El gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República, tanto cuando la encabezaba Arely Gómez, hoy Secretaria de la Función Pública, como después de tomar posesión Raúl Cervantes, hizo ver a los mexicanos, a partir de información proporcionada oficialmente o filtrada a determinados medios, que el epicentro del fraude al estado de Veracruz que llevó a aquel gobierno a la ruina al ser desfalcado de múltiples formas, estaba en el hoy detenido y ex Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, en su esposa Karime Macías Tubilla, y en los familiares de ésta, por lo menos su madre, su padre y su hermana.
Empezando con el cerebro criminal, oficialmente Duarte fue expuesto como un ladrón de altísimos vuelos con propiedades en México, Estados Unidos y Europa, por un valor de casi tres mil millones de pesos, además de cuentas bancarias, ranchos, dinero en efectivo, y otros bienes valiosos en términos económicos.
La familia de la ex primera dama, y ella misma, fue implicada cuando las investigaciones se determinó que muchas de esas propiedades están a nombre de ellos, y se supone por la información de la PGR, que estos no tenían los recursos lícitos para adquirirlas. Amén de los despilfarros en los que cayó Karime Macías, al comprar artículos de lujo para su persona en exclusivas tiendas de los Estados Unidos y México, que fueron mostrados a los mexicanos en notas de prensa que reportaron el gasto de millones de pesos desde el primer año de gobierno de Duarte; y más tarde se harían públicos los contenidos de unas libretas donde supuestamente la ex primera dama anotaría transacciones financieras, nombres de socios, direcciones de domicilios, planes oficiales, y las ya célebres planas de “sí merezco abundancia”, cuadernos encontrados por el Gobierno de Veracruz, en una “bodega de los tesoros” perteneciente a los Duarte.
Los delitos en los que habrían participado los Macías junto a Duarte, se comentó desde octubre de 2016 a los pocos días que el ex Gobernador huyera del país junto a su esposa, eran delincuencia organizada y lavado de dinero, como mínimo.
Sin embargo, una vez detenido Javier Duarte por la Interpol con base en Guatemala, su mujer quedó en libertad. De hecho fue deslindada de la investigación por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien declaró a medios de comunicación: “Karime (así, sin prefijo ni apellidos) no tiene ninguna solicitud de detención provisional dentro del proceso de extradición que se está llevando a cabo, por lo que ellos (otros familiares) están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar a la justicia mexicana”.
Y efectivamente, a cuatro días de haber sido detenido Javier Duarte de Ochoa en Guatemala, de Karime Macias nada se sabe, lo cual es un insulto –de plano una mentada- hacia todos los mexicanos, a quienes el propio Gobierno de Enrique Peña Nieto, vendió la idea político-criminal, de que la mujer de Duarte estaba implicada en los daños financieros al Estado de Veracruz.
En el mismo 2016, el diario Reforma de la Ciudad de México publicó información que, según sus periodistas explicaron, obtuvieron de la Procuraduría General de la República, en el sentido que en efecto, Karime Macías, su padre, su madre y su hermana, estaban siendo investigados por esa fiscalía, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Incluso el periódico hizo público el número de averiguación previa: FED/SEIDF/UEIDFF/0016531/2016.
Por eso resulta extraño que ahora, luego de la captura y de tener a la familia Duarte y a la familia Macías cautivos, decidan no investigarlos. Omisión que también se presenta –hasta el momento- en el estado de Veracruz, donde Javier Duarte tiene investigaciones abiertas y de hecho órdenes de aprehensión, pues el Gobernador Miguel Ángel Yúnez ha concentrado sus esfuerzos en llevar ante la justicia al ex mandatario estatal y a sus más de 50 prestanombres, entre quienes poseen las 25 residencias en varios países, y donde, de acuerdo a investigaciones ministeriales, aparecerían como propietarios la esposa de Duarte y su familia.
El hecho que ni la PGR ni la Fiscalía de Veracruz hayan solicitado una orden de aprehensión contra la señora Macías Tubilla, a pesar de la información pública que han presentado para que los mexicanos enterados asuman que se trata de una pareja criminal, o de un ex gobernador y su esposa que abusaron del erario derrochando lo que no era suyo, es el motivo de la sospecha de la que todos hablan: que la detención de Duarte fue pactada a cambio de no investigar a su esposa, lo cual francamente parece pueril aunque no imposible.
Y resulta un insulto hacia a los mexicanos, a quienes es evidente, están mirándoles la cara de ingenuos por decir lo menos, al primero crear el contexto de crimen alrededor de la mujer, y luego no aprehenderla. Este hecho le abona a la impunidad política y no a la procuración de justicia. Especialmente cuando se informó que los Duarte-Macías utilizaron el dinero público para sus compras privadas.
Primero el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y después en 2013 el Presidente Enrique Peña Nieto, intentaron a través de iniciativas para consolidar el combate al lavado de dinero y al terrorismo, adicionar a la respectiva Ley un delito. El delito de testaferrato, cuando una persona sirve de testaferro a otra, es decir que permite que un bien adquirido de manera ilícita, con recursos ilícitos, sea puesto a su nombre. Sin embargo ambos mandatarios encontraron la negativa en la Cámara de Diputados.
Los dos intentos presidenciales por reformar la Ley se dieron para cumplir con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacionales), y lograron que por lo menos, se aprobaran modificaciones a la Ley para intensificar el combate al lavado de dinero y al terrorismo, que permitan, de acuerdo a interpretaciones y trabajo de la Procuraduría General de la República, probar que personas como Karime Macías participan en el lavado de dinero al adquirir a su nombre propiedades y artículos de lujo con dinero extraído del erario veracruzano, o de procedencia ilícita; un abogado consultado refirió que aunque los diputados no aprobaron el testaferrato, sí hicieron agregados para que esa conducta fuese tipificada como lavado de dinero.
Ahora los senadores de la república del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional (por supuesto los del PRI se quedan callados), están solicitando a la PGR que investigue a Karime Macías y a su familia, para que no suceda lo acontecido con Javier Duarte en octubre de 2016, cuando se fugó.
Y esa es una petición que harían propia muchos mexicanos hartos de ver en la corrupción y la impunidad una burla de parte de sus gobernantes que confunden su posición con un lucrativo negocio y que el dinero público se lo llevan a los bolsillos sin un dejo de vergüenza, como si padecieran ya una locura moral visible al menos en la mirada de Javier Duarte de Ochoa y de su esposa Karime, que ahora en vez de abundancia, merece otra cosa.
