El expediente Félix Miranda a la P.G.R.
Desde hace por lo menos tres semanas, el expediente sobre el crimen del codirector de ZETA, Héctor Félix Miranda, fue solicitado al Gobierno del Estado por la Procuraduría General de la República (PGR).
El periodista fue asesinado en abril de 1988 por Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina, guardaespaldas del Ing. Jorge Hank Rhon, director del hipódromo Agua Caliente e hijo del ex Secretario de Agricultura y Ganadería en el gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari.
Victoriano primero en Baja California y Vera Palestina después en Estados Unidos, fueron capturados. Procesados, sentenciados y recluidos a una pena de 27 años, están en la penitenciaría de La Mesa.
Según las investigaciones de ZETA también participó en la trampa asesina para el periodista, otro vigilante de Hank Rhon: Emigdio Nevárez.
Huyó a Estados Unidos después del crimen. Regresó a Tijuana cuando fue capturado y encarcelado Vera Palestina. Bajo las órdenes del Lic. Juan Francisco Franco, la Procuraduría general de Justicia del Estado lo detuvo e interrogó, pero inexplicablemente fue puesto en libertad.
Pero Nevárez fue encontrado muerto el 24 de julio del 92 en un camino abandonado de la Colonia Álamos de Tijuana. Hasta el tiro de gracia le dieron. Jamás se supo quién le disparó ni tampoco quién ordenó su muerte. La policía no investigó nada, a pesar de la virtualmente innegable conexión con Hank Rhon, Vera Palestina y Victoriano Medina.
A raíz de ese crimen, el entonces procurador de Justicia en el Estado, Lic. Juan Francisco Franco, recibió información sobre el posible matador.
La misma información anotó la coincidencia que un empleado del hipódromo Agua Caliente, inmediatamente después del asesinato de Emigdio Nevárez, al parecer recibió una importante cantidad de dinero y fue comisionado por sus patrones, o abandonó Tijuana por voluntad propia.
Entonces, el Procurador de Justicia del Estado, Lic. Juan Francisco Franco tuvo dos actitudes hasta hoy inexplicables:
1.- No le siguió la huella al Crimen de Nevárez y…
- No atendió la solicitud del Dr. Jorge Carpizo McGregor, entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para reabrir la investigación sobre quiénes ordenaron el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda.
Cuando trascendió a lo público esa solicitud, el profesor Carlos Hank González dio instrucciones a sus abogados para tramitar un amparo federal y proteger contra una posible detención a Jorge Hank Rhon y a su amigo Jorge Alberto Murguía.
Esto, en el lenguaje judicial se conoce como “a confesión de parte, relevo de pruebas”, pues en todo caso reabrir la investigación sobre los autores intelectuales, no señalaba oficialmente ni a Hank Rhon ni tampoco a Murguía… pero solicitaron amparo.
Cuando tal sucedió, el entonces Secretario de Turismo en el gabinete salinista, Prof. Carlos Hank González, llamó telefónicamente al Gobernador del Estado, Lic. Ernesto Ruffo Appel. Enojado, le dio sarcásticamente las gracias por esa acción que ponía en peligro a su hijo.
En realidad, Ruffo no tuvo nada que ver. Todo se debió a una promoción de varios periodistas, entre quienes destacó Eduardo Valle. Organizaciones internacionales, también de periodistas y derechos humanos, enviaron simultáneamente reclamos de justicia en el caso Félix al Presidente de la República.
Pero cuando el juez ante quien solicitó amparo se dirigió al Procurador Juan Francisco Franco para solicitarle información, éste simplemente le contestó que no estaba ejerciendo ninguna acción contra Hank Rhon.
Así, desapareció el peligro para Jorge y Jorge Alberto Murguía. El Procurador no podía, después de esa repuesta, perseguir al director del hipódromo, porque se hubiera considerado un engaño al juez.
* * *
Juan Francisco Franco no fue el único Procurador de Justicia del Estado en hacerse desentendido en el caso Héctor Félix Miranda.
Don Roberto Morales Grajales (1988-89) logró la detención de Victorianos Medina, pero no fue a fondo.
Ángel Saad (1989) ni por casualidad. Al contrario, se trató de desviar la atención de ZETA.
Y el actualmente en funciones, Pedro Raúl Vidal Rosas.
Es evidente que ninguno de ellos tiene etiqueta de incapaz. Pero si como en el caso de Colosio se quiere investigar a los fiscales por supuestas desviaciones u obstáculos en aclarar el crimen, en el asunto de Héctor Félix hay razones suficientes para que se les llame a declarar formalmente para que expliquen por qué su desentendimiento.
La honrosa excepción, fue el licenciado Eduardo Krauss Coronel (1989-92), a quien solamente le faltó un poco de tiempo para resolver totalmente el asunto.
Aparte:
También los gobernadores Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-88); Ing. Óscar Baylón Chacón (1989) y Lic. Ernesto Ruffo Appel (1989-95) tienen culpa.
Priistas los dos primeros, panista el tercero, cuando aquéllos estuvieron en el poder prometieron pero no cumplieron aclarar el caso. Ruffo cuando hace casi seis años pidió el voto de los bajacalifornianos aseguró “ir hasta las últimas consecuencias, pero las suyas solo han sido palabras hasta el momento.
Todos ellos, evidentemente tienen responsabilidad. Se les debería llamar a cuentas.
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Así, el caso Félix Miranda entra a un terreno anteriormente insospechado:
1.- Será importante y clave ver por qué razón de carácter federal lo toma la Procuraduría General de la República.
2.- Si lo hace, quedará obligada a ir a fondo y significará un compromiso para el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Una oportunidad más para que nos demuestre que no hay impunidad en este país.
3.- El gobierno de Ernesto Ruffo Appel quedará en entredicho porque la administración priista federal sí actúa y la panista no.
4.- Frente a todo ese panorama, bajo el supuesto de que se vaya a fondo en el crimen, será importante observar si en este gobierno de Zedillo y lo que resta de Ruffo, sigue manteniendo su influencia y poder el profesor Carlos Hank González y su hijo Jorge Hank Rhon.
No pasará mucho tiempo, si se toma como base que desde hace por lo menos tres semanas, la Procuraduría General de la República solicitó el famoso expediente del caso Félix Miranda.
Lo singular de este caso, será observar cómo un caso del fuero común pasaría al federal.
Esperemos.
Tomado de la colección “Dobleplana” de Jesús Blancornelas, publicado el 31 de marzo de 1995.