Lic. Arnoldo Castilla
Mal que azota desde la Colonización española a la sociedad mexicana. Traducido del latín, esta palabra, es sinónimo de “hacer pedazos”.
La corrupción, es una forma de depravación social que consiste en un abuso de poder para sacar provecho económico de otra persona o personas. En sentido político, es el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima, que sumado a la impunidad, trastocan la seguridad jurídica de tal manera que se han creado leyes para combatir ese ‘conminioso’ proceder que es la corrupción, las cuales, pocos resultados han logrado, al igual que las llamadas contralorías que han sido implementadas en los gobiernos estatal, federal y municipal, las secretarías de la función pública o las comisiones de finanzas de los congresos locales, encargados de supervisar el gasto público. En la mayoría de los casos dichos organismos se han convertido en simulación pura. Incluso en ocasiones, fungen como legitimadores de auténticos delitos de peculado, evasiones fiscales o negociaciones ilícitas.
El tráfico de influencias, soborno, extorsión, fraude, evasión fiscal, peculado y negociaciones ilícitas son prácticas de corrupción e impunidad. Las más comunes se presentan cuando se entrega dinero u otro estipendio a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva para evitar una clausura.
Se dice que la corrupción llegó a México con la Conquista española, principalmente en su forma de extorsión llamada también “mordida” que trastocó la administración pública generando un ambiente de inseguridad jurídica y de mala administración, al beneficiar a quien pagaba por favores de la autoridad aún sin tener derecho, creando un ambiente de injusticia e impunidad, en el cual, el que tiene más medios económicos logra un fallo favorable de su asunto, aun en contra de una verdad resplandeciente. No es de extrañar que generalmente los inculpados de delitos cometidos por servidores públicos sean los humildes carteros o policías de barrio, y por el contrario, resulten intocables los funcionarios de alto nivel o malos empresarios que medran en perjuicio del patrimonio nacional.
Todo el país, no es ajeno a sufrir los males de una administración corrupta, la solución del problema está en una rendición de cuentas y en el establecimiento de un sistema democrático, apegado a la legalidad, así como a la participación de la sociedad en la toma de decisiones fundamentales.
Las principales causas de la corrupción son:
La burocratización y exagerada tramitología en la administración pública.
La falta de conciencia del daño que puede causar a sus ciudadanos una sociedad corrupta.
La incapacidad del mexicano para vivir conforme a derecho, buscando alternativas mañosas para incumplir con la ley, considerando esta conducta como sinónimo de comportamiento inteligente y como forma de avanzar en la sociedad (el que no transa, no avanza).
La práctica antidemocrática de tomar decisiones en lo “oscurito”, o sea, con ajenidad a la ciudadanía.
El uso y costumbre aceptado por la comunidad consistente en considerar como práctica común el obtener un cargo público con la finalidad de enriquecerse.
En síntesis, la corrupción es una depravación social que simboliza el abuso de poder encaminado a obtener beneficios económicos o una ventaja ilegítima.
Muchos funcionarios militantes del PRI aprovechándose del cargo público amasaron enormes fortunas, apropiándose de los fondos públicos y dejando su huella delictiva en las finanzas públicas.
Algunos miembros de Acción Nacional, utilizan medios más sofisticados al acudir a la comisión de negociaciones ilícitas donde resultan beneficiados parientes y amigos, esto es, aprovechar las ventajas que otorga el estar al frente de un cargo público para realizar negociaciones ilícitas como la compra de inmuebles, en ubicación y a precios privilegiados, compras de “productos de consumo para los gobiernos” elevando los costos en la facturación o exigiendo comisiones en su calidad de representantes de la parte compradora, que es el gobierno.
La conclusión es que el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, la falta de transparencia en las negociaciones donde se violenta el interés público, y cualquier forma de abuso de poder como el peculado, la dádiva o la coima para evitar una multa o cualquier otra infracción a los reglamentos y leyes vigentes, han creado anarquía, desmoralización y gobiernos ineficientes.
Es el papel de los medios informativos denunciar la presencia de este cáncer y crear conciencia social acudiendo a la protesta pública, demandando rendición de cuentas y en último caso, una fundada jurídica y políticamente, revocación de mandato.
Existe en el Código Penal el Título Segundo, que define los delitos cometidos por servidores públicos pero por desgracia no se aplica.
La detención de gobernadores es, a juicio de muchos, un distractor político que las clases populares no deben aplaudir, son muestras de cómo opera la administración pública y algunos grupos empresariales que se atienen a la impunidad rampante que rige en el país y que permite acrecentar las enormes fortunas de los hombres de poder.
Los ciudadanos queremos que los funcionarios ladrones y extorsionadores, no sean detenidos como excepción y para acallar la voz de un pueblo descontento. Queremos que el castigo a los abusadores del poder sea una norma continuamente vigente y conforme a la moral de un Estado social, democrático y de Derecho.
Cada peso obtenido por medios delictuosos, por transacciones ilícitas o inmorales, es un estímulo para un levantamiento social de quienes están hartos de ser víctimas propiciatorias de los llamados hombres de poder, si esto no se entiende hoy, mañana habrá graves consecuencias que lamentar, y asustados por el incendio provocado, los malos empresarios y los malos gobernantes tendrán que huir despavoridos para evitar ser atropellados por la rebelión y el descontento, que ellos mismos provocaron.
