A diario, un promedio de mil personas se unen a la resistencia contra el Gobierno del Estado, contra el Ayuntamiento de Mexicali y contra el Congreso del Estado. Entre quienes voluntariamente se ofrecen a cubrir uno de los seis campamentos que tienen, y aquellos que generosamente se encargan de los alimentos, las bebidas, la información y la organización, unas mil personas resisten a diario por los bajacalifornianos. Mil 500 personas han firmado amparos en las diversas causas sociales que encabeza el grupo ciudadano.
Miles, decenas de miles, han apoyado en la capital a la unión social llamada “Mexicali Resiste”, nombre que logró ante el grito de apoyo de propios y extraños, que para alentar a la sociedad a mantener su postura de denuncia contra la administración estatal, les decían “Mexicali resiste”, tanto, que la marca se quedó.
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La resistencia civil inició el 12 de enero de 2017, cuando en la capital del Estado, más de 50 mil personas acudieron a la convocatoria para manifestarse contra las acciones y determinaciones de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Francisco Vega de Lamadrid y Gustavo Sánchez. El grito masivo de “Fuera Kiko” se escuchó en la nación, al ser reproducido en medios indistintos.
La resistencia mexicalense ha sido pacífica. La única violencia la ha puesto el Estado. Los policías que a la fuerza y con agresiones desalojaron a los manifestantes de las inmediaciones del Palacio Municipal de Mexicali, por órdenes de quien encabeza esa administración. Muchas instalaciones se han entregado de forma pacífica, una vez que la voz del pueblo ha sido escuchada.
Francisco Vega de Lamadrid podría pasar a la historia como el gobernador más repudiado proveniente del Partido Acción Nacional, luego que 50 mil personas corearon la petición de su salida del Ejecutivo estatal. “Mexicali Resiste” logró de entrada algunos de sus cometidos, dos que dañarían severamente el bolsillo de los bajacalifornianos, pero que engrosarían el de los funcionarios. La Ley de Aguas del Estado, y el reemplacamiento vehicular.
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No han logrado otros cometidos y propósitos que son de todos: la disminución de los impuestos municipales, la reducción en el precio de las gasolinas y en el Impuesto Predial, el cobro a los grandes deudores municipales. “Mexicali Resiste”, persiste. A pesar que la clase política y gobernante ha intentado colgarles motes de partidos políticos de izquierda, o pretendido minimizar su fuerza social y cívica, alentando a la ciudadanía a no manifestarse.
Alejandro Rivera, León Fierro, Ignacio Gastélum, Armando Salinas Bravo, Miguel Ángel García Leyva, Mauricio Villa Osuna, Alma Rocío Magaña Sarabia, Irma Velázquez Álvarez, algunos de quienes integran la asamblea de Mexicali Resiste, se mantienen apartidistas, sin más compromiso que encabezar una resistencia social frente a un gobierno impositivo, dictatorial, recaudatorio.
Son muchas las causas que motivan al movimiento social, las mismas que han originado el hartazgo de los bajacalifornianos para llevarlos a abandonar sus hogares y tomar una manta, una cartulina, hacer una caminata y gritar por la justicia en la administración pública, por la persecución de la corrupción tan institucionalizada en estos gobiernos, por la equidad y el cobro justo.
El 1 de mayo de 2017, el Día del Trabajo en México, marcharán de nueva cuenta. Hay más indignación para hacerlo. Hay más causas que abanderar ante la insensibilidad de gobiernos, partidos, funcionarios, de la clase política. Al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid le insistirán con la abrogación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, conocidas como APPs, una figura de inversión privada en obra pública que está siendo aprovechada por las autoridades locales para la opacidad y la transa en el desarrollo de obras y la construcción de edificios. También le pedirán se cumpla el compromiso establecido desde la administración de don Héctor Terán, de municipalizar las comisiones estatales de Servicios Públicos, encargadas de la administración y distribución del agua, organismos que consideran, se han convertido en la caja chica de gobiernos y campañas hasta llevarlos a la quiebra.
Contra el Congreso del Estado se manifestarán por la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y porque consideran que los diputados han sido comparsas tanto de la autoridad del Estado como de la municipal, al corromper el proceso de instalación de la cervecera Constellation Brands. Y a Jaime Díaz Ochoa le exigirán, entre otras cuestiones, que cobre a los grandes deudores del Predial, aquellos que adeudan millones de pesos pero que han sido sus clientes, sus amigos, sus conocidos, y como en el pasado, permanecen impunemente sin pagar el gravamen municipal. También, que responda ante al agravio de haber desalojado por la fuerza y con violencia a manifestantes, hombres, mujeres, ancianas, que tenían tomado el edificio municipal, y por no investigar los hechos de la administración anterior en el caso de Constellation Brands, y con ello ser cómplice.
Los gobiernos de Baja California, los actuales, no han estado a la altura de su sociedad. No han entendido que el tiempo de la opacidad, la transa, el robo, el abuso y la represión, pertenecen al pasado, que la participación ciudadana es la línea gubernamental del presente, y que las decisiones deben ser consensuadas con los gobernados.
El 1 de mayo “Mexicali Resiste” saldrá a las calles otra vez. La resistencia contra los gobiernos de Baja California sigue, perdura. La lucha no es política, es ciudadana. Esa es la ventaja de los más, especialmente cuando se acercan las elecciones… y las reelecciones.
