El ex gobernador de Tamaulipas fue capturado en Florencia, Italia, donde se ocultaba detrás de una identidad falsa. En México existe orden de aprehensión en su contra desde 2012 por delincuencia organizada y una recompensa de 15 millones de pesos. También es reclamado por autoridades estadounidenses en una Corte Federal de Texas por once cargos, entre los que destacan extorsión y lavado de dinero. México y EU se disputarán su extradición ante el gobierno italiano, aunque fueron autoridades norteamericanas las que se coordinaron con las italianas para la aprehensión de quien en México estuvo impune hasta 2015 y después huiría
Aunque México se quiso colgar la “medalla” de la captura del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba en Italia, las autoridades aclararon que la localización y arresto del político mexicano se logró tras una estrecha colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, país que lo reclama para enjuiciarle por once cargos criminales.
Yarrington, señalado de recibir millones de dólares durante su campaña y posterior gestión como gobernador, a cambio de proteger al Cártel de Los Zetas, se hallaba en la ciudad de Firreno de Paola, en Italia, al menos desde dos meses atrás, con una credencial falsa que le dotaba de los apellidos Morales Pérez.
La Policía de Italia le identificó y dio con su paradero desde febrero, pero no actuó sino hasta que tuvo la seguridad que se trataba del político tamaulipeco, lo que sucedió gracias al apoyo del Departamento de Seguridad de Estados Unidos que aportó información puntual sobre el personaje y sus pasos por Europa.
La detención de Yarrington, de 60 años de edad, ocurrió la noche del domingo 9 de abril, después que salió de un restaurante de la plaza de la Signoria para dirigirse a la plaza Beccaria, no muy lejos de la primera. El hombre dijo a la Policía de Florencia que se confundían de persona, pero aun así le detuvieron junto con su acompañante de nacionalidad polaca, para su investigación.
Tomás Yarrington Ruvalcaba pretendía pasar desapercibido, pero ni las cirugías faciales a las que fue sometido, ni una credencial apócrifa, pudieron evitar su identificación y arresto. Sus huellas dactilares lo delataron en la base de datos de la Interpol.
En México es requerido por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud; mientras que en la Unión Americana, la Corte Federal de Brownsville, Texas, lo reclama por conspiración para violar la Ley federal contra extorsión criminal y las organizaciones corruptas.
El ex funcionario mexicano fue internado en la cárcel de Sollicciano en Florencia, en espera que se defina su situación jurídica en días próximos, posiblemente a través de la vía de la extradición, dado que Estados Unidos colaboró con la justicia italiana para aprehenderlo con esos fines; México también requiere la extradición del político originado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de México en Italia, acudió a la prisión para asistir consularmente al detenido, como es su derecho, a pesar que cuando fue capturado, explicó a la revista Proceso el agente encargado del operativo de detención, Luigi Rinella, se le preguntó si requería asistencia consular y Yarrington dijo que no, solo pidió un abogado de oficio, pues aseguró no tener uno propio.
Rinella explicó a la revista que Tomás Yarrington, prófugo desde 2012, “vivía tranquilamente, no se imaginaba que lo observábamos, no hacía vida de prófugo, tenía ese documento (credencial apócrifa) y se sentía tranquilo… No se comportaba como alguien que deba esconderse (…) en un país multiétnico como Italia, pasaba desapercibido, como un jubilado más, una persona que habla español como tantas”.
De hecho, Luigi Rinella, reveló a Proceso que Yarrington no está siendo investigado por relaciones con la mafia en aquel país, pero sí “queremos saber por qué decidió venir y quedarse en Italia, quiénes eran sus contactos, quiénes le proporcionaron los datos falsos. Necesitamos entender qué hacía en nuestro país, cómo se mantenía económicamente, de dónde le llegaba el dinero”.
CARGOS EN MÉXICO
Cinco largos años han pasado desde que en 2012 se inició la persecución formal contra el referido político, uno de los varios ex gobernadores de Tamaulipas señalados a finales del sexenio presidencial de Felipe Calderón Hinojosa como corruptos y presuntos delincuentes.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) contra los ex mandatarios tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba, solo en contra de este último, ejercitó acción penal por sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas, ex “brazo armado” de la primera organización.
Los testimonios de los testigos protegidos con las claves “Óscar” y “Pedro” señalaron que el Cártel del Golfo y sus capos financiaron la campaña de Yarrington como aspirante a la gubernatura de Tamaulipas por el PRI en 1998, realizando aportaciones en varias ocasiones hasta por un millón de dólares, dinero que le entregaban algunos comandantes en maletas.
Por investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), se estableció que Yarrington contaba con un seguro de vida de Grupo Nacional Provincial, S. A. por un millón de dólares, y en su cuenta bancaria de Banamex tuvo movimientos inusuales en la primera década del nuevo milenio, con millonarios depósitos en efectivo.
Con los indicios obtenidos por las autoridades ministeriales, un juez federal obsequió una orden de cateo el 5 de junio de 2012 para allanar diversas propiedades del ex funcionario. Agentes adscritos a la SEIDO, de la PGR, irrumpieron en la finca marcada con el número 7 de la calle Nápoles, en el fraccionamiento Río, en Matamoros. Los federales aseguraron el inmueble propiedad de Tomás Yarrington y de su esposa, María Antonieta Morales Loo.
El Ministerio Público de la Federación también aseguró el departamento número 12 de la calle Rubén Darío 267, en la colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo en Ciudad de México, y fue congelada la cuenta 908091163 Perfiles, de Banamex, abierta a nombre de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba.
El 8 de agosto de 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, dictó orden de aprehensión contra el ex gobernador por considerarlo presunto responsable en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa misma naturaleza.
En la misma resolución, el juzgador negó al Ministerio Público federal, la emisión de la orden de captura solicitada contra el mismo personaje por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, en otra causa penal, el propio juez de referencia concedió otro mandamiento de aprehensión contra el ex gobernador por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otra por delincuencia organizada.
El 22 de noviembre de 2016, cuando la presión social sobre el tema había menguado, la PGR anunció a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación una recompensa de 15 millones de pesos a cambio de información que llevara a la detención del tamaulipeco.
CARGOS EN EU
Aunque desde 2003, agencias norteamericanas le seguían la pista a Tomás Yarrington por nexos delictivos, fue hasta mayo de 2013 cuando las autoridades federales de ese país formularon una acusación en su contra ante la Corte Federal en Brownsville, imputándole la presunta aceptación de sobornos de cárteles de la droga mexicanos a cambio de su protección cuando fue gobernador de Tamaulipas.
Los señalamientos refieren que el apoyo de Yarrington a los grupos criminales incluía la introducción de drogas a los Estados Unidos y el posterior blanqueo de capitales ilícitos en el Estado de Texas. En total son 11 los cargos fincados ante la Corte Federal texana por conspirar en actividades de delincuencia organizada y otros delitos.
La forma de lavar dinero en Texas se efectuaba a través de la compraventa de bienes raíces, según detalla la imputación contra Yarrington y sus asociados, entre quienes se encontraba el empresario mexicano Antonio Peña Argüelles, al que los estadounidenses detuvieron, procesaron y sentenciaron en 2014, a dos años seis meses de prisión y a la devolución de 5.5 millones de dólares en efectivo e inmuebles producto de ganancias del narcotráfico.
Peña Argüelles era el intermediario para la entrega de los sobornos de Los Zetas a los entonces funcionarios más importantes de Tamaulipas, entre los que fue señalado Tomás Yarrington, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense congeló varios millones de dólares en activos, entre estos un condominio en la texana Isla del Padre.
También se le adjudica la propiedad de algunas cuentas bancarias, casas, aeronaves, automotores y otros bienes en Cameron, Hidalgo, Bexar y el Condado de Hays, presuntamente obtenidos con dinero proveniente de créditos fraudulentos de los bancos en Texas.
Además de permitir el ingreso de droga hacia Estados Unidos a través de los municipios fronterizos de Tamaulipas, al ex mandatario se le acusa de participar entre 2007 y 2009 con los cárteles del narcotráfico mexicanos en el embarque a gran escala de importantes cargamentos de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia el país del norte.
Ahora dependerá de las autoridades italianas determinar si Tomás Jesús Yarrington, reclamado por dos países, es entregado a Estados Unidos o a México, pues ambos se muestran interesados en que sea extraditado a su respectiva nación para llevarle ante la justicia.
SE DEFENDÍA
El político todavía aparecía públicamente en México en 2015. Se le veía en su Estado y en otras partes de la República paseando. Salía a acallar las versiones que le señalaban de lo que ahora tendrá que combatir ante los tribunales. Promovió amparos para recuperar sus bienes asegurados e incluso formuló demanda contra el periodista y la editorial que publicaron un libro que documenta sus andanzas.
Con el regreso del PRI al Ejecutivo federal, el tamaulipeco denunció penalmente ante la Visitaduría a diversos ex funcionarios de la PGR, incluida la ex procuradora general de la nación, Marisela Morales Ibáñez, y al ex titular de la SEIDO, Cuitláhuac Salinas, por ser directamente los responsables de “garantizar la secrecía de las averiguaciones previas” de la dependencia.
Los señalamientos formulados contra los ex funcionarios más relevantes de la institución federal no prosperaron, determinándose el 22 de mayo de 2015. el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la indagatoria 155/AP/DGDCSPI/2013.
