“Hasta ahorita que sepamos, que
el Cabildo tenga concesiones no
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tenemos datos; lo que sí sabemos
es que dentro de la administración
algunos funcionarios, y creo lo han
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dicho públicamente, sí tienen
concesiones”: regidor Julio
Cervando,presidente de la Comisión
de Transporte del Ayuntamiento de
La Paz, sobre el empantanado tema
del alza al servicio
En el tema de las tarifas del transporte público se asoma un posible conflicto de intereses. Pareciera que el interés de ciertos regidores del municipio de La Paz es que haya no solo el aumento en la tarifa del servicio, sino que el Gobierno del Estado pueda absorberlo a través de un subsidio.
Tras algunos meses de debatir el tema, ZETA cuestionó al presidente de la Comisión de Transporte en el Ayuntamiento paceño, Julio Cervando, sobre las versiones que indican que funcionarios públicos cuentan con concesiones de transporte público. Aquí su respuesta:
“Hasta ahorita que sepamos, que el Cabildo tenga concesiones no tenemos datos; lo que sí sabemos es que dentro de la administración algunos funcionarios, y yo creo lo han dicho públicamente, sí tienen concesiones”.
En su Artículo 20, Apartado 3, la Ley de Transporte de Baja California Sur establece como uno de los requisitos para obtener una concesión, no ser servidor público de la administración pública, federal o estatal”.
“Pues yo creo que sí tienen concesiones antes de haber llegado aquí, antes de haber llegado a ser alcalde o regidor, o no sé, la Ley no se lo prohíbe, porque se supone que las concesiones te las dan a una serie de requisitos, empezando por la necesidad de un servicio; pero aquí lo más fácil sería eso, revisar el padrón de los concesionarios y no andar con quién sí y quién no. Los datos que tenemos es que dentro del Cabildo no, no hay concesionarios”, refirió el alcalde Armando Martínez Vega.
Con dicho argumento, el presidente de la Comisión de Transporte aclara que “las concesiones no las maneja el gobierno municipal, las concesiones son una atribución del gobierno estatal, pero hay que revisar el padrón, eso es lo más fácil”.
Lo evidente es el escaso interés de la Comisión por llevar a cabo las evaluaciones pertinentes para dar una respuesta a la solicitud de los transportistas, entregada hace más de tres meses. Sobre este tema también se le cuestionó a Maximino Iglesias Caro, séptimo regidor y secretario de la citada Comisión, sobre cuál es el trabajo que se tiene hasta el momento: “Llevamos los puntos, todo y él (Cervando) nada más los está concluyendo como presidente de la Comisión, de hecho nos vamos a reunir, ya para emitir un dictamen y mandarlo a Cabildo; esa es la situación, es la única información que tengo de él”.
La demanda de la sociedad es que se haga un verdadero análisis de las rutas para que además de reorganizarlas, los regidores den solución sin tener los mecanismos básicos para generar un veredicto estudiado.
Fue ya hace algunas semanas que se llevó a cabo el último foro organizado por asociaciones civiles y estudiantes, donde presentaron algunas propuestas para su evaluación. Respuestas como “tendremos una reunión” y “seguimos trabajando”, son las únicas palabras que ha emitido la Comisión al respecto.
ZETA planteó si los regidores están evaluando el documento que acredite los acuerdos de la administración pasada con transportistas que se supone debieron haber cumplido desde 2013, a meses de haber autorizado por última vez un aumento.
“También los tenemos, esos los trabajamos, ya había unos acuerdos anteriores, era cuestión de darles seguimiento, como lo he dicho yo todo el tiempo, si hay una base hay que tomar lo bueno y lo demás desecharlo; eso también lo tomamos en cuenta para trabajar”, destacó Iglesias Caro.
Vale la pena recordar que tras el último incremento en la tarifa del transporte, a los transportistas se les dio un tiempo estimado para llevar a cabo las adecuaciones pertinentes a sus unidades, de lo contrario la tarifa regresaría a su normalidad, es decir, a antes de la alza, que fue de 8 a 10 pesos.
