“Amigos” de Javier Duarte se desmarcan de sus vínculos con el ex gobernador de Veracruz. Detenido en Guatemala, donde tenía radicando seis meses, decidió en audiencia quedarse preso en el país centroamericano. La extradición a México podría tardar entre tres meses y un año, o menos si el veracruzano decide allanarse. Cuatro órdenes de aprehensión le esperarían en territorio nacional. La captura de Duarte de Ochoa y antes de Tomás Yarrington son “arma de doble filo” para el PRI en las próximas elecciones
Bien expresa un dicho popular: “A los amigos se les cuenta con los dedos de una mano”. Al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ahora le sobran dedos y lo niegan quienes se decían sus amigos, desde políticos y empresarios, hasta familiares, beneficiados por el poder, con favores o dinero.
Solo algunos de sus parientes directos están con Duarte, detenido la noche del sábado 15 de abril en Guatemala, y prisionero en tanto se resuelve su entrega al gobierno mexicano, para que sea llevado ante las autoridades judiciales que le reclaman en el fuero común y en el fuero federal por sus excesos.
Aunque son muchas las acusaciones en su contra, en el vecino país del sur nada más está detenido provisionalmente con fines de extradición internacional por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) estipulados en la orden de aprehensión dictada en un juzgado de distrito en México.
La presunta comisión de esos ilícitos derivan de la compra y venta irregular de terrenos, en operaciones realizadas por Duarte de Ochoa y socios coacusados a través de prestanombres, pero con recursos provenientes del Gobierno del Estado de Veracruz de la Llave.
Tras una primera audiencia pública, ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, el mexicano compareció para ser enterado del motivo de su detención. Ahí, Duarte corroboró sus datos generales y declaró que tenía seis meses de residir en territorio chapín, prácticamente desde el día que solicitó licencia al cargo como gobernador el 12 de octubre de 2016.
En la audiencia en la que se formalizó su detención provisional con fines de extradición y se determinó que continúe preso en la cárcel de Matamoros, Guatemala, el juzgador dio oportunidad a Duarte de allanarse al referido proceso, es decir, oponerse o voluntariamente entregarse a las autoridades mexicanas para evitar permanecer en ese país.
Sin embargo, Duarte de Ochoa, que contó con dos defensores de oficio guatemaltecos por el impedimento de ejercicio profesional de su abogado particular –Pablo Campuzano de la Mora– por su calidad de extranjero, determinó no precipitarse en su decisión y se pronunciará al respecto en la próxima audiencia cuando haya las condiciones para ello.
El veracruzano, que llegó al onceavo piso de la Torre de Tribunales ataviado con una camisa a cuadros grandes y chaleco antibalas, dijo al juzgador: “En este momento no puedo allanarme sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal”.
La Cancillería mexicana tendrá 60 días naturales para solicitar formalmente la extradición y entregar los medios de prueba o documentos fundatorios necesarios que acrediten dicha petición.
La detención
La noticia sorprendió en pleno ‘Sábado de Gloria’. Las primeras versiones llegaron desde el país centroamericano: Detienen a Javier Duarte en Guatemala. La Procuraduría General de la República no tardó en confirmar la información. El ex mandatario veracruzano fue atrapado en un hotel en el municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en la República de Guatemala, donde se ocultaba junto a su esposa Karime Macías Tubilla. Ella no fue encarcelada.
Presuntas tareas de inteligencia de autoridades mexicanas con el apoyo de la Oficina Central de la Interpol en Guatemala, habrían llevado a su captura. Según las primeras versiones, Javier había salido del hotel en busca de alcohol para confortarse. No iba escoltado, ni armado. Antes le habrían fotografiado cuando asomó por la ventana de su habitación en un quinto piso, lo que dio certeza de su identidad.
El gobierno de México asegura que las pistas que llevaron a Duarte se derivaron del seguimiento a la detención de un sujeto, que el 10 de noviembre de 2016 –en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas– tenía en su poder pasaportes falsos con las fotografías del ex funcionario prófugo y de su esposa, pero con nombres diversos.
Sin embargo, se sabe que el hecho que llevó a las autoridades a dar con el paradero de los Duarte fue el viaje que realizaron el mismo sábado hacia Guatemala ocho de sus parientes, entre ellos sus suegros Jesús Antonio Macías y Virginia Tubilla; Mónica Macías, hermana de Karime y su cuñado, Armando Rodríguez; así como los hijos de los fugitivos.
Ninguno de los familiares fue detenido, algunos de ellos incluso ya abandonaron ese país con destino a Colombia. Otros permanecen en solidaridad con el recluso, quien desde el primer día fue internado en la prisión de Matamoros, una instalación nueva ubicada dentro de un cuartel militar y que tiene una capacidad máxima para 30 reos. A Duarte le tocó ser el prisionero número 27 y tiene como vecinos a narcotraficantes y políticos corruptos. No es de máxima seguridad.
Los señalamientos
Hasta el momento, a Javier Duarte le aguardan en México por lo menos cuatro órdenes de aprehensión, según trascendidos. La primera de ellas relacionada con el ofrecimiento de una recompensa de 15 millones de pesos emitido por la Procuraduría General de la República a mediados de noviembre de 2016 por acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Otro mandamiento judicial de un órgano impartidor de justicia federal emitido en el mes de marzo de 2017, según información extraoficial, por la presunta responsabilidad del ex gobernador de Veracruz en la comisión de delitos de carácter electoral. El señalamiento sería porque como mandatario obstaculizó la labor de funcionarios del Instituto Electoral del Estado al no dotarles de recursos económicos para ejercer su función.
Trascendió que en el fuero común, en la entidad que gobernó, existen por lo menos otras dos órdenes de captura libradas por jueces locales a petición de agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía General de Veracruz por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público.
Por lo menos estos mandamientos dictados por diversos juzgados justificarían la extradición internacional y entrega del prófugo al gobierno mexicano, que aún tiene más motivos para indagar presuntas conductas ilícitas de Duarte en averiguaciones previas y carpetas de investigación en los fueros común y federal.
Entre las pesquisas pendientes, se tendría que aclarar la falsificación de documentos y uso de los mismos durante su huida a Guatemala, las decenas de personas desaparecidas durante su gestión como gobernador, la gran cantidad de narcofosas con cadáveres localizados en el territorio veracruzano, la operación de grupos parapoliciales, los numerosos crímenes de periodistas, la irregular licitación de obras “fantasma” durante su sexenio, el uso de programas sociales a favor del PRI en 2013 y su inexplicable riqueza.
En Guatemala, las autoridades también investigan la posible comisión de delitos de Duarte de Ochoa y si tiene o no bienes muebles e inmuebles en esa nación. La fiscal general guatemalteca, Thelma Aldana, aseveró que su país no será guarida de delincuentes mexicanos y anuncia que dará un total respaldo a la PGR durante el procedimiento iniciado el miércoles 19 de abril para resolver la situación jurídica y futuro inmediato del ex gobernador veracruzano.
Karime Macías Tubilla, la esposa del imputado, no puede darse aún por exonerada. En México se investigan sus excesivos gastos hasta por casi ocho millones de pesos entre los años 2010 y 2012, en la compra de maquillaje, ropa, viajes y hospedaje en lujosos hoteles. También durante un cateo en febrero de 2017 en una bodega de los Duarte se localizaron varias libretas o diarios de la ex primera dama en las que anotó números de cuentas bancarias, propiedades en México y en el exterior, así como los nombres de familiares, funcionarios y socios con los que realizaba negocios.
Ecos de la captura
Convertido en el villano de moda, a Javier Duarte de Ochoa, antes aplaudido y señalado como ejemplo de una pujante renovación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, todos le desconocen. Quienes antes le brindaban su reconocimiento o amistad, ahora lo niegan y piden que se le imponga un castigo ejemplar.
Aunque tardó más de 40 horas en emitir su postura tras la captura de Duarte, el presidente Enrique Peña Nieto aplaudió la localización del ex gobernador y en tono triunfalista aseguró que, tanto la detención de Tomás Yarrington, como la del veracruzano “son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”.
Por su parte, Alfredo del Mazo, de quien circula en redes sociales una fotografía entregando un cheque a Javier Duarte, negó cualquier vínculo de amistad con el ex mandatario y dijo que la placa corresponde a un evento en el que como director de Banobras hizo entrega de recursos a alcaldes del estado de Veracruz. Otros priistas tampoco reconocen ser amigos del ahora prisionero en Guatemala.
Alejandra Barrales, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que la aprehensión de Duarte es parte de la campaña del PRI con vistas a las próximas elecciones que habrá en cuatro estados. Similar opinión externó Dolores Padierna, coordinadora de los senadores perredistas, quien pidió se juzgue al veracruzano por más delitos que los que hasta el momento se han señalado.
Mientras el presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, reconoció el esfuerzo de las autoridades federales para detener a Duarte y recuperar una parte de los recursos y bienes presuntamente desviados, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esta acción es una maniobra del PRI y el PAN para enlodar y frenar los avances del partido político que representa, pues el actuar gobernador de Veracruz, Miguel Yunes ha expresado que Duarte entregó 2.5 millones de pesos a Morena en 2016.
Narcopolítica mexicana
Dada la coyuntura del asunto de Javier Duarte de Ochoa, que se une al caso de la captura de Tomás Yarrington en Italia y la persecución del gobierno mexicano a otros ex gobernadores, ZETA entrevistó al investigador académico Jesús Pérez Caballero, doctor en seguridad internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid y becario de posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para conocer su visión sobre lo que está ocurriendo en la política del país.
—Doctor Pérez Caballero, ¿cuál es su percepción sobre las aprehensiones –con una semana de diferencia– de los ex gobernadores mexicanos Tomás Yarrington y Javier Duarte en otros países?
“Se trata de casos distintos, pero que pueden tener algunos puntos en común. Yarrington es un individuo fugado años atrás, apartado del PRI desde hace tiempo, y del que incluso se tienen sospechas de vínculos con el narcotráfico desde principios de este siglo y en varios de los cargos que ha ocupado. Formaría parte de las redes criminales que tanta resiliencia han mostrado históricamente en Tamaulipas, y de las que tan bien ha escrito el investigador Carlos Antonio Flores Pérez. Además, se trata de un individuo del que se presuponen conexiones con el narcotráfico internacional, e incluso se ha hablado de vínculos con grupos criminales italianos, precisamente en el país donde fue detenido. Es, si se recuerda bien, otro de los ex gobernadores tamaulipecos en busca y captura.
“Por su parte, el caso Duarte muestra diferencias. Primero, ha estado hasta hace muy poco ligado al PRI, y no es descartable que todavía cuente con protección en sectores de ese partido. Segundo, su capacidad de huida, a diferencia de Yarrington, se ha mostrado limitada, pues queriendo escapar a Europa no ha podido salir del arco sur de México-Guatemala. Sin embargo, también hay varios puntos en común. Ambos eran gobernadores en áreas donde las organizaciones del Golfo y de Los Zetas continúan siendo preponderantes. Además, Tamaulipas y Veracruz forman una región en términos de crimen organizado donde las cifras de delitos tan graves como los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas o los secuestros son altas en comparación con otras partes de la república. Y tanto Yarrington como Duarte son las cabezas más visibles de redes criminales cuya descripción arrojaría luz para comprender todos esos puntos en dos Estados que durante ocho décadas han tenido gobierno ininterrumpido del PRI, con lo que implica eso para la solidez de intereses criminales”.
—Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, de consentido y posiblemente protegido, ahora es considerado el villano a enjuiciar. Esta captura y la de Yarrington son vistas por la opinión pública en México como una ‘parodia’ preelectoral a favor del PRI. ¿Usted qué piensa de ello?
“Es difícil atribuir un poder tan omnímodo al PRI como para controlar los ritmos y los modos de las detenciones en suelo internacional de ambos. Lo que sí podría pensarse es en la manera en que se ha construido la imagen de esos ex mandatarios. Yarrington es alguien que en el imaginario se podría catalogar como “olvidado” para la mayoría de la ciudadanía. Alguien que rigió una entidad federativa que, para muchos, está perdida para la gobernabilidad. Es percibido como si una parte de un engranaje imperturbable, el del crimen organizado con epicentro tamaulipeco, del que no se entiende muy bien cómo funciona y del que solo se conoce la última barbaridad del sicario de turno, y no los canales de delincuencia de cuello blanco que engranan las escuadras de esos mismos sicarios.
“En cambio, Duarte ha sido promocionado entre la opinión pública como alguien “grotesco”, una especie de “Nerón jarocho” para el que todos los controles públicos habrían fallado y que es causa de cada uno de los males en Veracruz. Es la construcción de esa imagen personalista y extravagante la que debería poner en guardia a los ciudadanos. Las interpretaciones psicologistas, aunque puedan tener alguna base, solo impiden ver la realidad: la institucionalidad mexicana está funcionando para promocionar ese tipo de individuos, sea en Veracruz o en otro lugar. La pregunta de por qué y cómo es la que debemos resolver entre todos”.
—El tema de la extradición internacional, es un retén que impide el abuso de un Estado sobre el justiciable; sin embargo, en ocasiones se convierte en un camino tortuoso para llevar a presuntos delincuentes ante la justicia de su país. ¿Cuál es su visión del camino que podría tomar la extradición de Duarte, y también la de Yarrington (reclamado además por EE.UU), a México?
“Esa cuestión dependerá de la dialéctica entre los intereses de México y de EE.UU en captar y ahondar en todo lo que puede salir de las bocas, bienes y contactos de esos ex gobernadores. Ahí si veo cálculos políticos que dependerán de la coyuntura del momento, de la proximidad de las elecciones mexicanas o de cómo aprovechen otros partidos esas circunstancias. Pero algo está claro: Yarrington es de más interés para EEUU que Duarte, sobre todo por la evidente naturalidad con la que las elites tamaulipecas se mueven por suelo estadounidense, y desde mi punto de vista sus pasos están bastante encaminados hacia el norte.
“Respecto al ex gobernador veracruzano, se debe esperar a su extradición a México. Tras ella, lo más verosímil es que suceda un silencio absoluto, como se deduce de casos similares, como el José de Jesús Reyna, ex gobernador en Michoacán, del que nada trasciende. Salvo que ocurra algo extraordinario con Duarte, a ese secretismo se le agregará una catarata de recursos para aprovechar las debilidades del ordenamiento procesal penal mexicano y lograr pequeñas victorias (mantenimiento de un bien inmueble, ocultamiento de alguna relación especialmente turbia, etcétera)”.
—Javier Duarte y Yarrington están acusados de grandes desvíos y aprovechamiento de recursos económicos del Estado para su propio provecho, además de vínculos con la delincuencia organizada. Con lo que se conoce hasta el momento ¿habrá elementos probatorios suficientes para condenarles?
“Habrá que estar a cómo se arman los procesos, pero según los precedentes dependerá de dónde sean procesados. Si Yarrington es extraditado a EE.UU, seguramente responderá con la mayoría de sus bienes y los estadounidenses sabrán de los vínculos entre el ex gobernador de Tamaulipas y los grupos del crimen organizado de esa entidad. En esencia, las autoridades de EE.UU utilizarán esa información a su gusto, sin apenas consideración a los efectos que tenga en México. Por ejemplo, si en EE.UU no dudaron en valerse de la información sobre Osiel Cárdenas, a pesar de que mucho de lo confesado por el ex capo del Golfo tuvo consecuencias terribles para México por la reacción de Los Zetas, es seguro que lo seguirán haciendo, independientemente del peso político que haya tenido un acusado como Yarrington.
“Además, es probable que el ex gobernador tamaulipeco tenga bastante información sobre cómo operan grupos italianos (se ha hablado de la ‘Ndrangheta calabresa’) en México, y eso de mucho interés. Sobre Duarte, todavía queda bastante por hacer. Los lectores de ZETA tienen que pensar que las investigaciones a Yarrington llevan años, mientras que de Duarte todavía hay que establecer incluso el peso justo que tiene en la descomposición de Veracruz, entidad que ya está en el foco de organizaciones como International Crisis Group, lo que nos indica, para mal, un salto cualitativo por la gravedad de sus crímenes”.
—Yarrington, Padrés, Javier Duarte, César Duarte, Borge, Reynoso Femat, los Moreira, Vallejo, Granier y otro número importante de ex gobernadores dejaron huella por presuntos actos de corrupción y de conducta criminal. ¿Es este el destino de los actuales y futuros gobernadores mexicanos, en medio de una cultura de corrupción, malos manejos y narcopolítica?
“Puede ser, pero la cuestión es si el sistema político mexicano se encuentra en una situación de algo así como una ‘estabilidad inestable’, donde se puede aligerar a un Yarrington o a un Duarte para continuar manteniendo el engranaje y que en unos meses o años volvamos a discutir la huida de otro mandatario, o que otra institución está en quiebra y sembrada de individuos sospechosos. Esas cuestiones no son solo de ajustes como la reforma procesal y demás leyes, sino de acciones políticas que planteen cuestiones de fondo. De ciudadanos que comprendan los trasfondos que van más allá de los fugitivos mediáticos y qué hacer”.
— ¿Con qué impresión se queda de todo esto cuanto está sucediendo?
“Solo me pregunto cuántos de las elites política, económica o burocrática en Veracruz no deben algo al ex gobernador Duarte o al PRI estatal. Con esto quiero decir que hay que pensar en términos de redes, organizaciones y alianzas, no de personas, y poner el énfasis en explicar cómo en organizaciones que actúan en la legalidad, operan y crecen individuos como Duarte. Estoy hablando de, por ejemplo, los principales partidos políticos, y la manera en que están completamente blindados ante la posibilidad de rendir cuentas como colectivo ante la ciudadanía”.
Y los que faltan…
Roberto Borge – Rodrigo Medina de la Cruz – Guillermo Padres – Cesar Duarte
Javier Duarte y Tomás Yarrington no son los únicos ex gobernadores investigados o prófugos por malos manejos de recursos públicos. Ex mandatarios de entidades como Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo, Coahuila y Durango, también han sido acusados de millonarios desvíos y por contraer deudas impagables.
Está el caso de Roberto Borge, quien en septiembre de 2016 dejó la gubernatura de Quintana Roo con una deuda de 22 mil millones 442 mil pesos. A pesar que el priista enfrenta seis denuncias penales y no se conoce su paradero, el gobierno de Quintana Roo confirmó que cuenta con 44 escoltas y 12 vehículos oficiales.
En febrero de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) incautó 25 inmuebles, valuados en 5 mil millones de pesos, por haber sido vendidos de manera irregular durante la administración de Borge, como parte de una investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que se detectó como ilegal la venta de bienes públicos por precios equivalentes al 6 por ciento de su valor real.
Aunque todavía no se le gira orden de aprehensión, al ex gobernador se le atribuyen cuatro inmuebles que adquirió por medio de prestanombres, con un valor de un millón de dólares en zonas exclusivas de la entidad.
Quien ya pisó la prisión, solo para salir en menos de 24 horas, fue el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Acusado de los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal, ingresó al penal de Topo Chico.
Si bien existe una orden de detención en su contra, un juez federal determinó que las autoridades no respetaron una suspensión provisional para su detención girada previamente, ya que el quebranto al patrimonio del Estado no es un delito grave y no merece prisión preventiva. El priista dejó a Nuevo León con una deuda de 62 mil millones 946 mil pesos, pero la fiscalía lo señala del desvío de 3 mil 567 millones de pesos.
Quien continúa en calidad de prófugo y con una ficha roja de la Interpol para su captura es el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte. Aunque se le ubica en Texas, según información dada a conocer por el gobernador Javier Corral, todavía no se ha logrado la detención del priista acusado de peculado. Tres de sus ex funcionarios ya fueron aprehendidos, y uno más obtuvo el amparo federal para no ser capturado.
La deuda con que dejó Duarte a Chihuahua suma los 42 mil millones 453 pesos y se le acusa por daño patrimonial equivalente a 6 mil millones de pesos. Según Corral, Duarte encabezó “un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal” con varios de sus ex funcionarios y prestanombres.
Por su parte, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue exonerado por su hermano, Rubén Moreira, en una investigación por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex priista, detenido en España por blanqueo de capitales, fue señalado de pagar 50 millones de pesos de recursos públicos a Construcciones Chavana, una empresa fantasma, durante su mandato.
Moreira terminó su sexenio con una deuda de 36 mil millones 498 mil pesos y ahora busca ocupar un lugar en la lista de candidatos a diputados plurinominales por el Partido Joven.
Durante la administración de Egidio Torre, Tamaulipas terminó con una deuda de 13 mil millones de pesos. Según información de la Controlaría de esa entidad, las cuentas públicas del priista están bajo investigación, pero todavía no se determina si existió un desfalco de su parte.
Otro quebranto financiero fue el que Jorge Herrera dejó a Durango, con una deuda por 15 mil millones de pesos. El actual gobierno de José Aispuro Torres informó que solicitaría apoyo de la PGR para iniciar las investigaciones del manejo de las finanzas del priista.
Tan pronto dio el aviso, en noviembre de 2016, el ex mandatario promovió una demanda de amparo para evitar ser detenido si se girara una orden de aprehensión en su contra.
La sospechosa libertad de Karime Macías
Cuando Javier Duarte huyó en octubre del año pasado, lo hizo con su esposa Karime Macías Tubilla y también se desaparecieron los padres y hermanos de la ex primera dama, por la simple razón de que estaban señalados de pertenecer a la red de corrupción y delincuencia del ex gobernador de Veracruz.
Sin embargo, luego de la detención de Duarte de Ochoa en Guatemala, su mujer quedó en libertad, pues la Procuraduría General de la República (PGR) no solicitó su detención provisional con fines de extradición como sí lo hizo con Javier. Pese a que desde meses atrás las cuentas bancarias de Karime y de sus familiares fueron aseguradas precautoriamente.
La libertad de Macías Tubilla es uno de los hechos que ha llevado a sospechar la presunta “entrega pactada” de Duarte, ya que las autoridades mexicanas han ubicado a Karime, no como encubridora de su marido, sino como cómplice o una pieza importante de la red que se investiga, además de su participación en el uso de documentos oficiales falsos con los que huyó del país para internarse en Guatemala.
El diario Reforma publicó desde julio de 2016 que la PGR investigaba al círculo cercano del entonces gobernador de Veracruz, entre ellos a su esposa y a su hermano Daniel Duarte de Ochoa. El 10 de marzo de 2017, el mismo medio informó que la dependencia federal iba por Karime Macías por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016.
Investigaciones revelan que la señora de Duarte gastó ocho millones de pesos en ropa, artículos y hoteles de lujo durante el primer año de ejercicio de su esposo como mandatario de Veracruz.
El ahora gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, reveló el 20 de febrero próximo pasado que durante un cateo a un inmueble en la ciudad de Córdoba, además de sillas de ruedas, despensas y útiles escolares, se localizaron unos “diarios” aparentemente propiedad de Macías Tubilla.
Al respecto Yunes dijo: “Hemos encontrado, en este lugar, un cúmulo de documentos que presumiblemente vinculan directamente a la señora Karime Macías de Duarte en la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos cómplices”. Las libretas fueron puestas a disposición de la PGR, y en una de ellas aparece la polémica plana que reza: “Sí merezco abundancia, sí merezco abundancia”, autoría que se atribuye a la sospechosa.
A pesar de estos datos, la mujer de Duarte continúa libre y al cierre de la presente edición, medios nacionales aseguran que viajaba hacia Inglaterra junto con sus hijos, procedente de la Ciudad de México.
EU, destino de Yarrington
Se terminó la polémica, más mediática que entre autoridades, y los gobiernos de México y Estados Unidos de América pactaron que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, preso en Italia desde el 9 de abril, sea extraditado primero a la unión americana y enfrente a la justicia en el estado de Texas.
FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM
Luego del acuerdo entre ambos países, representados por el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, a través de un comunicado conjunto se informó que el tamaulipeco será procesado en el país del norte por presuntos vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, y uso ilegal de instrumentos bancarios.
Una vez que concluya el proceso en la Corte de Distrito de Texas que reclama a Yarrington, se estableció que sea extraditado temporalmente a México, para que responda por los delitos que se le imputan en Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, donde le acusan por delincuencia organizada en la modalidad de facilitar la comisión de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La extradición planeada a los Estados Unidos de América dependerá de que las autoridades judiciales y el ministro italiano de justicia resuelvan en sentido positivo la entrega del presunto criminal, ya que Italia cuenta con tratados bilaterales firmados con ambas naciones americanas.
El comunicado se mostró generoso con México, al que le incluye en el reconocimiento que llevó a la localización del ex mandatario tamaulipeco: “La detención del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, fue el resultado de una cooperación policial entre autoridades mexicanas, italianas y estadounidenses”.
El documento puntualiza que “Yarrington enfrenta cargos graves tanto en Estados Unidos como en México, que provienen de presuntos actos criminales cometidos en ambos países durante el mandato de Tomás Yarrington como gobernador de Tamaulipas entre 1999 y el 2004”.
Las autoridades estadounidenses llevan “mano” sobre el asunto, deja en claro el pacto anunciado a través del boletín conjunto: “Después de un cuidadoso análisis de las pruebas y posibles condenas por los cargos en Estados Unidos y México contra Yarrington, y de acuerdo con la prioridad dada a las solicitudes concurrentes de extradición…los Estados Unidos y el Gobierno mexicano han acordado solicitar al Ministro italiano de Justicia que conceda prioridad a la solicitud de los Estados Unidos, y también solicitar la autorización…para la extradición de Yarrington a México”.
De ser encontrado responsable de los delitos de importación y distribución de droga, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero, todos cometidos entre 1998 y 2013 en el estado de Texas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba podría ser condenado a la pena vitalicia.
En cambio, de resultar penalmente responsable por delincuencia organizada y lavado de dinero, cometidos entre 1998 y 2005 en México, el ex gobernador de Tamaulipas alcanzaría una pena que oscilaría entre los 20 y 30 años de prisión.
