Por omisiones relacionadas a la protección de la vida del niño Usiel y sus 5 hermanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California dirigió recomendación a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, a la Procuraduría de la Defensa de los Menores y la Familia del Estado (DIF) y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana.
Documentada en el expediente 4/2017, la recomendación fue enviada el jueves 6 de abril de 2017, al encontrar la Comisión “diversas responsabilidades imputables a servidores públicos bajo el mando de las autoridades mencionadas, cuyas omisiones y actuaciones negligentes impactaron a los derechos a la vida, a la integridad personal –física y sicológica–, así como a la seguridad jurídica y legalidad…”, se expuso en un comunicado. Usiel Alejandro Jiménez, de 3 años, falleció entre el 8 y el 9 de junio de 2016 por traumatismo craneoencefálico, producto de una golpiza que le propinó su padrastro Rafael Luviano, quien enfrenta un proceso penal por homicidio calificado por ventaja; el agresor y la madre del niño, Karely Flores, envolvieron su cuerpo dentro de una bolsa de plástico y lo abandonaron a la orilla del Corredor 2000 la noche del martes 12 de junio.
Previo a la muerte del menor de edad, el Sistema Educativo Estatal había sido alertado por personal educativo de uno de los planteles en los que estudiaba una de las hermanas de Usiel, ya que la niña de 5 años registraba signos de maltrato.
De acuerdo al expediente CEDHBC/TIJ/Q/475/16/4VG, la CEDH decretó responsabilidad a las autoridades porque el maltrato de Usiel y sus 5 hermanos ya había sido reportado el 30 de abril de 2016 por vecinos al 066, sin que los agentes policiales levantaran un reporte ni dieran vista al Ministerio Público.
El 2 de mayo de ese mismo año, los docentes advirtieron huellas y golpes en una de las hermanas, haciendo un nuevo reporte al 066, recibiendo como respuesta de los agentes de la SSPM que no podían proceder o dar vista al Ministerio Público o cualquier otra acción, debido a que los moretones en el cuerpo “no eran recientes”.
El Sistema DIF estatal, por su parte, formalizó su conocimiento de las denuncias del personal educativo por los delitos de maltrato físico y omisión de cuidados el 1 de junio de 2016, días antes del asesinato de Usiel y aunque envió a una trabajadora social el 3 de junio al domicilio del menor, la servidora no ubicó el domicilio y su actuación se limitó a levantar un acta circunstanciada.
Este resultado “se notificó a la Coordinadora Estatal del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Encargada de la Unidad Jurídica de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Educativo Estatal SEBS-ISEP, mediante oficio número TIJ/19720/2016 el 27 de junio de 2016, esto es, quince días hábiles después de la diligencia fallida. El Sistema Educativo Estatal SEBS-ISEP no dio respuesta”.
Por esas razones la CEDH instó a las autoridades “procedan a la reparación del daño (sic.) ocasionado a los menores de edad, incluyendo las medidas de restitución, rehabilitación, compensación y no repetición”.
