El origen del dinero en efectivo localizado en el departamento que habitaba el fallecido funcionario del ISSSTECALI sigue como eje de la madeja en torno al crimen. Hasta el momento la Procuraduría no ha podido comprobar que sea producto de una ilegalidad, ni los familiares aclarar que es legítimo. Raymundo Muñoz, identificado como uno de los autores intelectuales del crimen, fue favorecido con contratos por más de 12 millones de pesos en la administración de Ponce
A cinco meses del asesinato del subdirector administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), Jesús Manuel Ponce Rico- 16 de noviembre 2016-, aún quedan varios cabos por atar. Tanto en Contraloría del Estado como en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud) investigan las cuentas de las dependencias donde laboró el funcionario asesinado en su departamento en el fraccionamiento Los Pinos en Mexicali, donde localizaron más de dos millones de pesos en efectivo y 80 mil dólares.
Pero es precisamente la Contraloría donde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó el expediente relativo a la declaración patrimonial de Ponce Rico, que a la fecha no ha sido entregado.
Respecto a las cuentas y contratos manejados por la víctima, a través de información de Transparencia, ZETA pudo conocer que en el caso de Isesalud -donde el occiso laboró como titular administrativo junto con José Antonio Parra, acusado (no vinculado) como autor intelectual del crimen-, se detectó una serie de contratos a dos empresas proveedoras de productos farmacéuticos donde el contacto era Raymundo Muñoz, amigo de Parra y segundo acusado como autor intelectual del robo que derivó en el asesinato del funcionario. A la fecha está prófugo.
Jesus Manuel Ponce
En este escenario, el viernes 7 de abril de 2017 se realizó una audiencia general donde la esposa legal de Ponce Rico -de quien tenía casi dos años de separado- solicitó le entregaran el efectivo, argumentando le pertenece. En la misma audiencia se presentó una hija de Ponce que reclamó ese dinero, aduciendo que interpuso juicio testamentario ante un Juzgado Civil.
LAS HUELLAS DEL DINERO
Jesús Manuel Ponce Rico -militante del Partido Acción Nacional- participó en la campaña por la gubernatura encabezada por Francisco Vega de Lamadrid en 2013 y, después del triunfo albiazul, se integró como director de área en la oficina del Ejecutivo, ganando 49 mil pesos mensuales.
En mayo de 2015 fue transferido a Isesalud como subdirector general administrativo -donde percibía 52 mil pesos mensuales-, su brazo derecho era José Antonio Parra Bernal, jefe del Departamento de Recursos Materiales y de Servicios Generales.
Entre los proveedores de Isesalud destacan dos empresas con sede en Saltillo, Coahuila: Comercializadora de Productos del Norte, S.A. de C.V. y Abastecedora SLW, S.A. de C.V. En ambas el contacto era Raymundo Muñoz, quien tiene residencia en Ensenada.
A través de la solicitud 171177 a la Unidad Concentradora de Transparencia, se pidieron los contratos con ambas empresas durante los años 2015 y 2016.
De acuerdo a la respuesta de la dependencia, en el caso de Abastecedora SLW, durante ese lapso se entregó una serie de contratos por adjudicación directa que sumaron 12 millones 387 mil 914 pesos distribuidos en 21 pagos, la gran mayoría cubiertos por el banco Fondo Constituido TESOFE -Tesorería de la Federación- y enviados por su pago por el régimen de Protección Social en Salud (REPSS).
La Ley indica que en los contratos de adjudicación directa el monto máximo es de hasta un millón de pesos.
En el caso de Comercializadora de Productos del Norte, los montos sumaron 4 millones 472 mil 803 pesos distribuidos en 15 pagos. Se trata de catéteres, material de sutura, selladores, jeringas, bolas para ileostomía o colostomía, tubos endotraqueales, Oxitocina inyectable, Salbutamol, solución para nebulizar, Cloruro de Suxametonio y Bromuro de Vercuronio.
Una buena parte de ese material se entregaba en los almacenes de Isesalud en Ensenada y los contratos tienen fecha del 18 de diciembre de 2015 y 19 de febrero de 2016.
Todos firmados por Ponce Rico como subdirector general de Administración, José Antonio Parra como jefe de Recursos Materiales y Rodolfo Paulín como subdirector general de Saldos. La cuarta firma era del apoderado legal de la empresa, Pablo Toledo, en el caso de Comercializadora de Productos del Norte y Efraín Elizondo en Abastecedora SLW.
NO FALTA NADA
Apenas el lunes 10 de abril iniciaron en Isesalud una serie de auditorías, aunque de acuerdo al ahora subdirector administrativo Ricardo González Cruz, “son las revisiones normales”.
Expone que en el caso de Comercializadora de Productos del Norte y Abastecedora SLW fue a inicios de 2016 cuando tuvieron tratos con la dependencia.
“Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art: 13, CNPP”.
“A esos proveedores que se mencionan, a nosotros no nos ha tocado comprarles, nada más se hizo una compra esa que hicieron, de asignación, no fue una compra que se manejó por el procedimiento normal”, afirma, para luego aclarar que ambas empresas ya no siguen como proveedores de Isesalud, “ya no han participado”.
Además, menciona que en 2015 hubo un incendio en el almacén, lo que significó pérdida de medicinas y material de curación, pero no quedó bien documentado en cuanto a las pérdidas, y ahora con Oficialía Mayor y Contraloría buscan darle “cuadratura” a esos datos para poder contar con un inventario confirmado.
A su vez, detalla que la Contraloría del Estado trae una auditoría especial del periodo en el que estuvo Manuel Ponce en Isesalud, pero aún no han emitido el resultado.
Guillermo Trejo Dozal, secretario de Salud en la entidad -quien asumió el cargo en julio de 2016-, argumenta que en ese tiempo le presentaron su renuncia varios funcionarios, entre éstos, del área administrativa.
“Lo único que pedí es tener el tiempo suficiente para que la persona que entregue lo haga bien”, comenta. Fue el caso de Ricardo González Cruz, quien recibió de Manuel Ponce la administración de la dependencia.
“Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art: 13, CNPP”.
Otro de los que presentaron renuncia fue el titular de compras, Jesús Antonio Parra Bernal. “La verdad es que yo ni conocí al de compras”, justifica Trejo Dozal, añadiendo que hay cerca de 30 días que marcan los procedimientos para la entrega-recepción de las áreas.
“Yo ahí solicité varias auditorias para estar seguro de que lo que estaba recibiendo estaba correcto, no hemos encontrado ningún faltante en bancos”, dejando en claro que ellos no fiscalizan, eso es tarea de la Auditoría Superior de la Federación, Órgano de Fiscalización Superior o Contraloría del Estado.
Aclara también que en Isesalud ellos no licitan las compras, sino en Oficialía Mayor, y el 80 por ciento de las adquisiciones lo canalizan a Compra Consolidada, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Lo que pasó en la administración previa, lo que tienen los números, los que pueden salir dependiendo de las auditorías que estamos esperando, es donde podría venir si es que hay alguna observación. Pero la información que tenemos en bancos, es que no hay ningún faltante”, asevera.
— ¿Cómo se puede explicar que un funcionario de ese nivel pueda tener tanto dinero en efectivo?
“Pues lo lógico es que un funcionario -de cualquier dependencia- no puede tener más que lo que gana”, responde Guillermo Trejo Dozal.
JALONEO POR EL DINERO
El viernes 7 de abril se efectuó una audiencia general agendada a las 9:30 am en la Sala 10. El tema tuvo que ver con la solicitud de Luz Elena “N”, la mujer con la que Manuel Ponce estaba casado. Tenían un año ocho meses separados pero sin divorciarse, por lo que legalmente seguían siendo marido y mujer.
A través de su abogado, reclamó la entrega del dinero en efectivo localizado en el departamento donde encontraron muerto a Ponce Rico. El argumento es que ese dinero le pertenecía, al ser parte del finiquito que le otorgaron en su trabajo -una dependencia de gobierno, no aclararon cual-, y aseguró que el 15 de octubre de 2014 le entregó a Ponce 839 mil 929 pesos producto de su retiro voluntario.
En la audiencia presidida por la juez de control Rocío Margarita Arce también se presentó la joven Mayra Lizbeth “N”, hija del primer matrimonio de Ponce, quien reclama en un juicio civil testamentario la herencia dejada por su padre.
Guillermo Trejo, secretario de salud
Herman López Frank, asesor legal de Luz Elena, expuso que en el departamento no había 80 mil, sino 85 mil dólares. Además, sostuvo una larga argumentación basada en los derechos humanos de la mujer y la explicación de que la dueña de ese dinero era ella.
Según la carpeta de investigación, en el departamento de Los Pinos los investigadores localizaron dos cajas fuertes con dinero en efectivo: 2 millones 190 mil pesos y 80 mil dólares.
Acorde con el abogado, desde el 20 de febrero de este año se hizo la solicitud formal a la PGJE para que entregara las pertenencias localizadas en el lugar del crimen, incluido el numerario, el dinero. Declaró que le entregaron el auto, computadoras, ropa y cartera, pero no el dinero localizado en las cajas de seguridad, bajo el argumento de que en la carpeta de investigación no obran datos donde se haya acreditado la procedencia legitima del mismo, aunado a que el fiscal está en una etapa de investigación dentro de la cual dicha evidencia podría utilizarse como medio de prueba.
López Frank refutó: “Nos queda claro que el numerario (dinero) no es ni objeto ni instrumento producto del delito, por lo cual lógicamente el MP no ha procedido a su aseguramiento”.
Por su parte, el agente del Ministerio Publico, Fidel Corvera Gutiérrez, consideró poco creíble la versión de que el dinero era de ella, dado que tenían casi dos años separados y la víctima del homicidio ya tenía otra relación sentimental. De igual forma, recordó que en su declaración ministerial por el homicidio no habló del dinero, y que había un juicio civil interpuesto por Mayra -la hija- por sucesión testamentaria.
El fiscal expuso que desde el 29 de noviembre de 2016 se solicitó al Servicio de Administración Tributaria y a Contraloría del Estado entregasen las declaraciones anuales y la patrimonial de Ponce Rico, pero a la fecha no hay respuesta.
Al final, la juez de control consideró improcedente la petición de devolución de ese dinero.
