Alcalde, síndico y presidenta del DIF cuentan con guardaespaldas, incluso un regidor de Tijuana; mientras los regidores de Ensenada no tienen cómo justificar la presencia de un oficial a su alcance, el propio director de seguridad se mueve con una nube de agentes a su alrededor, situación que no hacían sus antecesores. Lo anterior acrecienta la crisis de inseguridad y falta de efectivos en el municipio para prevenir la inseguridad
Mientras Ensenada enfrenta una fuerte crisis en materia de seguridad por la falta de agentes municipales, el Cabildo concentra a buena parte de los efectivos que fungen como escoltas o asesores jurídicos de regidores, presidente municipal, síndico procurador, presidenta del DIF y secretario del Ayuntamiento.
Información de cómo y quiénes miden la vulnerabilidad de los servidores públicos es totalmente confidencial, por lo que la actividad de custodiar se presta a la opacidad, además, no existe una Ley que regule a cincuenta policías comisionados como escoltas.
“Están fuera de control, libres”, reprendió un abogado.
Dos elementos de Ensenada pagados por el gobierno municipal del alcalde Marco Novelo Osuna, están comisionados para cubrir la espalda del regidor priista de Tijuana, Eligio Valencia López.
En la lista de protegidos también está el edil independiente Rodolfo Mellado Pérez, quien tiene un escolta para su asesor Alfredo Rosales Green, director de Seguridad Pública en la administración priista de Enrique Pelayo Torres y, justo el mismo agente, fungió como su guardaespaldas.
Mellado Pérez no tiene cómo justificar la presencia de un oficial a su alcance, ni siquiera ha presentado una iniciativa relacionada con seguridad pública.
“El agente asignado a ambos ya no quiere ser policía, aunque tiene más capacidad para realizar otras funciones, no se atreve a renunciar”, criticó un empleado de Cabildo.
Samuel Albestrain Pérez, es otro edil priista que fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (SEDESOM), cuyo escolta es supuesto asesor legal.
Por ejemplo, el agente Eduardo Ramírez cobra en la nómina de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), pero en la pasada administración fue subdirector de SEDESOM, es decir, tiene casi cuatro años sin patrullar.
A diferencia de los anteriores directores de seguridad, Emilio Camarena Castillo se mueve entre una nube de agentes y numerosas unidades, excusado en una Ley de seguridad inexiste.
Aunque se reservó datos por cuestión de seguridad, la síndico procuradora Karina Castejón Bañuelos considera éste un tema indispensable para revisar, incluso hizo solicitudes de información a la DSPM para esclarecer las asignaciones de policías a escoltas.
Peligro con horario de oficina
A los policías comisionados se les ve como choferes, asesores jurídicos y políticos, e incluso llegan a la complicidad cuando estrechan fuertes relaciones de amistad.
Los guaruras son personas armadas que reciben una compensación mensual, discrecional, de entre 2 mil y 3 mil pesos por catorcena. Se calcula que el sueldo neto alcanza los 20 mil pesos mensuales, es decir, el gobierno municipal invierte 12 millones de pesos al año en 50 elementos con cualidades específicas, como la prudencia, además del uso de las unidades, gasto de gasolina, alimentación y desplazamientos.
Como si el peligro tuviera horario de oficina, hay quien dispone de ellos a su antojo y les asigna días de descanso principalmente en domingo, platicó un comisionado. “Desde el sábado en la tarde estoy libre hasta el lunes”, expuso uno de ellos.
La figura de escoltas no está reglada ni regulada, es un tema que nadie toca y responde a intereses políticos.
La asignación de guaruras es un desorden, y aunque el alcalde es quien debe intervenir, así como la DSPM, ninguno se hace responsable y optan por abrir más plazas para la contratación de efectivos aun sin academia, pues consideran la posibilidad de ingresar a personas con formación militar.
Existe una gran cantidad de elementos adscritos a la DSPM que se encuentran gozando de licencia de algún tipo, algunos de ellos participan en la promoción de ascensos 2016, contraviniendo lo establecido en el Artículo 99 del Reglamento de Servicio de Carrera Profesional Policial, que entre sus requisitos, determina que la persona debe “estar en servicio activo y no encontrarse gozando de licencia”.
Sin una denuncia penal ni notificación de riesgo, menos aún una amenaza de muerte en la administración municipal, regidores, directores y familiares directos gozan de los beneficios de tener a un efectivo a su disposición.
DSPM ocupa gente con vocación
En la opinión del subdirector de Seguridad Pública Municipal, Rafael Luna Lezama, ser policía es cuestión de vocación y que por ningún motivo sobrepone el oficio por alguna carrera profesional.
“Aquí nos debemos al servicio, por encima de grado jerárquico, antigüedad, capacidad e incluso de preparación académica. Aquí estamos por vacación y no por conveniencia personal”, sostuvo.
La mayoría de los uniformados se inclinan por estudiar carreras profesionales como licenciatura en Derecho, Ciencias Policiales o Seguridad Pública, permitiéndoles un ascenso, sin embargo, Luna Lezama resolvió: “Sin demeritar, yo elijo a quien me sea útil, si no le interesa más esta actividad, que dejen la plaza a otro”.
Gonzalez Green ex candidato y ahora asesor trae escolta.
Acompañado de un escolta, el ex funcionario rechazó a los agentes que se niegan a cumplir con el origen policial para dar gusto a servidores públicos. Asimismo, no es garantía que los nuevos uniformados vayan directo a patrullar; una parte se quedará en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) o el Centro de Operaciones Policiales (COP).
De igual manera, aclaró que serán 54 elementos los que egresarán en 2017 y se sumarán a las filas de la corporación.
“Desafortunadamente no le puedo decir qué policías entran a la corporación y van directamente a la calle, en mayor proporción son para esos fines (patrullar), pero las tareas de seguridad pública no solo ocupan el área de patrullaje, sino que hay elementos comisionados monitoreando el COP, C4”, lamentó el ex agente de Ensenada.
Los tres hombres que monitorean en el C4 están en buenas condiciones de salud, con portación de arma, pero de los próximos que evalúen, es probable resulten cuatro o cinco con alguna discapacidad.
Confidencialidad de las amenazas y riesgos
Para el secretario del Ayuntamiento y ex síndico procurador, Iván Barbosa Ochoa, el tema de los escoltas es ajeno a sus funciones, no obstante, también tiene asignado personal de seguridad.
“Desconozco el tema, y si hay una petición de un escolta para los regidores, creo debemos analizar bajo qué argumentos. En mi caso no es fácil dejar el trabajo de la Sindicatura, llevar a cabo los expedientes que ordena la Comisión Disciplinaria de Carrera Policial, donde inhabilitaron o suspendieron personal”, fueron los argumentos.
Habló de la inseguridad de los últimos tres meses, la cual ha incrementado considerablemente en la ciudad, incluso han tenido que llevar a cabo más reuniones de coordinación.
“Se viven momentos delicados y se toman cartas en el asunto, se ve con preocupación”, apuntó Barbosa para, por último, informar que actualmente se hace un análisis del tema de guardaespaldas con el presidente municipal, así como con Tesorería, debido a la situación presupuestal que tiene al gobierno en una situación difícil.
Todos corremos riesgo: IP
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco Coronado, criticó estos actos cuando la ciudadanía enfrenta una fuerte situación en materia de seguridad: “Estos cincuenta agentes deben estar en la calle haciendo la labor que les corresponde: cuidar y servir a la comunidad, no a unos cuantos”.
Como empresario, agregó, se debe asumir el riesgo de la inseguridad no solo por el manejo de dinero, sino como líder de opinión, asegurando que sus ingresos no le permiten darse un lujo como el de contratar personal privado.
Que renuncien policías “choferes”
Los escoltas son necesarios para quienes asumen una responsabilidad de alto riesgo que conlleva en ocasiones al repudio, determinó el coordinador del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Faisal Díaz Nasif, pero en los regidores no se justifica.
“Si los regidores tuvieran un poco de prudencia, sabiendo la problemática que hay con los policías, no lo harían. Sabemos de algunos elementos que están fungiendo como asesores jurídicos de regidores, cosa que lo vemos muy mal”, apuntó.
Alcalde, director de Seguridad, secretario del Ayuntamiento y síndico procurador, en ese orden, son cargos que pueden justificar la presencia de un guarda particular.
Para el presidente municipal es obvio, pues para Oficialía Mayor es imposible que un empleado del ayuntamiento intente entregarse a las filas de la Policía si no cuenta con formación de academia.
“No puede haber ese tipo de intercambio porque ellos están capacitados para ser policías, los uniformados deben estar dentro de la corporación para servir a la comunidad en lo que fueron formados”, comparó.
Además, reiteró la incongruencia de los ediles al quitar elementos a la corporación, e hizo un llamado a los servidores públicos a dejar esas comodidades.
Para el representante ciudadano, Novelo Osuna debe decidir los puestos de gobierno en crisis de seguridad, y de esa manera se asignen, de forma prioritaria, efectivos al servidor público, y ser retirados cuando el riesgo baje.
“Están haciendo función específica como escoltas de funcionarios o realizando una actividad específica, sin embargo, te puedo decir que a nuestro criterio no realizan labor propia de seguridad sino ajena a ésta”, finalizó Díaz.
