Por lo menos diez ex gobernadores que ejercieron el poder en los últimos cinco años son acusados, detenidos, prófugos, investigados o sospechosos de indistintos delitos, todos en detrimento de sus estados y sus gobernados.
Hace un par de días se giró orden de aprehensión contra César Duarte, Gobernador de Chihuahua que fue hasta 2016 por el delito de peculado, y la Procuraduría General de la República ha solicitado la intervención de la Interpol para su captura, luego que se supo, huyó hacia El Paso, Texas, en los Estados Unidos. Unos cincuenta ex funcionarios que sirvieron (o se sirvieron) en el sexenio duartista, son investigados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Otros tres ex gobernadores son prófugos de la justicia: Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, Tomás Yarrington quien tituló el Poder Ejecutivo de Tamaulipas hasta el año 2004 y Eugenio Hernández, también de Tamaulipas. Al primero se le persigue por peculado y enriquecimiento ilícito entre otros delitos, al segundo por narcotráfico, al tercero también por narcotráfico.
Solamente dos ex mandatarios estatales están presos: Guillermo Padrés Elías de Sonora, y Andrés Granier Melo, de Tabasco.
Dos más están en la mira de las autoridades en procesos de investigación, Jorge Herrera de Durango, y Rodrigo Medina de Nuevo León, quien fue preso y posteriormente puesto en libertad y en esa condición sigue su proceso judicial.
De otros más se sospecha, especialmente por las denuncias ciudadanas de abuso, y la cuantiosa deuda que dejaron en los estados que gobernaron. Ésa parece ser la norma: gobernador que endeuda a su Estado, gobernador que será investigado. La mala administración que los lleva a solicitar créditos de manera sistemática, los conduce al abuso y el exceso, a la defraudación y al robo. A la corrupción institucional.
De acuerdo a una investigación de datos del portal sin embargo, ocho son los ex gobernadores que más han endeudado a sus estados. Así la lista del portal:
1.- Rodrigo Medina (Nuevo León), con una deuda de 62 mil millones 946 mil pesos.
2.- Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), dejó una deuda de 45 mil millones 775 mil pesos.
3.- César Duarte Jáquez (Chihuahua), 42 mil millones 453 mil pesos.
4.- Humberto Moreira (Coahuila), heredó una deuda de 36 mil millones 498 mil pesos.
5.- Guillermo Padrés (Sonora), una deuda de 22 mil millones 780 mil pesos.
6.- Roberto Borge (Quintana Roo), dejó un adeudo por 22 mil millones 442 mil pesos.
7.- Jorge Herrera (Durango), legó a su sucesor una deuda por 15 mil millones de pesos.
8.- Egidio Torre (Tamaulipas), terminó el sexenio con una deuda de 13 mil millones de pesos.
Los gobernadores referidos han dejado una deuda difícil de pagar, y los resultados de la inversión de ese dinero no se ven en los estados en comento. De esa misma lista de deudores públicos, sale la lista de los gobernadores corruptos, acusados de manejo irregular del presupuesto, de crear empresas fantasma para sustraer el dinero del pueblo, de enriquecimiento ilícito, de peculado y de operaciones con recursos de procedencia ilícita y hasta lavado de dinero.
Los gobernadores corruptos son lo de hoy. Lamentablemente la justicia para los pueblos defraudados no es lo de hoy. En los casos recientes de Javier Duarte y César Duarte, ex gobernadores priístas los dos, uno de Veracruz y el otro de Chihuahua, prácticamente la autoridad procuradora los dejó escapar al no hacer la justicia expedita por un lado, y a las filtraciones sobre sus investigaciones por otro.
La realidad es que nunca como en este sexenio que en el gobierno de la República encabeza Enrique Peña Nieto, se habían dado tantos casos de gobernadores y ex gobernadores corruptos, ladrones y malversadores de los dineros públicos. De la lista de los ex mandatarios que más han endeudado a sus estados, solo uno es panista, se trata de Guillermo Padrés, y de los gobernadores prófugos ninguno. De los encarcelados, solo uno.
La propia Presidencia de la República ha estado envuelta en casos de conflictos de intereses y sospechas de corrupción, en la adquisición de casas, tanto por parte de la primera dama como del Secretario de Hacienda, ambos expedientes “investigados”, y por supuesto los protagonistas –incluido el Presidente-, exonerados por una dependencia investigadora y supervisora que pertenece al gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, y donde fue ubicado un amigo del Ejecutivo Nacional.
La corrupción es lo de este gobierno. Los casos de abusos como la utilización de los bienes de la nación y los recursos federales, para actos personales de funcionarios, o los altos sueldos y los millones de pesos que se destinan en prestaciones que resultan elitistas para el pueblo pero que recibe la clase gobernante, nos ha dado un aparato gubernamental que vive, mama, abusa y se aprovecha de los recursos públicos.
La impunidad en la que se encuentran la mayoría de estos casos, incluidos los de los ex gobernadores y gobernadores, pues sólo dos están en prisión y sin sentencia, y cuatro más son prófugos de la justicia, es el caldo de cultivo para que otros mandatarios estatales caminen por la senda de la corrupción. Las deudas en los estados se acumulan al ritmo de las denuncias ciudadanas de abusos y corrupción que no son debidamente atendidas ni en Fiscalías o Procuradurías Estatales, ni en Órganos de Fiscalización de la Federación o de los Estados, mientras los Congresos terminan siendo comparsas de la corrupción y promotores de la impunidad.
Ahí está el caso reciente del Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien las autoridades de los Estados Unidos le aprehenden –al intentar entrar a ese país- a su Fiscal General del Estado, Edgar Veytia, y nada más que por narcotráfico. Un Fiscal General que fue electo, por cierto, por el Congreso del Estado de Nayarit para permanecer en el cargo durante siete años, periodo que concluiría en el año 2020, si no es que los estadounidenses le armaron un expediente por tráfico de drogas al ex Fiscal de Nayarit.
La crisis de corrupción por la que atraviesa México no está en la mente de los ciudadanos críticos, está plasmada en expedientes judiciales, en notas periodísticas, en denuncias de grupos de la sociedad civil, aun cuando permanezca sin castigo.
En el México corrupto del sexenio de Enrique Peña Nieto, los ex gobernadores, nunca como antes, son los ladrones institucionales.
