Malversación de fondos, procesos de licitación simulados para adjudicaciones directas, compra de insumos a sobreprecio, permisos falsos para la transportación de armas de fuego para cacería y otros delitos, son cometidos por medios y altos mandos en la milicia. Las transacciones irregulares para hospitales dependientes de la SEDENA seducen a sus operadores, pues se manejan importantes cantidades de dinero. Se investigan montos erogados en un parque eólico en Oaxaca que costó casi 500 millones de pesos
La constante participación de las Fuerzas Armadas en la estrategia contra el crimen organizado en México ha expuesto a algunos de sus elementos que se han coludido con el narcotráfico o han cometido abusos contra la sociedad, sin embargo, dentro de la institución castrense también se registran actos de corrupción y una muy variada gama de delitos.
Como en el ámbito civil, en la milicia el ejercicio del servicio público está empedrado de tentaciones. El mismo tipo de males se han descubierto entre importantes funcionarios que coordinan, dirigen o se encargan del manejo del dinero del mundillo militar, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha actuado en consecuencia y actualmente esos malos soldados y soldaderas están en prisiones de su categoría.
Así, los jueces militares de las diversas regiones en que se divide la República Mexicana conocen asuntos de malversación de fondos, compras a sobreprecio, simulación en licitaciones, falsificación de documentos en trámites varios, fraudes y hasta abusos de autoridad en la que algún mando envía a personal de tropa a que le trabaje en sus negocios particulares.
Como ocurre en la justicia de los civiles, los órganos -persecutor y administrador- de justicia militar van desfasados en la resolución de averiguaciones y en el actual sexenio los perseguidos son los militares que presuntamente cometieron delitos en anteriores administraciones federales. Por ello los años que señalan las imputaciones corresponden a inicios de la década de 2000 y hasta principios de 2013.
NEGOCIOS EN HOSPITALES
Al Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación -Diplomado de Estado Mayor Aérea-, de iniciales SPC, lo encarcelaron por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos, e infracción de deberes correspondientes a cada militar según su comisión o empleo.
El imputado era jefe de Sección de Suministros Médicos cuando la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea advirtió que el coronel, en su calidad de servidor público, intervino en el procedimiento de adjudicación con el interés de favorecer a un contratista que suministró materiales e insumos de alta especialidad a sobreprecio. La erogación, que data de diciembre de 2013, fue de 2 millones 212 mil 339 pesos y algunos centavos.
El material adquirido serviría para diversos procedimientos quirúrgicos en el Hospital Central Militar y el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Entre otros aparatos fue comprado un dispositivo automático Maxcore para la toma de biopsia de órgano sólido grosor 18 fr., y un ballón Thermachoice III Gynecare, además de soluciones, sondas y otros implementos.
Al mando, hoy procesado en el Juzgado Tercero Militar de la Primera Región Militar, se le acusa de celebrar indebidamente el contrato con la empresa ganadora de la licitación en la que no hubo otra contendiente para obtener las mejores ofertas de proveedores a nivel nacional o internacional. Según se dicta en estos casos, es necesario contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente; por lo que debió emitirse una segunda convocatoria.
En otro caso, un General de Brigada Médico Cirujano, de iniciales ASOM, también está sometido a una causa penal, ante el Juzgado Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar. Se desempeñaba como director general de Sanidad y es presunto responsable en la comisión de los delitos de fraude en grado de tentativa y falsificación de documentos.
De acuerdo a lo que señala el expediente, el alto mando castrense habría favorecido a un contratista durante una licitación al haber sustituido las últimas cuatro fojas de un dictamen técnico y asentar en el acta del fallo que la empresa elegida cumplía técnica y económicamente con lo requerido por la SEDENA para adquirir 596 mil 578 pesos en medicamentos y 325 mil 77 pesos en otros insumos.
Sin embargo, la intervención oportuna de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza recomendó que no se formalizara la firma del contrato y así se evitó que se vulneraran las finanzas del Instituto Armado, quedando acreditada la irregularidad en el informe de auditoría de fecha 22 de abril de 2013. Se trataba de un contrato para la prestación del servicio de surtimiento de medicamentos, materiales e insumos médicos de alta especialidad para los escalones de segundo y tercer nivel de atención médica para el periodo comprendido del 1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
Estos no son los primeros casos escabrosos en sanatorios castrenses, antes hubo uno muy sonado en la Sección de Medicina Nuclear del Hospital Central Militar, donde se detectó un faltante de 10 millones 496 mil 165 pesos, correspondientes al periodo del 1 de abril de 2001 al mes de febrero de 2003. Los hechos se atribuyeron a un General Brigadier Médico Cirujano Reiterado, de iniciales ETC, quien en su momento fue condenado a 12 años de prisión por el delito de malversación.
AVIONES Y PARQUES
El nepotismo y los negocios en familia también salen a relucir. El Teniente Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor, HGG, ex jefe de la Sección de Adquisiciones de la Fuerza Aérea Mexicana, contrató entre junio y agosto de 2011 a una empresa -en la que su hermano era el administrador único- para el mantenimiento de todo tipo de aeronaves y suministro de refacciones, entre otros servicios.
El proceso de licitación de tan atrevida maniobra estuvo avalado por el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, JLCJ, a quien presuntamente el teniente le notificó del impedimento para contratar a la compañía en la que laboraba su fraterno, pero su superior le respondió que no había problema y le expidió un oficio, falseando la fecha de consentimiento.
El contrato firmado en agosto planteaba la adquisición de bienes necesarios para el mantenimiento preventivo, correctivo y programado de los aviones EMB-145, Hércules C-130, Boeing 727/737, C-26A, King Air C-90; helicópteros CH-53, MD-530 F y UH-60L, de cargo en la Fuerza Aérea Mexicana. La erogación fue de 84 mil 235 dólares americanos. Nuevamente el 13 de septiembre de ese 2011, vía adjudicación directa, se firmó contrato para adquirir bienes para dichas aeronaves por 5 mil 410 dólares.
Ambos funcionarios castrenses son enjuiciados en los Juzgados Quinto y Sexto Militar de la Primera Región. Al teniente se le sigue proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, mientras que el general, que era Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección General de Administración de la SEDENA, está encausado por infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército y coalición de servidores públicos.
Otro mando militar que no la está pasando bien es el Coronel Intendente Diplomado de Estado de Mayor, DSM. Le juzgan por los delitos de fraude, extralimitación y usurpación de mando o comisión, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. A este personaje, los mandamases del Ejército le encomendaron en 2012 la construcción de un “Parque Eólico” en la Base Aérea Militar Número 2, en Ixtepec, Oaxaca.
En mayo de ese año se iniciaron las gestiones entre el encargado de obra, una empresa y las autoridades militares en la población oaxaqueña. La empresa subcontrató a otra compañía y unos 250 trabajadores civiles con maquinaria pesada realizaron maniobras durante meses para la cimentación del parque.
La empresa había iniciado acciones de manera anticipada al procedimiento de contratación, y se firmó contrato a finales de octubre de 2012 sin investigación de mercado previa para la licitación por presuntas órdenes del Coronel DSM, aduciendo motivos de seguridad nacional. El monto total de la inversión fue de 495 millones 169 mil 761 pesos.
La persona jurídica beneficiada se comprometió a entregar la obra terminada el 31 de diciembre de 2012, pero cerca de la fecha se suscribió un convenio de prórroga, pactándose la entrega definitiva el 14 de enero de 2013. La empresa no cumplió y, pese a ello, señala la acusación, se pagó la totalidad del dinero en diversas fases, falseando la información de trabajos ejecutados que en realidad no se realizaban.
En los hechos constitutivos de delito se involucra también a un Capitán Primero Ingeniero Constructor, designado como ingeniero residente de la obra, por orden del Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor.
MILITARES CONDENADOS
Algunos mandos del Ejército Mexicano que han mostrado una ambición mal encaminada ya han probado las cárceles militares y han sido sentenciados por su conducta antisocial. Uno de ellos es el Capitán Segundo de Administración, AAAC, quien durante años se ocupó del manejo administrativo de la Alberca Olímpica del Centro de Adiestramiento Básico Individual Regional (CABIR), de la Primera Región Militar, ubicado en Temamatla, Estado de México.
Una auditoría efectuada a finales de 2006 puso al descubierto un desfalco de 3 millones 902 mil 88 pesos. El lapso en el que se manejó extrañamente ese dinero fue en el largo periodo del 1 de octubre de 1998 al 26 de septiembre de 2006. La transa se hacía con los encargados de abastecer Gas LP que se utilizaba para mantener caliente el agua de la alberca.
El capitán fue sentenciado el 21 de agosto de 2014 a la pena de siete años de prisión por el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región, quien le encontró penalmente responsable en la comisión del delito de malversación. Sin embargo, en segunda instancia, el Supremo Tribunal Militar modificó la resolución y le aumentó la sanción a 12 años de cárcel. Recientemente el ex administrador de la alberca olímpica obtuvo un amparo directo para que se estudie la pena exacta que habrá de imponérsele y establecer si ya la compurgó.
Por su parte, al Capitán Primero Pagador, ASHT, al que la SEDENA acusó -desde 2009- por malversación de fondos del Ejército, cuando fungía como pagador general de la 30/a. Zona Militar, con residencia en Tabasco, el Juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa, le dictó sentencia de siete años de prisión, además de ordenar su destitución del empleo y le inhabilitó por diez años para volver a pertenecer a las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Un Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México concedió el amparo directo al que se acusa de apoderarse de parte del dinero de la nómina de los soldados para que se desahoguen pruebas periciales contables ofrecidas en tiempo y forma, que no fueron tomadas en cuenta por el juzgador.
La defensa del pagador estima que no están claras las cantidades faltantes y sus conceptos durante su desempeño en Tabasco, ni se estableció la forma y las circunstancias pormenorizadas en que se materializó la malversación que le atribuyen a su cliente.
La falta de desahogo de dichas pruebas y su valoración final para emitir un fallo definitivo vulneraron el derecho de defensa adecuada del quejoso, según refiere el amparo otorgado al capitán.
“PECCATA MINUTA”
Al Teniente Coronel Médico Veterinario, HSM, lo procesaron en el Juzgado Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar por abuso de autoridad en su modalidad de dar órdenes de interés personal a sus subordinados. Y es que el hombre, quien era uno de los mandos del Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tenía una veterinaria de su propiedad.
Según la acusación enderezada en su contra por el Ministerio Público Militar, HSM enviaba a algunos de sus elementos para que atendieran el negocio, lo cual resultó cierto, pero presuntamente ocurría cuando dichos soldados gozaban de su franquicia, motivo por el cual el teniente coronel fue absuelto en sentencia definitiva.
Sin embargo, a sus subalternos aún les procesan por el delito de falsedad en declaraciones al haber incurrido en contradicciones entre su primera declaración rendida ante el fiscal militar y posteriores retractaciones, que supuestamente no influyeron para exonerar finalmente a su jefe.
En otro hecho, una diversa causa penal se instauró en contra de la soldado auxiliar oficinista JLEV por su presunta participación en el delito de cohecho al desempeñarse en la XV Zona Militar con residencia en La Mojonera, en Zapopan, Jalisco.
El 29 de junio de 2015, el agente del Ministerio Público castrense recibió un mensaje de correo electrónico con imágenes, en el que el Jefe de Estado Mayor de la referida zona militar “fue informado sobre la elaboración de documentos apócrifos relacionados con los permisos de transportación de armas que se conceden a los Clubes Cinegéticos para prácticas de tiro y cacería, localizándose cuatro permisos supuestamente elaborados en el Cuartel General de la referida Zona, con firmas no reconocidas”.
Las investigaciones llevaron a la Policía Militar con uno de los permisionarios, quien declaró que en el módulo de atención al público, donde realizan trámites para la expedición de permisos extraordinarios para la transportación de armas de fuego para cacería, fue atendido por la soldado auxiliar, a quien le pidió agilizar el trámite a cambio de 300 pesos y le dio el dinero. En unos días le entregaron su permiso, pero no sabía que las firmas eran apócrifas.
