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Casi cien policías en Ensenada fueron ascendidos durante la anterior administración municipal. Tales nombramientos siguen sin hacerse efectivos a medio año de haber arracando el XXII Ayuntamiento encabezado por Marco Antonio Novelo. Los ascensos, validados por el entonces presidente municipal Gilberto Hirata Chico, están descalificados
De entrada, el que se pretendía fuera el proceso de ascensos más transparente y justo del que se tuviera memoria, según se dijo, se encuentra en calidad de “suspendido” por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, que habrá de determinar en algún momento la validez o invalidez del mismo. A la impugnación de origen, se agregó una nueva demanda interpuesta en días recientes.
Si bien es cierto es fecha que el tribunal no resuelve, también ordenó detener los pasos que seguían de la convocatoria, misma que se quedó en las primeras fases, cuando los seleccionados presentarían los exámenes de las aulas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que se quedaron esperando a los aspirantes.
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El entonces alcalde Gilberto Hirata Chico ignoró la suspensión dictada por la mencionada “y por sus polainas autorizó y entregó como quiso los ascensos”, señala Faisal Karim Díaz Nassif, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, quien el miércoles 10 de mayo interpuso una nueva demanda ante la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para declarar la ilegalidad del proceso de los ascensos.
“Yo promoví la denuncia para ‘tumbar’ ese procedimiento porque está mal hecho, no cumplió con los requisitos, los ascensos no están reconocidos en la nómina actual, porque entonces sí, ‘ni palo, ni quién lo quite”, externa Díaz Nassif.
Mal de origen
Desde finales de 2015 la administración de Hirata anunció alegóricamente que por primera vez en la historia se realizaría un proceso democrático para otorgar 82 ascensos disponibles para los policías que en realidad lo merecieran y cumplieran con una convocatoria, más allá de compadrazgos, amiguismos y compromisos políticos o afectivos con los altos mandos de la corporación. Policías de muchos años y pocas oportunidades se alegraron.
Rayando en la espectacularidad se anunció que incluso las fases de revisión y análisis de las solicitudes sería de puertas abiertas y con presencia de los medios de comunicación, en un proceso del que tomó las riendas Sindicatura Municipal, encabezada entonces por Iván Barboza, hoy secretario general de Gobierno.
De un total de 900 agentes de la corporación, respondieron 413 entusiastas. Inaudito. Pero a las primeras de cambio se impusieron las malas prácticas de costumbre. Apenas empezaban con la revisión de documentos, apareció una lista de 15 policías “palomeados” para ser favorecidos con ascensos.
Proceso de Ascensos acumula demandas ante el Tribunal Contencioso
Se dispararon los desacuerdos entre los diferntes miembros de la Comisión Disciplinaria y Carrera Policial de Seguridad Pública Municipal, conformada por el director de la corporación, Francisco Javier Shields; el síndico procurador, Iván Barboza; el presidente del Consejo Ciudadano, Faisal Karim Díaz Nassif; el director administrativo, Luis Humberto Gamboa Aguilera; el jefe de Profesionalización, Luis Enrique Paredes Alor; el comandante de Tránsito, Héctor Manuel López Ruiz; y la regidora coordinadora de la Comisión de Seguridad, Columba Dominguez, quien más de una vez gritó, golpeó con los puños la mesa de trabajo y alguna vez rompió en llanto ante lo que llamó “una vergonzosa simulación”.
A la par, en los corrillos de Seguridad Pública afloraron los enfretamientos, intimidaciones y represalias entre mandos y subartenos. La regidora Domínguez recibió amenazas y el secretario de Gobierno, Jesús Jaime González Agúndez, quien en los últimos meses ya no aguantaba lo duro sino lo tupido ante el cúmulo de desatinos de la era Hirata, fue repudiado y casi linchado públicamente, al grado de balbucear entre lágrimas en una de esas.
El proceso se alargó: 426 policías presentaron documentos, 372 fueron aprobados, 53 reprobados; 17 de ellos, transcendió, no habían pasado los Exámenes de Control y Confianza, por ejemplo. El 15 de agosto de 2016, cuando la Comisión Disciplinaria se juntó para decidir la publicación de los seleccionados, de improviso apareció una carta de 21 policías que impugnaron la convocatoria por violar el Reglamento de Carrera Profesional Policial de la Dirección de Seguridad Pública.
En dicho reglamento se establece una serie de lineamientos que se omitieron en la convocatoria, partiendo que a Sindicatura no le correspondía revisar y aplicar los exámenes para ascensos, ese fue el argumento que vino bien a los elementos que no habían logrado “filtrarse” en la lista de los favorecidos fast track.
“Estamos mal, porque estamos inventando un proceso, y al inventar cosas que no están en la Ley, nos lo pueden echar abajo, puede ser impugnado”, declaró González Agúndez. “Después nos enteramos que lo pararon todo para beneficiar a ciertos elementos que no habían metido papeles, dentro de ellos había algunos mandos y guardaespaldas de funcionarios, lanzaron una segunda convocatoria y abrieron veinte plazas más”, revelaron a ZETA policías afectados.
La convocatoria original fue anulada, y una segunda encaminada, pero también amañada, fue suspendida tras una demanda de impugnación presentada por un grupo de agentes policiacos el 8 de noviembre de 2016 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las inconsistencias, irregularidades e inconformidades ya eran demasiadas.
Con todo eso, el director de Seguridad Pública, Francisco Shields, dijo que éste había sido el proceso más transparente en toda la historia de la Policía en Ensenada. Mientras que, acorralado por los medios, el alcalde Hirata afirmó: “Hay una convocatoria que debe ser aplicada, estoy al margen, pero pendiente”. Al final otorgó 96 ascensos, de los 82 que eran originalmente y que ya habían aumentado a 92 cuando se ordenó la suspensión.
Se aferró Hirata
Al momento de la suspensión, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo había avisado de una audiencia hasta febrero de 2017, es decir, ya encaminada la nueva administración. Lo cierto es que una resolución definiiva se puede prolongar de un año y medio hasta dos. Y más si como se prevé, inconformes interponen un recurso ante el pleno del Congreso. En tanto el proceso congelado, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Faisal Karim Díaz Nassif, presentó otra demanda de nulidad ante el mismo tribunal.
“Sí, fue una farsa. Desafortunadamente”, responde el consejero ciudadano. “Lo que más molesta es que nos hicieron perder horas y horas de trabajo para que a final de cuentas fuera una farsa y se sacaran por debajo de la manga los ascensos, no se vale. Y no se vale por el trabajo del policía de todos los días, que sí merecen el ascenso”, argumentó.
Aunque en la lista de ascendidos se menciona a elementos con malos antecedentes, otros que no han pasado los Exámenes de Control y Confianza, y otros tantos que ni siquiera cumplieron con los pasos de la convocatoria, la impugnación no se centra en casos individuales, aclara Díaz Nassif.
“Si analizamos desde el punto de vista que no se cumplió el procedimiento, entonces todos fueron favorecidos. Si lo hicieron para favorecer a 15, 20 o 30, pues finalmente otorgaron indebidamente los ascensos, para nosotros todo va para abajo. La administración de Hirata ‘nos jugó el dedo’”.
En todo caso había dos vías procedentes. Uno, de resolución rápida, que la Comisión Disciplinaria, autoridad facultada para ello, emtiera una lista de ascensos y el presidente municipal la aprobara. Y la otra, más lenta, mediante una evaluación honesta del desempeño y capacidades, que es como se planeó. Ninguna pasó e Hirata decidió a días de dejar el cargo: “Se los dio a quien quiso”.
Díaz reitera que Sindicatura y la Comisión trabajaron a conciencia y respondabilidad, desde establecer la convocatoria, diseñar los exámenes, custodiarlos, “desafortunadamente el berrinche del alcalde prevaleció y el Ayuntamiento le dio en la torre a todo eso”.
Va para largo
Ahorcado en sus finanzas e imposibilitado para afrontar un incremento del presupuesto en nómina que implica los nuevos sueldos de los 96 policías ascendidos, el XXII Ayuntamiento de Marco Antonio Novelo no ha reconocido los grados otorgados por Hirata.
Y seguirán sin ser reconocidos, toda vez que están fuera de toda legalidad, pues la Comisión Disciplinaria es la única autoridad facultada para aprobar los ascensos, precisa el subdirector operativo de Seguridad Pública, Mario Basilio Hernández Montiel.
Esa Dirección está pendiente y a la espera de lo que establezca el Tribunal de lo Contencioso, decisición administrativa producto de definir si el proceso estuvo mal en su totalidad o en ciertas partes, si se tiene que hacer de nuevo o en donde se quedaron.
“La convocatoria como tal se hizo precisamente para que se evitara llegar a estas situaciones, que todo fuera lo más legal posible y el personal estuviera satisfecho, con una evaluación, preparándose para ella, que estuvieran de acuerdo con la revisión de su documentación y expediente, pero hasta donde tenemos indicios, no fue de esa forma”, acota Jacqueline Gallardo López, jefa del Departamento de Asuntos Internos.
— ¿Los policías que no se les ha validado su ascenso no están inquietos, molestos?, se le cuestiona al subdirector operativo Hernández.
“En todo caso por cuestiones disciplinarias se tienen que sujetar a las determinaciones. Yo pienso que están a la espera, o a la mejor iniciaron algún proceso administrativo, que es como debe ser, cualquiera de ellos está en su derecho de molestarse, de enojarse, pero tiene que ser por los medios legales”.
La jefa de Asuntos Internos reitera: “La única autoridad facultada para otorgar los ascensos es la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial, que es un cuerpo colegiado, ya no es como anteriormente se manejaba, que de manera unilateral el presidente muncipal, e incluso hasta el mismo director de Seguridad, podía otorgar los ascensos. Ya no es así”.
Crear precedente
Tras discutirlo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Faisal Karim Díaz Nassif tomó el toro por los cuernos en medio de un contexto donde la delincuencia se ha disparado y las prácticas de corrupción en las corporaciones siguen vigentes. La intención es fincar un precedente para futuras convocatorias o proecesos de ascensos de policías.
La tónica deberá seguirse, manifiesta, para el resto de acciones de gobierno, donde se presuma se incurre en la ilegalidad y tráfico de influencias, siempre y cuando como Comité Ciudadano se tenga al apoyo y solidaridad de los sectores de la sociedad.
“Tenemos que proceder y meter este tipo de demandas, con el respaldo de grupos civiles, rotarios, colegios de abogados, poco a poco tenemos que llegar a eso. Vamos encaminados en eso y ya puse la primera demanda, fui el primero a nivel estatal. Afortunadamente yo no vivo del gobierno, no tengo contratos y que me anden queriendo amenazar, y si los tuviera no importa, porque sí quiero hacer algo que tenga peso y que sea una avance”, remata.
