Campus

De lo que sucedió en el Campus Mexicali de la UABC la tarde del martes 22 de marzo, hay al menos dos versiones.

Una es la de la joven Paola Hernández Rojas, estudiante de la Facultad de Derecho quien asegura haber sido agredida y jaloneada de un brazo por un hombre que se encontraba en los baños de mujeres del edificio de Vicerrectoría.

La versión de Vicerrectoría es que ese ataque no sucedió.

El tema es importante y tiene que ver con la seguridad de miles de estudiantes que diariamente acuden a los diversos planteles ubicados en el Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, y sería muy delicado que fuese una mentira, como sería igual de delicado que fuese cierto y que desde la administración universitaria minimizaran los hechos.

De acuerdo a la versión de la joven, acudió a los baños de Vicerrectoría debido a que los de la Facultad de Derecho –en el edifico aledaño– ya estaban cerrados, y al entrar y prender la luz miró la figura de un hombre –moreno, alto, con sweater y capucha– que se le abalanzó y la tomó de un brazo, la jaloneo, pero logró zafarse para salir del lugar y dirigirse a su escuela, donde habló con un becario, quien a su vez llamó a los guardias para que trataran de ubicar al agresor.

La joven puso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y al día siguiente su padre acudió a hablar con el Director de la Facultad de Derecho, Daniel Valdez Delgadillo, quien –acusan– minimizó el reclamo.

En el edificio de Vicerrectoría –igual que en todo el Campus– hay cámaras de seguridad y de acuerdo a versiones de funcionarios universitarios, en el sistema de seguridad no se aprecia que en un buen lapso –una hora antes y una después– haya aparecido la figura de un hombre que entrara al baño de mujeres.

“Parece que se trata de un hecho que no sucedió”, expuso un funcionario de Rectoría en alusión a la revisión de los videos logrados en las cámaras de vigilancia, aunque la última palabra la tendrá que aportar la PGJE.

Por lo pronto una de las medidas inmediatas es que la UABC canceló el contrato con la empresa de seguridad que mantenía desde enero pasado, y aunque fue en esta coyuntura, de acuerdo a lo explicado, el origen tuvo que ver con una serie de deficiencias en el servicio.

En los diversos campus de la UABC en el estado hay cámaras de vigilancia, instaladas desde hace diez años durante la administración encabezada por Alejandro Mungaray, tiempo en el que además cercaron todo el campus y se firmaron acuerdos con las corporaciones policiacas para que pudieran ingresar a los espacios universitarios, lo que provocó en su momento una polémica pública donde el epicentro de las críticas tuvieron como eje la autonomía universitaria.

Hoy en este contexto parece que esos acuerdos han sido ratificados y las fuerzas de seguridad pública podrán entrar de nuevo –se supone que siempre tuvieron la venia– al espacio universitario.

Momentum

En la entidad y sobre todo en Mexicali se están viviendo momentos relevantes, inéditos y que iniciaron junto con este 2017, y que han tenido varias facetas, aunque algunos hablan de retrocesos o altibajos. Pero hay varias aristas, además de repente pareciera que emergieron grandes temas que habían pasado “desapercibidos” en la escena colectiva y que hoy están sumamente vigentes: La problemática de los pescadores en San Felipe y El Golfo, el rechazo de los productores agrícolas a la venta del agua, los maestros jubilados que siguen a la espera de su finiquito, los burócratas sindicalizados en efervescencia, amén de otros temas como la Ley de Asociaciones Público Privadas, los salarios de funcionarios y diputados, el costo del Impuesto Predial, la Verificación Vehicular.

Foto: Cristian Torres/Marcha 22 de enero

A todo esto se le suma y permea la incompetencia, corrupción e impunidad en la esfera gubernamental. Total que ese horno no está para bollos y así lo demostraron miles de cachanillas que salieron a la calle en las mega-manifestaciones de enero.

Pero en este dizque impasse del movimiento, surgen intentos de golpes bajos, de descalificar al enemigo. Regularmente esos golpes bajos tienen que ver con droga o pasiones o tendencias sexuales, en este caso las “acusaciones” pretenden deslegitimar por la militancia política de izquierda.

Entre la cúpula gubernamental –panista– empezó a circular en grupos de WhatsApp un texto donde señalan a los participantes de Mexicali Resiste con vínculos con el zapatismo, con la participación en actividades de izquierda, con el Movimiento Yosoy 132, con Morena y aportan datos que para cualquier gente más o menos informada o con cualquier búsqueda mínima son fácilmente localizables.

En respuesta a ese “descubrimiento” grupos de panistas buscan deslegitimar las protestas y llaman a “no propiciar foros, ni mesas de diálogo ni recibir pliegos petitorios”, otros van más allá y proponen que sean desalojados de los plantones, sobre todo el de El Congreso del Estado el cual bloquearon desde la madrugada del lunes en búsqueda de poder reanudar el diálogo con los legisladores.

Todo esto significa un momento delicado ya que de tomarse medidas violentas en lugar de ayudar a solucionar los temas en lo único que ayudaría sería a hacerlos más grandes y a polarizar posiciones.

Lo curioso es que los panistas en su momento lucharon contra la corrupción y por la democracia, pero ya entronizados sus acciones van en otro sentido.

Escalada

En apenas unos días se ha suscitado una oleada de agresiones, de asesinatos de periodistas en diversas partes del país. El jueves pasado trascendió el asesinato en Chihuahua de Miroslava Breach, quien laboraba en el Diario de Juárez y desde hace 15 años fungía como corresponsal del diario La Jornada.

Foto: Internet/Miroslava Breach, asesinada

Antes, el 2 de marzo fue asesinado en Guerrero Cecilio Pineda, quien ya había sido blanco de un atentado en septiembre del 2015. A éste se suma el de Ricardo Monlui en Veracruz.

Como si no fuera suficiente en esta semana –el martes 28– Julio Omar Gómez fue objeto de un atentado en Los Cabos, quedando herido, pese a que contaba con protección, resultando muerto uno de sus escoltas.

En la entidad han faltado las voces de protesta contra este panorama de agresiones e impunidad y habría que retomar lo que inició hace algunos meses cuando en Tijuana se reunieron decenas de comunicadores para organizarse y protestar contra actitudes asumidas por Kiko Vega. Lo peor que nos puede pasar es que respondamos hasta después de las agresiones a periodistas locales.