptica y antenas; incluye diseño, elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, así como su conservación y mantenimiento por un período de 22 años”.
El gobernador Vega sirvió a Seguritech con la cuchara grande. No es normal que esos contratos duren tanto. En el Estado de México, Eruviel Ávila asignó en 2013 un contrato de 6 mil 376 millones 773 mil 27 pesos por la instalación de 10 mil cámaras, y éste vence en 2017; aunque al cumplirse el plazo, Seguritech podrá llevarse sus cámaras y el siguiente gobernador estará obligado a negociar.
En Baja California, “… se tiene programado que las instalaciones en su totalidad entren en operaciones en enero de 2019, iniciando así el compromiso de pago al desarrollador a partir de febrero de 2019 y con ello la finalización del Contrato de Asociación Público Privado sería en febrero de 2041”, tiempo en que los gobiernos del Estado deberán pagar al mes 17 millones 667 mil 590.13 pesos: 3 millones 913 mil 568.57 pesos de tarifa fija de inversión mensual y 13 millones 754 mil 021.56 pesos de tarifa fija de operación y mantenimiento. En total, 4 mil 664 millones 243 mil 794.32 pesos hasta el año 2041.
Una jugosa transacción para una empresa que ha sido monitoreada por medios nacionales y órganos de fiscalización, que han reportado irregularidades no solo en el Estado de México y Guanajuato, también en Oaxaca y Guerrero; señalamientos e investigaciones que van desde sobreprecios por mantenimiento, no instalación de equipo comprometido, incumplimiento de operación y mantenimiento, gastos de inversión sin comprobar, cobro de servicios que no cubre y fraude.
Información filtrada por WikiLeaks ubica a la empresa como filial de la italiana Hacking Team (software de espionaje), corporativo favorecido por gobernadores, monopolio con presencia en 22 estados con contratos a precios descomunales.
Otro peligro es que en una entidad como Baja California, donde funcionarios han sido señalados por cobro de comisiones y moches al asignar obras y contratos, Seguritech haya sido acusada e investigada (2006-2009) por presuntamente haber depositado 65 mil pesos mensuales a Alfonso Cedeno Gutiérrez, coordinador de Seguridad Pública de la delegación Miguel Hidalgo en el entonces Distrito Federal, por favorecerlos con un contrato irregular.
Además, iniciaron mal. La convocatoria dicta el 17 de mayo como fecha estimada de inicio de obras, pero Vega de Lamadrid anunció que “comenzarían en espacio de tres meses”.
Ahora será responsabilidad de la sociedad, de los grupos organizados, exigir transparencia en el contrato y vigilar el proyecto para que se cumpla a cabalidad, que las 400 cámaras adicionales, el monitoreo de patrullas, los arcos lectores de placas y los 10 mil botones de pánico sirvan de verdad -cosa que no ha sucedido en los otros estados- “para combatir la impunidad”, como prometió el gobernador.
