En Ensenada el rezago histórico por este concepto suma 311 millones 983 mil pesos, con algunas cuentas “intocables” de deudores que llevan hasta 20 años sin pagar el impuesto. El recaudador de Rentas, José de Jesús López Castillo, dice que ahora sí les va a cobrar. “No hay ninguna indicación del presidente municipal de beneficiar a nadie”, afirma a ZETA
La administración municipal de Ensenada, encabezada por el empresario Marco Antonio Novelo Osuna, presume una recaudación del Impuesto Predial hasta el primer trimestre de 2017 por 81 millones de pesos, en contraste con los 90 millones que cobró durante todo 2016 el anterior Ayuntamiento, presidido por Gilberto Hirata Chico.
No obstante, como la Ley establece que después del 31 de marzo el impuesto no recaudado ya se considera rezago, y éste asciende por lo pronto a 98 millones de pesos, dado a que el padrón total contempla 179 millones de pesos, es decir, aproximadamente el 26 por ciento del total de ingresos para el actual ejercicio.
“Traigo la idea de cobrarles a cada uno, no hay ninguna indicación del presidente municipal de beneficiar a nadie”, asegura el recaudador de Rentas, José de Jesús López Castillo, sobre todo de cara al rezago histórico que asciende a 311 millones 983 mil pesos, con algunas cuentas “intocables” de deudores que, se dice, llevan hasta 20 años sin pagar el mencionado impuesto.
Promete el recaudador que para abatir el rezago se iniciará una labor de combate a la cartera vencida, misma que las administraciones pasadas dejaron crecer por temor a los costos políticos. La primera tarea es depurar el padrón; hasta el momento se tienen contabilizadas 193 mil cuentas, “pero es difícil detectar a todas, si ustedes me dicen ‘tal o cual persona’…”, externa López Castillo.
Terratenientes, especuladores y constructores son los eternos deudores que “todos conocemos”, refieren residentes ensenadenses, mismos que la han tomado la medida al gobierno, pero “sí se va actuar”, jura y perjura el funcionario municipal.
Indicó que durante los tres primeros meses de la administración se iniciaron 10 mil procedimientos para predios de la Zona Centro y zonas aledañas, y que también han estado preparando los recursos jurídicos y los procesos legales para cobrar sin contratiempos. De entrada existen cien cuentas que están amparadas y que suman un adeudo de 80 millones de pesos: “Se está procediendo con cautela”.
Reiteró que no habrá excepciones, no se privilegiarán cuentas ni se beneficiará a empresarios, además, advierte se llegará hasta las últimas consecuencias, sobre todo a las que tienen clasificadas como “cuentas especiales” y que concentran el mayor rezago.
Sin embargo, cuando se le ha insistido cuál será el plan de pago o la estrategia para hacerlos pagar, el funcionario ha respondido en repetidas ocasiones que “se está trabajando en ello”, “aún no lo tenemos aterrizado”, “yo no quiero requerir por requerir”.
Por su parte, el abogado penalista Jorge Hurtado, ex asesor en Cabildo, opinó que existen terrenos ociosos en la mancha urbana, con fines especulativos, pero no se sabe de alguna iniciativa por parte de la actual administración municipal para reclasificar las tasas catastrales a fin de incrementarles el costo del gravamen a los terratenientes, o de alguna estrategia para fortalecer la recaudación municipal.
“Parece que dentro del gobierno municipal hay una pasividad hacia estos terratenientes morosos, cualquier abogado podría revisar estos procedimientos desde el área jurídica del Ayuntamiento y verá que son muy deficientes, a tal grado que cualquier contraparte los tumba con un amparo muy sencillo, esto es lo que ha hecho que la deuda se haya incrementado año con año”, expuso el litigante.
“No quiero hablar porque no tengo pruebas, pero pudiera existir algún tipo de corrupción hacia el interior de esa área, pero atendiendo a la experiencia es evidente que algo en el tema jurídico está mal planteado”, agregó.
Mientras tanto, siguiendo la tónica de todos los funcionarios de la actual administración, el recaudador de Rentas responde: “Yo ignoro si ha habido corrupción o no, pero lo que sí me di cuenta es que los procedimientos se levantaban mal, entonces son cosas que he estado trabajando para cambiar, y estamos buscando los perfiles, e incluso los licenciados, para que lleven a cabo los procedimientos, para que se pongan a estudiar, que vaya la gente preparada…”.
Incumplidos y agazapados
Tanto José de Jesús López Castillo como la Unidad de Transparencia del XXII Ayuntamiento se niegan a revelar los grandes deudores del Impuesto Predial en Ensenada. Incluso a los regidores que llevan el tema les ha sido vedada la información.
Se habla de cien “cuentas especiales” que concentrarían el mayor porcentaje de los 312 millones de pesos acumulados en la deuda, algunos con muchos años de no haber pagado. Triangulando con instancias municipales, ZETA pudo obtener solamente las claves catastrales de los que, se presume, son los primeros 25 deudores. Tales datos fueron cruzados después con los archivos del Registro Público de la Propiedad.
Las 25 cuentas enlistadas arrojan una deuda total de 51 millones 816 mil 301 pesos. La mayoría de ellos con un adeudo entre uno y 2 millones de pesos cada una. Dos de ellos alcanzan los 6 millones de deuda por Impuesto Predial, y tres rondan los 3 millones de pesos que no han pagado.
El récord de adeudo, que asciende a 6 millones 237 mil 760 pesos, lo encabeza la clave catastral IC-051-001, cuyo titular es Manuel Mijares V., terrateniente de Isla de Cedros, zona en la que de por sí no hay ley, y donde este propietario no paga desde 2008.
El segundo gran deudor es nada menos que Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. (API), concesión otorgada por el Gobierno Federal, cuyo titular Héctor Gonzalo Bautista, se ha caracterizado por dar declaraciones erráticas a la prensa, ser abucheado en actos públicos, o quedarse dormido en ceremonias protocolarias. La API, con la clave catastral XF-000-053, no ha pagado desde 1997, es decir, en 20 años ha acumulado una deuda de 6 millones 34 mil 687 pesos.
La tercera posición la ocupa el particular Julio Segura Alfaro, con propiedades en la delegación Maneadero, clave VM-T53-058, quien no paga desde 2008 y cuyo adeudo asciende a 3 millones 293 mil 250 pesos.
El cuarto deudor aparece con la clave catastral SR-000-000 y corresponde al fraccionamiento Rancho San Ramón, Delegación San Quintín; terrenos que fueron escenarios de enfrentamientos entre las autoridades policíacas y comunidad jornalera durante la revuelta de 2015. El adeudo desde 2008 asciende a 2 millones 815 mil 515 pesos.
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) también ha sido omisa en cumplir con sus responsabilidades con el Ayuntamiento de Ensenada. No paga Predial desde 2008. Bajo la clave ZP-100-294 ocupa el “honroso” quinto lugar, con 2 millones 729 mil 644 pesos.
Con adeudos que van de 2 millones 516 mil pesos a 2 millones 23 mil pesos, igualmente sin pagar desde 2008, le siguen el Ejido Chapultepec (HW-000-000); Compañía Inmobiliaria del Pacífico, S.A. de C.V. “El Naranjo” (MQ-053-001); nuevamente la UABC en otros de sus predios (VD-137-002), Teófilo Cuevas López, empresario presumiblemente ya finado y con propiedades en San Telmo (ST-PA3-112); y hasta un propietario no identificado (ZF-000-008).
Los 15 restantes tienen un adeudo que va desde los 998 mil 301 pesos, al millón 828 mil 936 pesos, la mayoría con hasta 10 años sin pagar el impuesto correspondiente. Los susodichos son: Fernando Chávez Olivas, de la colonia Valle Coronado; Comercial Turística del Estero, S.A. de C.V. Hotel Estero Beach, del Valle de Maneadero; Julia Rodríguez Beaz, de El Sauzal de Rodríguez; Edificaciones Turísticas Baja, S.A. de C.V., del fraccionamiento Puerto Salina; Ejido Héroes de la Independencia; Carmen Salazar Zúñiga, de la colonia Lázaro Cárdenas en Camalú; el centro turístico Bajamar; María Villavicencio López, Francisca Carrasco Sadori y Rogelio Velázquez Mojarro, todos del Valle de San Quintín; Elsa N. de Tavarez, del fraccionamiento Playa Ensenada; Gloria Romero de Figueroa, de la delegación Maneadero. Entre estos destaca uno que lleva 20 años sin pagar, debe un millón 709 mil pesos, y se trata, nuevamente, de API.
Cuentas claras
Cuál será el plan de cobranza, qué mecanismos se utilizarán para la entrega de requerimientos, la forma de operar las cajas recaudadoras, establecer los deudores de mayor deuda al margen de intereses políticos o sociales, por qué en las administraciones pasadas se ha llegado a este rezago y qué medidas implementar para que no siga ocurriendo así, son algunos de los cuestionamientos que el regidor independiente Cristian Vázquez espera sean aclarados con un punto de acuerdo que presentó en Cabildo y que ahora se encuentra en la Comisión de Hacienda presidida por el petista Orlando Toscano, y en la que también están integrados el edil Teodoro Araiza, de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), y Ricardo Medina Fierro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Apunta el joven regidor que su función como tal es analizar, supervisar, evaluar y proponer, “pues tenemos la posibilidad de solicitar información de primera mano a los funcionarios, y a lo mejor no es un proceso rápido ni ágil como quisiera la ciudadanía, y como quisiéramos nosotros, pero tenemos que lograr que la información fluya más rápido y que sean claros y no digan ‘lo estamos haciendo…’”.
El primer paso, precisa Vázquez, es que les informen, porque no se sabe mucho. Por ejemplo, aclarar si la decisión de aumentar las tasas en 30 colonias mejoró la recaudación, o por el contrario, la inhibió. También establecer comparativas de recaudación con administraciones pasadas y, sobre todo, por qué el Ayuntamiento está imposibilitado para cobrarle a los morosos identificados.
“Ensenada tiene el historial más grande en Baja California de asuntos jurídicos perdidos. Sabemos por qué, porque tenemos personajes políticos de alto renombre que eran empleados públicos y al mismo tiempo eran abogados en el Ayuntamiento”, plantea Medina.
“Sinceramente el rendimiento del jurídico en el Ayuntamiento ha sido muy malo siempre, por eso necesitamos saber cuál es el plan de gestión jurídica para esto, si vamos a cambiar la ruta, es muy sencillo. Si tenemos que descartar la posibilidad de que esto se está retrasando a través de corrupción, porque para el imaginario colectivo es muy fácil considerarlo así”.
Ejemplificó que si se da el caso de que algún ciudadano debe 3 millones de pesos, paga 200 mil y se le deja de molestar tres años, “es una lógica muy sencilla suponer corrupción y el caso se va postergando”.
La captación del Impuesto Predial, como el resto de la política recaudatoria del presidente municipal Marco Antonio Novelo, el regidor independiente la resume como de “seguimiento”, “y en ese sentido creo que todavía estamos en los meses en que podemos darle el beneficio de la duda. La cuestión es que estamos viendo mucho seguimiento y pocos proyectos o programas para concretar”.
En ese sentido, el recaudador de Rentas, José de Jesús López Castillo, reveló que dentro de los procesos administrativos que piensan seguir están contemplando el embargo de propiedades, incluso el registro de los morosos en el Buró de Crédito.
Pero ante el historial de procedimientos mal elaborados que se les caen, y con eso de que “los abogados ya se la saben”, el Buró de Crédito apenas es una alternativa o herramienta que se está viendo mesuradamente y nada más para ciertas cuentas: “Todavía no lo aterrizamos”.